¿Israel hacia un Estado policial?

El ex técnico nuclear israelí Mordechai Vanunu, quien pasó 18 años en la cárcel por haber divulgado el arsenal atómico de su país, fue sentenciado a otros tres meses de prisión tras supuestamente haberse negado a realizar servicios comunitarios en Jerusalén occidental.

Activistas manifiestan contra la muralla de separación. Crédito: Mel Frykberg/IPS
Activistas manifiestan contra la muralla de separación. Crédito: Mel Frykberg/IPS
Vanunu, otrora empleado de la instalación nuclear secreta israelí de Dimona, en el meridional desierto de Néguev, cobró notoriedad tras revelar información sobre esa central a la prensa internacional.

Fue secuestrado por la agencia israelí de inteligencia Mossad en Roma y llevado de regreso a Israel, donde cumplió su sentencia, la mayor parte en confinamiento solitario.

Tras su liberación, se le ordenó que no hablara con extranjeros o con periodistas internacionales, pero rompió esa regla en varias oportunidades.

Hoy, la insistencia de la Fiscalía de que Vanunu aún supone una amenaza para la seguridad de Israel décadas después de haber sido sentenciado, y pese a que ya reveló todo lo que sabía, despiertan dudas en el público sobre si es realmente necesario mantenerlo callado.
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También es de creciente debate en los medios israelíes el poder que tiene el Servicio de Seguridad General, "Shabak" (ex Shin Bet), la agencia de inteligencia interna, y si el país podría estar convirtiéndose en un Estado policial.

La polémica se avivó con los recientes arrestos nocturnos de un turco y varios israelíes árabes acusados de espionaje y con el secretismo que rodea a esas detenciones.

Se han producido varios otros incidentes involucrando al Shabak. A comienzos de este año, la agencia dictó una orden mordaza a la prensa en relación a la detención e interrogatorio del periodista israelí Anat Kam.

El reportero habría copiado documentación secreta de las Fuerzas de Defensa Israelíes sobre asesinatos extrajudiciales de combatientes de la resistencia palestina.

El público israelí fue el último en enterarse sobre el arresto domiciliario de Kam, meses después de que ocurriera, cuando su caso se convirtió en una noticia internacional y fue reproducida por toda Internet.

Hace una semana, dos israelíes árabes, Ameer Makhoul, de la norteña ciudad de Haifa, director general Ittijah, plataforma de organizaciones no gubernamentales palestinas en Israel, y Omar Said, del partido político Balad, fueron arrestados por agentes del Shabak y escuadrones antiterroristas fuertemente armados durante redadas nocturnas en sus apartamentos.

Los dos fueron acusados de pasar información al movimiento islámico chiita libanés Hezbolá (Partido de Dios). El Shabak una vez más prohibió informar sobre los arrestos los días posteriores, y algunos detalles del caso aún permanecen en secreto.

Críticos sostienen que las acusaciones contra Makhoul son débiles y tienen más que ver con su campaña a favor de los derechos de los israelíes árabes.

También se especula que un crítico discurso de su hermano, el ex parlamentario Isam Makhoul, sobre el arsenal nuclear de Israel preocupó a los servicios de seguridad.

El arresto de Ameer Makhoul se produjo en momentos en que la Agencia Internacional de Energía Atómica se prepara para analizar por primera vez el programa nuclear de Israel en su próxima reunión de junio.

Mientras, activistas palestinos que participan de un boicot y de varias protestas contra la muralla que separa el territorio israelí de Cisjordania permanecen encarcelados sin ser llevados a juicio.

Abdullah Abu Rahme, integrante de la comisión de la aldea de Bili’in contra la barrera de separación —que ha expropiado grandes porciones de tierra palestina—, se encuentra detenido desde hace más de cinco meses.

Las autoridades israelíes lo acusan de incitar y planificar manifestaciones no violentas semanales contra la muralla y contra las armas nucleares, apoyadas por otros activistas israelíes e internacionales.

En las manifestaciones, los activistas convirtieron en símbolos pacifistas balas de goma y latas de gases lacrimógenos.

Otra orden mordaza fue dictada por el Shabak semanas atrás tras el arresto en Cisjordania del turco Izzet Shahin, voluntario de la Fundación para los Derechos Humanos, las Libertades y la Ayuda Humanitaria, organización no gubernamental islámica proscrita por Israel.

Izzet es acusado de integrar ese grupo y de organizar el envío de un barco de ayuda humanitaria a Gaza a fines de mayo. Ese territorio costero palestino está cercado por las fuerzas israelíes.

Semanas atrás, un famoso payaso español fue deportado del aeropuerto internacional israelí Ben Gurión acusado de intentar hacer contacto con "organizaciones terroristas".

Ivan Prado tenía previsto participar de un festival internacional de payasos en la central ciudad cisjordana de Ramalah, pero de ser interrogado durante seis horas por el Shebek, se le negó la entrada a Israel y fue enviado de regreso a España por "razones de seguridad".

Algunos comentadores en Ramallah señalaron que los agentes de seguridad israelíes fueron "los verdaderos payasos". El caso fue un bochorno para la cancillería israelí y provocó tensiones con el gobierno español.

Mientras, varios izquierdistas israelíes están siendo sometidos a juicio por "amotinarse y atacar a la policía" durante una protesta no violenta en el suburbio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén oriental.

Los manifestantes, que protestaban contra la construcción de asentamientos judíos en territorios palestinos, aseguran haber sido detenidos luego de negarse a dispersarse durante una manifestación que había sido permitida por un tribunal israelí.

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