La nueva Constitución de Bolivia, asociada a la filosofía de «Vivir bien», es la propuesta del gobierno de Evo Morales a miles de activistas para impulsar un movimiento planetario contra el consumismo, el comercio depredador y los modelos desarrollistas.
El viceministro de Planificación Estratégica del Estado, Raúl Prada, exaltó las virtudes de la nueva ley fundamental surgida tras un proceso social y político alentado por sectores populares, al hablar este martes en el primer día de presentaciones de la Conferencia Mundial de los Pueblos contra el Cambio Climático y por los Derechos de la Madre Tierra.
Prada, un sociólogo y seguidor de la interpretación epistemológica, abogó por expandir el programa de gobierno boliviano en contraposición al capitalismo, porque "protege la biodiversidad, respeta los derechos a tierra y territorio de los pueblos indígenas, y preserva los recursos hídricos".
"Es una propuesta que recoge la perspectiva ancestral y combina con los movimientos anticapitalistas, ecologistas que quieren defender al planeta", sostuvo Prada en la Cumbre que se extenderá hasta este jueves en la central ciudad boliviana de Cochabamba.
La Constitución boliviana es el verdadero horizonte y se articula con la finalidad de "Vivir bien" y con el modelo económico alternativo al capitalismo, remarcó.
[related_articles]
Desde su llegada al gobierno de Bolivia en enero de 2006, el aymara Evo Morales promovió una nueva Constitución Política del Estado, con un reconocimiento a los pueblos indígenas, la recuperación de los recursos naturales y la ampliación de derechos a pueblos originarios, sectores populares y las mujeres.
Uno de sus pilares es el llamado "Vivir bien", un principio recogido del pensamiento de los pueblos indígenas interesados en la preservación del entorno natural y sus recursos.
El "Vivir bien" es un "bonito discurso, pero aún falta definir lo que se quiere decir con ello y relacionarlo con la práctica", expresó a IPS el noruego Trond Norheim, un profesional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) especializado en ambiente que siguió con atención las exposiciones de los funcionarios del gobierno boliviano.
"Aunque muchas comunidades indígenas viven bien, en toda la sociedad tenemos diferentes formas de vivir y es necesario saber el significado para la gente de la ciudad. Se necesita poner más carne al hueso y no solamente hacer un discurso", expresó.
A pesar de ello, Norheim observa con interés el modelo boliviano, porque concede a los sectores más desfavorecidos la oportunidad de reclamar por sus derechos y "no dejar hacer sólo al gobierno, aunque éste haya conseguido una alta votación" en las elecciones generales de diciembre, cuando Morales ganó su segundo mandato presidencial consecutivo.
Una opinión diferente es la expresada por el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, quien defiende la validez de la nueva Constitución boliviana por sus tres formas de democracia expresadas en la representatividad, la participación de los actores sociales y la recuperación de los valores comunitarios.
"El concepto del estado plurinacional tendrá larga duración" para una mejor convivencia, dijo de Sousa Santos, uno de los impulsores del Foro Social Mundial, durante una disertación organizada el lunes por la noche por el Centro de Saberes y Cuidados Socioambientales de la Cuenca del Plata.
La propuesta gubernamental boliviana atrajo la atención de los delegados de Izquierda Unida de la ciudad española de Jaén Olga Jiménez, Ana Juan Alcántara y el periodista Francisco Sánchez, quien escribe en la revista "Comunes", el órgano de difusión partidario.
Mientras Jiménez destaca la oportunidad de conocer la forma de convivencia impulsada por el gobierno boliviano para armonizar el modelo económico con las formas de vida indígena, Alcántara confía en una gestión con "grandes conquistas para las mayorías, si (los opositores) dejan gobernar" a Evo Morales.
Prada describe al modelo boliviano como una aproximación del proyecto indígena descolonizador con el nacional de recuperación de los recursos naturales. Al efecto, ubica como el momento de unión de ambas aspiraciones a la guerra del gas, como se llamó a la pueblada de octubre de 2003 que culminó con el derrocamiento del gobierno derechista de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002 y 2003).
La nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que reconoció los derechos de los indígenas a ejercer el control social sobre la extracción de los recursos naturales (crudo y otros), fueron destacadas por el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas.
Esas acciones aseguraron la vigencia de la modalidad de la consulta con los pueblos indígenas antes de explotar recursos hidrocarburíferos en su territorio, en adhesión a convenciones a favor de los grupos originarios y el pago de compensaciones e indemnizaciones, en coordinación con mecanismos de fiscalización.
La explicación de Villegas surgió en respuesta a las demandas de pobladores de la franja petrolera del sudeste boliviano donde se guarda la segunda mayor reserva de gas de América del Sur, con un volumen estimado en 49 trillones de pies cúbicos, y su explotación genera los principales ingresos al estado boliviano.
