Al menos dos prisiones federales de Estados Unidos se «especializan» en reclusos musulmanes o de convicciones políticas minoritarias y practican segregación religiosa, represalias y castigos arbitrarios.
La denuncia está contenida en un litigio presentado por el no gubernamental Centro para los Derechos Constitucionales y se dirige al fiscal general Eric Holder y al Departamento (ministerio) de Justicia, del que depende la Oficina Federal de Prisiones.
Esa dependencia es responsable de las dos prisiones, una situada en Terre Haute, en el estado de Indiana, y la otra en Marion, Illinois, ambas en el noreste del país.
"Esas unidades son un experimento de aislamiento social", afirmó el abogado del Centro, Alexis Agathocleous. "Ponen a la gente en esas instalaciones extraordinariamente restrictivas, sin decirles por qué y sin ninguna revisión", añadió.
Al mismo tiempo, algunos presos en estas "Unidades de Manejo de Comunicaciones" (CMU por sus siglas en inglés) protestan porque el Departamento de Justicia los ha catalogado como "terroristas" pese a que nunca fueron procesados ni condenados por delitos vinculados al terrorismo.
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Uno de ellos es Rafil Dhafir, un médico oncólogo estadounidense de origen iraquí que residía en Nueva York. Fue arrestado por 85 agentes federales que tomaron su casa, lo esposaron y se lo llevaron. El entonces fiscal general John Ashcroft se refirió a él como alguien que apoyaba acciones terroristas.
En 2004 fue condenado a 22 años de prisión por violar el embargo contra Iraq, al enviar dinero a ese país a través de una entidad de beneficencia que él dirigía, llamada Help the Needy (Ayuda a los Necesitados), y por fraude, lavado de dinero y evasión impositiva, entre otros delitos no violentos.
Otras cinco personas, entre ellas la esposa de Dhafir, se habían confesado culpables de cargos vinculados al caso.
En el período previo al juicio, varios políticos se dedicaron a pintarlo como un terrorista. El entonces gobernador del estado de Nueva York, George Pataki, describió el caso de Dhafir como "lavado de dinero para ayudar a organizaciones terroristas a ejecutar actos horribles".
El diario The New York Times informó que los fiscales apelaron a razones de seguridad nacional para privar a Dhafir del derecho a quedar libre bajo fianza mientras se desarrollaba el juicio.
Los fiscales federales consideraron que su arresto había sido una victoria de la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, jamás presentaron un solo cargo vinculado a ese crimen ni probaron que tuviera algún vínculo con actos terroristas.
En una carta enviada a un defensor de su causa, a la que tuvo acceso IPS, Dhafir decía que "estoy muy molesto con las mentiras de la lista del Departamento de Justicia. Estoy decidido a ir contra ellos y corregir esta falsedad por todos los caminos legales necesarios".
"Deberíamos publicitar esto tanto como sea posible y pedir a la gente que se rebele contra estas mentiras. Te pido tu opinión acerca de cómo poner fin a esta parodia", añadía.
La demanda del Centro para los Derechos Constitucionales denuncia violaciones a derechos fundamentales, como el de debido proceso, en las dos CMU, a favor de cinco actuales y ex reclusos de esas prisiones y de las esposas de dos presos.
Estas prisiones experimentales fueron creadas en 2006 y 2007, bajo el gobierno de George W. Bush (2001-2009). Se las concibió para aislar a ciertos presos del resto de la población carcelaria y del mundo exterior.
Entre 65 y 72 por ciento de los reclusos de las CMU son hombres musulmanes.
Este hecho demuestra, según los litigantes, que fueron creadas para segregar y tratar de modo restrictivo a los creyentes del Islam, bajo el criterio discriminatorio de que tales personas son más proclives que otras a poner en juego la seguridad carcelaria.
Otros presos fueron transferidos a las CMU aparentemente por actividades también protegidas por la Primera Enmienda constitucional, como hablar a favor de la justicia social o presentar quejas en la prisión o ante tribunales denunciando abusos o condiciones de detención.
"Además de las restricciones a las visitas y las llamadas telefónicas, los presos en las CMU tienen completamente vedado todo contacto con miembros de sus familias y se les prohíbe besar, tocar y abrazar a sus hijos y esposas en las visitas", afirma el Centro.
"Los abogados afirman que esta prohibición absoluta al contacto en las visitas, único en el sistema federal de prisiones, no sólo causa sufrimiento a las familias de los hombres encarcelados, sino que viola derechos constitucionales fundamentales", añade la demanda.
Según la Oficina de Prisiones, los 76 reclusos que permanecen en unidades de aislamiento lo están para impedir que cometan nuevos actos de terrorismo.
Pero los defensores de las libertades civiles sostienen que las condiciones extremas de las CMU constituyen abuso y el programa del que forman parte viola derechos constitucionales de los reclusos.
La Oficina de Prisiones afirma que las CMU fueron instaladas cuando las autoridades descubrieron que algunos presos militantes islamistas podían enviar mensajes al exterior desde sus celdas.
