Los países que componen el violento triángulo norte de América Central, El Salvador, Honduras y Guatemala, analizan crear una comisión internacional contra la impunidad, bien vista por organizaciones de derechos humanos.
"La impunidad en Guatemala es quizás más publicitada, pero en El Salvador la situación es similar", dijo a IPS Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador.
Un organismo capaz de combatir el crimen organizado en los tres países "podría ser de mucha importancia" porque hay mafias "que funcionan a nivel regional y nunca se han investigado", consideró.
Según Cuellar, pensar que una comisión de esta naturaleza atenta contra la soberanía nacional "es parte de un discurso trasnochado", porque lo que interesa es "desarticular los poderes paralelos que permanecen incrustados en los tres países y que traen grandes consecuencias en lo económico y social".
La necesidad del ente regional fue planteada por el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, al subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, el chileno Arturo Valenzuela, el 3 de este mes durante una visita a este país centroamericano.
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"Los tres presidentes estamos de acuerdo en acompañarnos en la lucha contra la impunidad, particularmente contra el crimen organizado", afirmó en esa ocasión Colom, sin entrar en mayores detalles.
El funcionamiento de la nueva comisión incluiría la homogeneización de leyes y la aprobación de otras, como la Ley de Extensión de Dominio, la cual establece que los bienes inmuebles utilizados por el narcotráfico y el crimen organizado pueden ser decomisados en favor del Estado, según el mandatario.
Colom aseguró que el director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el abogado español Carlos Castresana, visitó al presidente de Honduras, Porfirio Lobo, para hablar del tema y estaría programando una visita similar al mandatario de El Salvador, Mauricio Funes.
En respuesta, Valenzuela elogió el trabajo de la Cicig y afirmó que "el crimen organizado, la inseguridad ciudadana y el narcotráfico son un gran problema para nuestros países, y creemos que podemos abordarlo mejor con una cooperación regional".
La Cicig comenzó a actuar en enero de 2008, tras un acuerdo de cooperación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, colaborar en su desarticulación y proponer reformas legales e institucionales.
La acción de este organismo alienta la esperanza de que la justicia se ponga en marcha en este país centroamericano, donde la impunidad de los delitos supera 98 por ciento, según la propia Cicig.
El apoyo de esta comisión al esclarecimiento de crímenes de alto impacto y a la promoción de leyes fundamentales y de autoridades honestas y competentes en el área de la seguridad y la justicia ha generado expectativas en la población.
Ahora la experiencia se pretende ampliar a El Salvador y Honduras.
"Una comisión como ésta estaría físicamente en el país, lo cual le daría el valor agregado que buscamos en términos de aprendizaje y reconstrucción de la institucionalidad fallida", dijo a IPS la ex directora del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras, Reina Rivera.
"Creo que es una oportunidad, no creo en los discursos nacionalistas de que este tipo de instancias lesiona la Constitución, la soberanía nacional o debilita la institucionalidad del Ministerio Público o del Poder Judicial", apuntó.
El 4 de este mes fue instalada en Honduras la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, creada para esclarecer los hechos que rodearon el golpe de Estado cívico militar del 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente de ese país, Manuel Zelaya.
La sociedad civil hondureña creó, a su vez, un organismo paralelo: la Comisión de la Verdad Alternativa, prevenida por las limitaciones que podría afrontar el cuerpo instalado por el gobierno de Lobo.
Según Rivera, ambas comisiones deberían pronunciarse sobre la creación de una entidad contra la impunidad regional y recomendar un modelo para el caso hondureño.
La vigencia de la justicia en la región es una asignatura pendiente, prueba de ello son los alarmantes índices de criminalidad.
El Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, presentado en octubre por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, catalogó al triángulo norte centroamericano como la región "más violenta del mundo".
Así, durante 2008 Honduras registró 58 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguido por El Salvador, con 52, y Guatemala, con 48, mientras que la media mundial es de nueve y la de América Latina de 25 homicidios por cada 100.000 personas, según el informe.
El desbordamiento de la policía, la intensa congestión de los juzgados y el hacinamiento de las cárceles fomentan la "elevada impunidad" que prevalece y "un sentimiento de desprotección extendido" entre los centroamericanos, añadió el estudio.
El dirigente del no gubernamental Movimiento Nacional de Derechos Humanos de Guatemala, Miguel Ángel Albizures, dijo a IPS que la iniciativa podría funcionar solo si se abordan los problemas estructurales de los países, como la concentración de la tierra en pocas manos y la necesidad de una reforma fiscal que obligue a pagar más a quienes ganan más.
