Las explosiones para buscar hidrocarburos en la región del Chaco boliviano desvían los caudales de agua subterránea, ahuyentan a los animales y destruyen las condiciones de vida, denuncian dirigentes indígenas guaraníes que bloquean el ingreso de compañías petroleras a la zona.
La protección del gobierno de Evo Morales a los pueblos del sureste de Bolivia "es pura charla, igual que el discurso de defensa a la Madre Tierra", dijo a IPS el responsable de Recursos Naturales del Consejo de Capitanes Guaraní-Tapieté, Jorge Mendoza.
El Consejo es la organización que agrupa a los líderes naturales (capitanes) de los pueblos guaraní y tapieté que, sólo en Yacuiba, 1.315 kilómetros al sudeste de La Paz, tienen unos 3.000 miembros.
El jueves 20, los indígenas declararon un cuarto intermedio en el bloqueo de la carretera internacional que conecta con Argentina en la ciudad de Yacuiba, y aceptaron dialogar con el Ministerio de Hidrocarburos. Pero hasta ahora no hay acuerdo.
Los cortes esporádicos, con el cierre de la carretera principal y escaramuzas con la policía, habían comenzado el día 14 a cargo de unas 200 personas de unas 47 comunidades.
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Fracasadas las negociaciones, los dirigentes de esos grupos asentados en zonas ricas en gas y petróleo de la provincia Gran Chaco, departamento de Tarija, resolvieron buscar un diálogo directo con el presidente Morales, él mismo de ascendencia indígena aymara.
Tarija posee 41,7 trillones de pies cúbicos de gas natural, 80 por ciento de las reservas nacionales del combustible, que se exporta a los mercados de Brasil y Argentina.
El Consejo de Capitanes Guaraní-Tapieté cuestiona al gobierno el modo de sortear obstáculos en el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental para los trabajos de exploración sísmica en sus territorios.
Los funcionarios acuden directamente a las comunidades y eluden hablar con el Consejo de Capitanes, y esta forma de actuar divide a la organización indígena, dijo Mendoza.
Los días 3 y 4 de marzo, funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos y del Viceministerio de Medio Ambiente llegaron hasta la comunidad de Tucainti e intentaron que sus 166 habitantes autorizaran el ingreso de la empresa petrolera brasileña Petrobras al bloque San Antonio.
El llamado de un poblador alertó al Consejo de Capitanes y sus representantes impidieron la gestión y demandaron que se cumpliera la ley de hidrocarburos, que reconoce a la organización indígena como representante en el trámite de las licencias ambientales.
El gobierno declaró prioridad nacional la búsqueda de nuevos yacimientos de gas, pero enfrente tiene a los pueblos temerosos por las explosiones de dinamita que se practican 15 metros bajo tierra, pues desvían las corrientes de agua subterránea, en una zona de temperaturas superiores a los 30 grados, y donde las fuentes hídricas son escasas.
La exploración sísmica ahuyenta al cóndor del Chaco, al cerdo de monte, a los felinos y otras especies que son fuente de alimento para los indígenas.
Mendoza recordó que en 1926 la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) comenzó a extraer petróleo allí, y al abandonar la zona, en 1987, dejó bosques destruidos y pozos de los que fluyen líquidos tóxicos, que afectan la flora y la fauna.
De unas 730.000 hectáreas asignadas por el Estado a las empresas petroleras, 317.218 se encuentran en territorios de los grupos étnicos guaraníes yaku-igua, itika guasu y tentayapi. Unos 80.000 indígenas habitan la región.
Las empresas que operan en la zona son BG Bolivia Corporation, de capitales británicos, la estatal Chaco SA, Petrobras, la argentina Pluspetrol, Repsol E&P Bolivia, filial de la española Repsol, y Total E&P Bolivie, de la corporación francesa Total.
El sector petrolero es la principal fuente de ingresos fiscales, y en 2008 la renta petrolera generó 1.464 millones de dólares. Pero el gobierno, dijo Mendoza, debería volcar su mirada a otras actividades como el turismo y la captación de recursos por la conservación de bosques.
"El ambiente, los bosques y los territorios indígenas deben ser respetados", dijo a IPS el secretario de Tierra y Territorio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Eustaquio Sullca.
El dirigente atribuyó los desencuentros a la falta de información en los círculos gubernamentales sobre la problemática ambiental y las inquietudes de los pueblos indígenas.
Sullca confió en un diálogo de concertación entre las organizaciones sociales y los funcionarios responsables del cuidado del ambiente.
Pero Mendoza insistió en que continúan en pie de lucha y no excluyó la posibilidad de nuevas protestas guaraníes hasta que reciban respuesta del presidente Morales.
