El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) desmintió que tropas del ejército hayan ejecutado a 50 civiles a inicios del mes pasado cerca de Mbandaka, capital de la noroccidental provincia de Équateur.
"Unos 50 civiles congoleños fueron asesinados por las Fuerzas Armadas (conocidas por las siglas en francés FARDC) en abril de 2010", sostiene un documento de la Asociación Africana de Defensa de los Derechos del Hombre (Asadho), con sede en Kinshasa, capital de este país.
El informe también responsabiliza a los rebeldes de la etnia enyélé de la muerte de dos civiles. Además de la lista de víctimas, el documento asegura que los asesinatos fueron cometidos cuando las FARDC enfrentaban una rebelión local que logró tomar brevemente el aeropuerto de Mbandaka.
En una conferencia de prensa el 22 de abril, el ministro de Comunicaciones y Medios, Lambert Omalanga Mende, sostuvo que el informe estaba plagado de errores, "lo que deja en evidencia que ningún investigador de la Asadho visitó Équateur para verificar las denuncias allí vertidas".
Nadie recuerda haberse entrevistado con investigadores de la Asadho, dijo Mende, ni el gobernador provincial, Jean-Claude Baender, ni integrantes de su administración, el alcalde o los concejales de Mbandaka, los comandantes militares o policiales de la zona o cualquiera de los magistrados, precisó.
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Según el ministro, esto priva de toda credibilidad a la Asadho cuando afirma que sus investigadores celebraron reuniones con autoridades políticas, judiciales, militares y policiales. Y por tanto rechazó su reclamo de una comisión independiente que esclarezca las circunstancias en que se cometieron los presuntos asesinatos.
Sin brindar detalles sobre quiénes llevaron a cabo las diligencias, el vicepresidente de la Asadho, George Kapiamba, dijo a IPS que "la investigación fue conducida por un equipo de profesionales en Équateur".
Una fuente cercana al gobierno provincial, que habló con IPS a condición de no revelar su identidad, atribuyó méritos al informe.
"El reporte de la Asadho es verídico en general, pues hubo en efecto masacres, si bien parece haber exagerado la cantidad de víctimas, lo que no cambia el hecho de que las FARDC ejecutaron a civiles inocentes", dijo la fuente.
El ex soldado Pierre Bofunda, convertido en defensor de derechos humanos, también respaldó la denuncia de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército.
"El lunes 19 de abril, por ejemplo, un estudiante y una joven mujer embarazada fueron ejecutados en su hogar en el vecindario Bolenge pêcheur, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Mbandaka", dijo.
Según Bofunda, la permanente situación de inseguridad en esa provincia obedece a que las tropas de las FARDC atacan a la gente por la noche para robarle dinero, teléfonos celulares o cualquier artículo de valor que pueda llevar.
"Además, el gobernador provincial, que asistió a una audiencia pública tras el doble crimen del 19 de abril, organizó una campaña contra la inseguridad invitando a los ciudadanos a tomar las calles y protestar cuando se enteren de que un vecino es atacado", sostuvo Bofunda.
"¿Qué pueden perder si toman este informe e inician una verdadera investigación pidiendo colaboración a sus autores?", cuestionó la maestra Sophie Ekanga, de Mbandaka, disgustada porque las autoridades congoleñas están nuevamente ignorando el valor de la vida humana.
La RDC lleva más de una década de sangrientos conflictos entre tropas gubernamentales y grupos rebeldes, a menudo vinculados a intereses de países vecinos.
Pero muy pocos creen que la denuncia se investigará o, que si se hace, alguien sea hallado culpable. El juez retirado Cyprian Abangapakwa sostuvo que el "sistema judicial, conocido por su extrema debilidad, no es la mejor institución para esa tarea".
Si bien sus miembros podrían participar en una comisión investigadora, "los 14 magistrados de Mbandaka, pobremente equipados, con salarios bajos y viviendo aislados y en malas condiciones, no son capaces de llevar a cabo las diligencias apropiadas", aseveró.
