La organización Global Witness pidió a la Unión Europea (UE) que prohíba el tráfico de minerales extraídos de la República Democrática del Congo (RDC), pues alimentan la brutal guerra civil en ese país africano.
"Pedimos a la UE que apruebe una ley que excluya del mercado europeo a los minerales procedentes de la conflictiva región oriental de RDC", dijo a IPS Lizzie Parsons, de Global Witness (Testigo Global), una organización internacional que investiga los vínculos entre explotación de recursos naturales y violaciones de derechos humanos.
Los grupos armados manejan la mayor parte del comercio de minerales del este de RDC, según Global Witness. Obtienen réditos multimillonarios mediante el control abusivo de las minas y la exigencia de sobornos o impuestos. Compañías de los estados miembro de la UE figuran entre los compradores.
El comercio ilegal de minerales es conocido por ser uno de los factores que aviva la violencia y contribuye a las violaciones de derechos humanos desde el comienzo de la guerra en ese país africano.
Activistas de derechos humanos hace tiempo que denuncian que las organizaciones rebeldes de RDC venden minerales para comprar armas. Además cometen terribles atropellos contra la población civil, desde asesinatos masivos, violaciones y torturas hasta reclutamiento forzado de menores.
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Global Witness reunió información en la zona en los últimos meses y visitó minas controladas por grupos armados.
Los insurgentes serían mucho más pobres y tendrían muchas menos armas si no existiera el comercio de minerales. "Sabemos que representa una proporción significativa de sus ingresos", señaló Parsons.
Global Witness reclama a los proveedores que reciben minerales de RDC que identifiquen las minas de las que son extraídos. También recomienda realizar inspecciones y auditorías que sustenten esas declaraciones. Algunas empresas han realizado esfuerzos, pero no son suficientes, según la organización.
"Las políticas de las compañías se quedan en el papel. Hay otras empresas, como por ejemplo la estadounidense Apple, que ni siquiera reconocen el problema", remarcó Parsons.
Los llamados "minerales sangrientos", como el estaño, el tantalio y el tungsteno, son llevados de RDC a Asia Pacífico, donde los convierten en materia prima muy valiosa para la industria de productos electrónicos como cámaras fotográficas digitales, teléfonos celulares, computadoras portátiles o los reproductores multimedia portátiles de Apple, i-Pods.
Los gobiernos han hecho poco para frenar el comercio de minerales sangrientos, según Global Witness. Un proyecto de ley fue presentado al Senado de Estados Unidos en mayo de 2009 para obligar a las empresas de ese país a revelar el origen de su proveedor.
La UE confirmó su voluntad de cooperar de manera más formal y en el ámbito judicial en la lucha contra la explotación ilegal de los minerales sangrientos, según el representante especial del bloque para la región de los Grandes Lagos, Roeland van de Geer.
Pero hasta ahora no aprobó ninguna norma que impida que los minerales procedentes del este de RDC ingresen a territorio europeo.
"Algunos especialistas sugieren una adaptación del modelo Kimberley, que regula los diamantes, pero otros creen que es poco probable que las normas internacionales sirvan para luchar contra la explotación ilegal de minerales", dijo a IPS Van de Geer.
El proceso de Kimberley es un sistema de certificación integrado por decenas de gobiernos para evitar el comercio de diamantes cuya explotación alienta guerras.
La oficina del representante de la UE oficia de secretaría de un equipo de trabajo dedicado al asunto de la explotación de los recursos naturales en el este de la RDC.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución que allana el camino para congelar los activos y prohibir los viajes a compañías que apoyan de forma indirecta a las organizaciones armadas de RDC mediante la compra de minerales sangrientos.
La explotación ilegal de recursos naturales no es un fenómeno nuevo en la región oriental de RDC. Por el contrario, es una característica del conflicto que estalló en 1996 y que está bien documentado por organizaciones no gubernamentales y el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre explotación de recursos naturales de ese país.
