Políticamente incorrecto a la hora de negociar votos y alianzas con la derecha, la despenalización del aborto salió del plan de derechos humanos del gobierno de Brasil y del debate electoral, incluso entre los candidatos más abiertos al tema.
Crédito: Cortesía de Marisa Sanematsu/ Agência Patrícia Galvão Al movimiento de las mujeres se le congelaron los aplausos ante la efímera incorporación de los derechos sexuales y reproductivos femeninos en el proyecto gubernamental del III Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH 3).
El gobierno decidió revisar el texto del proyecto, después de una campaña encabezada por la Iglesia Católica, que llegó a llamar "Herodes" al izquierdista presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en referencia al rey de Judea que ordenó la muerte de un grupo de niños poco después del nacimiento de Jesucristo.
El promotor del PNDH 3 y ministro de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, calificó de "saludable retroceso" la exclusión de la despenalización del aborto fundamentada en "la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos".
"El propio presidente Lula no tiene esa visión", acotó Vannuchi.
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En 2007, durante la visita del papa Benedicto XVI a Brasil, el país con más católicos del mundo, Lula aseguró que su gobierno no enviaría al bicameral Congreso legislativo ninguna pauta para despenalizar el aborto, que ahora solo se permite en casos de violación o cuando la vida de la madre corre peligro.
También fueron retiradas propuestas como la mediación de conflictos agrarios, la creación de una Comisión de la Verdad para investigar violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1964-1985), y la prohibición de símbolos religiosos en espacios públicos.
El Senado está por comenzar a discutir el proyecto del PNDH 3 después de dos discusiones por los diputados y su paso por varias comisiones, pero no es predecible aún cuándo será aprobado por el Congreso.
Las cuatro iniciativas excluidas tienen en común que fueron demonizadas por una "ofensiva conservadora", explican activistas sociales.
"Son presiones oportunistas, en el marco de la disputa para las elecciones presidenciales de octubre, de sectores conservadores ubicados en la cúpula de la estructura de poder vigente", dijo a IPS Kauara Rodrigues, asesora de las áreas de salud, derechos sexuales y reproductivos del Centro Feminista de Estudios y Asesoría.
La campaña para decidir quién será el sucesor de Lula arranca oficialmente en junio, pero domina ya la agenda brasileña y mueve a partidos y dirigentes en función de ella.
Las presiones tendrían detrás una alianza de "ruralistas" -los legisladores que defienden intereses de los terratenientes-, grandes empresas del área de comunicaciones, militares y el episcopado católico.
Otro factor común de las propuestas retiradas es que respondieron a reiterados reclamos hechos por la sociedad civil durante la larga consulta que precedió a la elaboración del proyecto.
Las organizaciones feministas habían sentido como una "victoria" el "reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos", lamentó Rodrigues.
Durante el trámite parlamentario, Vannuchi pretende una salida intermedia sobre el aborto, para, ya que no se puede agradar a algunos, al menos no desagradar a todos.
En una audiencia en la Cámara de Diputados, el ministro dijo que tratará que el programa incorpore la discusión por la sociedad de la despenalización, según las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Para ello, resaltará que se trata de un asunto de salud pública y que las leyes prohibitivas no han solucionado el problema del aborto en ninguna parte, explicó.
Beatriz Galli, de la internacional organización IPAS, destacó que al menos así se mantendrá "el lenguaje" de la ONU. Pero descartó que el PNDH 3 reincorpore en el Congreso el "más avanzado" que ha tenido el país sobre el aborto, con alusión explicita a la despenalización.
En Brasil, con 190 millones de habitantes, se producen al menos un millón de abortos clandestinos cada año, que derivan en 250.000 ingresos a centros públicos de salud para tratar complicaciones por esas inseguras interrupciones del embarazo, que constituyen, además, una de las primeras cuatro causas de mortalidad materna.
La penalización del aborto favorece variadas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, "que son perseguidas, maltratadas, humilladas y muchas veces mueren a causa de falta de asistencia adecuada por parte del Estado", señaló Rodrigues.
Galli atribuyó también la actitud del gobierno a las presiones propias de un año electoral. La aprobación de un tema tan polémico, habría sido un error estratégico para sus intereses, adujo.
Por eso el tema es igualmente evitado por los candidatos presidenciales.
Dilma Rousseff, candidata presidencial del gobernante Partido de los Trabajadores, no nombra ahora al aborto, aunque el año pasado afirmaba que "abortar no es fácil para ninguna mujer", pero que dudaba que "eso pueda justificar que no haya legalización".
José Serra, el candidato del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña y a la cabeza de los sondeos electorales, tampoco menciona el aborto, pese a que como ministro de Salud (1998-1992) influyó para aprobar una norma que orienta a los profesionales de salud sobre la interrupción del embarazo producto de violencia sexual.
Marina Silva, ex ministra de Medio Ambiente de Lula y candidata del Partido Verde, sigue con su postura ambigua. Califica el aborto como un tema "complejo" conectado con la "espiritualidad" y al mismo tiempo plantea que la sociedad debe debatir su tratamiento y propone un plebiscito, observó Galli.
Una portavoz de la ministra de la Secretaría Especial de la Mujer, Nilcéa Freire, dijo a IPS que ella "no está pronunciándose sobre el tema", al requerirse su punto de vista.
El argumento dado por la portavoz es no mostrar las diferencias dentro del gobierno sobre el problema.
