Fuerzas militares y policiales comenzaron a desplegarse en el norte de Paraguay, al amparo del estado de excepción en parte del país con el objetivo de capturar a los miembros de un grupo armado, autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El operativo Pya Guapy (tranquilidad en guaraní) movilizó un contingente de 3.300 efectivos militares del Ejército, Fuerza Naval y Aérea, así como 300 agentes de la Policía Nacional y fue lanzado después que el presidente Fernando Lugo promulgó el domingo 25 la ley que coloca en emergencia a cinco de los 17 departamentos del país.
El despliegue y estado de excepción se extiende por departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, en el norte de la región Oriental, y por los de Presidente Hayes y Alto Paraguay, en la región Occidental.
Esas son las zonas en que actúa el EPP, según los organismos de seguridad, que precisan que su centenar de integrantes se mueven en áreas boscosas de difícil acceso, con respaldo de aparatos de alta tecnología, y donde la presencia policial es escasa o nula.
La medida ha despertado el rechazo de organizaciones sociales y la reticencia de la oposición política, pero es defendida por Lugo como indispensable para devolver la paz y la seguridad a las regiones afectadas.
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Hasta ahora, las fuerzas desplegadas no realizaron incursiones masivas en las zonas montañosas, pero intensificaron su presencia en las localidades de Arroyito, Belén, Paso Barreto y Puentesiño, en Concepción, donde se produjeron las últimas acciones adjudicas al EPP.
El mandatario pidió el instrumento de emergencia tras el asesinato de un policía y tres civiles en Arroyito, cuando fueron a verificar el robo de ganado y la existencia de un campamento.
Bajo el estado de excepción, aumentaron los controles en la circulación de personas, por carreteras y caminos vecinales.
El EPP saltó a la luz pública cuando se le atribuyó el secuestro en septiembre de 2004 de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas (1998-1999), muerta en cautiverio y cuyo cadáver apareció en febrero de 2005.
Entonces gobernaba el país Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), del Partido Colorado, que dominó la política paraguaya durante el siglo XX y que ahora encabeza la oposición derechista, mayoritaria en el parlamento.
Desde 2006 el gobierno comenzó a adjudicar variados hechos delictivos en el norte del país al EPP. Algunos de sus integrantes ya están en prisión por casos de secuestro.
El ministro del Interior, Rafael Filizzola, informó que los efectivos movilizados cuentan con todo lo necesario en armamento y municiones.
Dentro del operativo, el Ejército patrullará las zonas boscosas en un triángulo comprendido entre los departamentos de Amambay, Concepción y San Pedro.
La Marina controlará los ríos Paraguay, Aquidabán e Ypané, así como sus afluentes, con lanchas y patrulleros fluviales. Además, 50 infantes de marina patrullarán las zonas ribereñas del norte del país.
En tanto, la Aeronáutica realizará observaciones aéreas y se encargará del transporte de tropas y apoyo logístico.
El coordinador único del operativo será el general Bartolomé Pineda, actual comandante del Ejército, y la información dependerá del Comando de Operaciones Conjuntas.
Mientras el operativo Py'a Guapy da sus primeros pasos, en el campo político la polémica sobre la medida se avivó, después que el vicepresidente Federico Franco aseguró que el objetivo real del estado de excepción no es eliminar al EPP.
El presidente Lugo, inscrito en el grupo de gobernantes latinoamericanos de izquierda, y el número dos del poder Ejecutivo arrastran fuertes desavenencias desde el comienzo de su mandato, en agosto de 2008.
Lugo, un ex obispo de la Iglesia Católica, lo desmintió y aseguró que el despliegue militar y policial demuestra la falta de razón de su vicepresidente.
Pero en el Congreso legislativo se adelantó que si se comprueba la veracidad de las denuncias de Franco, la ley del estado de excepción sería derogada.
La ley tiene una vigencia de 30 días, afecta a unos 800.000 de los 6,2 millones de habitantes de Paraguay, y puede desactivarse anticipadamente si incumple sus objetivos.
El estado de excepción es una figura prevista en el artículo 288 de la Constitución de Paraguay cuando exista un conflicto armado internacional o grave conmoción interior, que ponga en peligro inminente a la Constitución o el funcionamiento de los órganos del Estado.
En un comunicado, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) señaló que, en este momento, el país no se encuentra en conflicto armado internacional, ni existe conmoción interior alguna que ponga en peligro las instituciones de los cinco departamentos afectados.
"Existen criminales que actúan al margen de la ley que deben ser aprehendidos, procesados y enjuiciados conforme el régimen legal ordinario", apuntó el documento.
Codehupy resaltó que "afirmar que un grupo armado de aproximadamente diez personas produce conmoción interior y justifica el estado de excepción, es reconocer la incapacidad de los órganos de seguridad".
En iguales términos se expresó la Central Nacional de Trabajadores que indicó que se mantendrá expectante ante cualquier atropello que se produzca contra las libertades públicas consagradas en la Constitución.
En coincidencia con el inicio de la aplicación en los cinco departamentos del estado de excepción se produjo un atentado contra el senador del Partido Liberal Radical Auténtico, Robert Acevedo, en la capital del departamento de Amambay.
En el incidente, atribuido a un grupo de sicarios, murieron el chofer y el custodio del parlamentario. El hecho fue atribuido a grupos mafiosos que operan en la zona de la frontera con Brasil.
Durante la vigencia del estado de excepción, el poder Ejecutivo podrá ordenar, por decreto y en cada caso, la detención de las personas indiciadas de participar en algunos de los hechos atribuidos al EPP, así como la prohibición o la restricción de reuniones públicas y manifestaciones.
