Fundados en el principio de la jurisdicción universal ante crímenes contra la humanidad, familiares de dos españoles fusilados por el régimen de Francisco Franco (1939-1975) presentaron ante la justicia argentina una querella por genocidio.
La denuncia es una respuesta de organizaciones de derechos humanos de Argentina y España a la apertura de un proceso por prevaricación en el Tribunal Supremo de España contra el juez Baltasar Garzón, que había iniciado una investigación sobre unos 113.000 desaparecidos en la Guerra Civil Española (1936-1939) y primeros años del régimen franquista.
"En España, los crímenes del franquismo, que fueron masivos en los primeros meses después del golpe, no sólo no fueron juzgados sino que no hay voluntad de hacerlo", declaró a IPS uno de los abogados argentinos patrocinantes, Beinusz Szmukler, presidente del Consejo Consultivo Continental de la Asociación Americana de Juristas.
Szmukler confió en que la denuncia, que recayó este miércoles en la sede de la jueza federal María Servini de Cubría, tendrá buen trámite en Argentina.
"El principio de justicia universal está en nuestra Constitución y permite juzgar delitos de lesa humanidad cometidos en el exterior, pero además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de los Estados Americanos) recomendó a los estados de la región aplicar este principio", recordó.
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La querella fue presentada por Darío Rivas, de 91 años, hijo de Severino Rivas, que en 1936 era alcalde de la localidad gallega de Castro de Rei, en la provincia de Lugo, noroeste de España, cuando fue apresado y fusilado por la ultraderechista Falange Española, que participó activamente en la represión franquista.
Junto al hijo de Rivas se presentó Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, que era alcalde de Lumbrales y diputado de la occidental provincia de Salamanca. También detenido en 1936, murió ejecutado un año después de su arresto ilegal.
La denuncia fue promovida por una decena de organizaciones de los dos países, entre ellas la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica en España, la Federación de Asociaciones Gallegas de Argentina, la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Central de Trabajadores de Argentina.
El abogado argentino Carlos Slepoy, promotor de la iniciativa, fue designado por los querellantes para ejecutar los trámites que el expediente requiera en España, donde el jurista desarrolló su carrera de defensa de afectados por la represión de la última dictadura argentina (1976-1983).
Los demandantes retribuyeron a Garzón su determinación de aplicar el principio de justicia universal, abriendo en España procesos contra represores argentinos a fines de la década de 1990, cuando estos gozaban de impunidad en su propio país, donde regían indultos y las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.
Garzón también consiguió el arresto en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) en 1998, al que pidió en extradición para juzgar por la muerte de ciudadanos españoles bajo su régimen.
La extradición fue denegada por las autoridades británicas en 2000, basándose en el presunto mal estado de salud de Pinochet, y se permitió al general volver a Chile donde se le abrieron luego varios procesos, aunque murió antes de ser condenado, en 2006.
En 1998, Garzón solicitó a Argentina la extradición de 46 militares y civiles, entre ellos los ex comandantes de la dictadura Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. La solicitud fue rechazada por el presidente Carlos Menem (1989-1999), que había indultado a los dictadores, y por su sucesor, Fernando De la Rúa (1999-2001).
Mientras tanto, la justicia española avanzó en el proceso al ex marino argentino Adolfo Scilingo, autor confeso de una treintena de crímenes, pero protegido en Argentina por el blindaje de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y lo condenó en 2005 a 640 años de prisión.
Sólo en 2003, cuando gobernaba Néstor Kirchner (2003-2007), se derogó el decreto que impedía extraditar militares. Pero, al mismo tiempo, se abrió un proceso encaminado a poner fin a la impunidad en Argentina.
La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las dos leyes y de los indultos que impedían la libre actuación judicial sobre un período en el que unas 30.000 personas fueron "desaparecidas" y asesinadas.
Garzón y los magistrados que desmontaron en Argentina el blindaje de la impunidad sostienen que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no pueden ser amnistiados y, si no son juzgados por la jurisdicción del país donde se cometieron, puede intervenir la justicia de cualquier otro Estado.
Bajo ese paradigma, Garzón se declaró competente en 2008 para investigar delitos cometidos por el franquismo, a pesar de la ley de amnistía dictada en 1977 para los delitos de naturaleza política cometidos hasta el 15 de diciembre de 1976.
Poco más tarde, Garzón declaró extinguida la responsabilidad penal por esos crímenes, debido al fallecimiento de los posibles imputados, Franco y cuatro decenas de jerarcas de su régimen, y colocó en manos de juzgados regionales la investigación del paradero de los restos de los desaparecidos.
Pero el Tribunal Supremo admitió a trámite la causa en contra de Garzón, presentada por dos organizaciones ultraderechistas, y acogió el argumento del juez instructor Luciano Varela, para quien el magistrado incurrió en prevaricación: la adopción, a sabiendas, de resoluciones contrarias a la ley.
Según Varela, Garzón inició y prolongó la instrucción atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito, estaban amnistiados y que, además, no eran de su competencia. Es inminente la apertura del juicio oral.
La decisión del alto tribunal fue cuestionada en Argentina por juristas y activistas de derechos humanos.
En su denuncia de este miércoles, los litigantes pidieron la lista de nombres y últimos domicilios de funcionarios y jefes militares de Franco y una nómina de desaparecidos, de personas enterradas en fosas comunes y de niños secuestrados.
