Guatemala espera este viernes la visita de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton, en medio de un escándalo por la captura de altos jefes policiales acusados de conformar una red clandestina ligada al narcotráfico.
El director de la Policía Nacional Civil, Baltazar Gómez, la jefa de la División de Análisis e Información Antinarcótica, Nelly Bonilla, y el oficial Fernando Carrillo fueron capturados el martes en una operación que cuenta con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
La detención está relacionada con un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y narcotraficantes, ocurrido el 24 de abril de 2009, en el que murieron cinco policías, quienes, según las pesquisas del Ministerio Público (fiscalía), no buscaban la captura de los criminales sino robar la droga.
El director de la Cicig, establecida por la Organización de las Naciones Unidas, el español Carlos Castresana, dijo a los medios de comunicación que las inconsistencias en las investigaciones sobre el incidente hicieron sospechar la participación de los policías.
Los tres detenidos permanecen en prisión preventiva y son acusados de 11 delitos, entre ellos de comercio, tráfico y almacenamiento de drogas y asociación ilícita.
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La captura de las máximas autoridades policiales antecede la llegada al país de la canciller estadounidense, quien terminará en Guatemala su gira por América Latina, tras su paso por Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Costa Rica, con el tema del narcotráfico en su agenda.
Los presidentes centroamericanos Porfirio Lobo, de Honduras, Leonel Fernández, de República Dominicana y Álvaro Colom, de Guatemala, y Said Musa, primer ministro de Belice, sostendrán este viernes en Guatemala una reunión cumbre regional para tratar, precisamente, cuestiones como el narcotráfico y la inmigración.
Los mandatarios Oscar Arias, de Costa Rica, Daniel Ortega, de Nicaragua, y Ricardo Martinelli, de Panamá, estarán representados a nivel ministerial en el cónclave, según anunciaron sus gobiernos.
Estados Unidos financia la lucha antidrogas en América Central y México a través del denominado Plan Mérida, que contempla recursos por 450 millones de dólares en tres años para equipar a las fuerzas de seguridad y mejorar la estructura judicial.
A pesar de esos esfuerzos, el tráfico de drogas en la región no retrocede.
El Departamento de Defensa estadounidense manifestó recientemente su preocupación porque América Central se convierta en un centro de operaciones del narcotráfico ante la gran represión en Colombia, México y el Caribe.
La captura de las autoridades policiales en Guatemala es apenas una muestra de la gran infiltración y el poder del narcotráfico en la región, al punto que Gómez es el sexto director de la Policía Nacional Civil en ser destituido en Guatemala. Dos de ellos están procesados por actos de corrupción y narcotráfico.
"Estamos pagando ese debilitamiento institucional que provocó tanto cambio por colocar a gente incapaz y corrupta en puestos importantes en la policía y el Ministerio de Gobernación", dijo a IPS la activista Eleonora Muralles, del no gubernamental Movimiento Pro Justicia.
Además de las destituciones policiales, el gobierno cambió esta semana, por quinta vez, al ministro de Gobernación (Interior), nombrando al periodista Carlos Menocal en reemplazo de Raúl Velásquez, quien deja el cargo en medio de serios señalamientos de corrupción. Según Muralles, la participación de la Cicig en estas capturas y en aclarar este tipo de situaciones ha sido "determinante".
"Sin la Cicig no hubiera sido posible desarticular estas estructuras de mafia que están haciendo tanto daño a la institución y al país", enfatizó.
La comisión inició sus actividades en el país en enero de 2008, y definió como su principal función determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos para colaborar en su desarticulación.
La participación de la Cicig en la depuración de las fuerzas de seguridad ha sido muy importante, aunque su trabajo no sería igual si no contara con el apoyo del Ministerio Público, señaló a IPS la directora de la Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad, Iduvina Hernández.
"Lo determinante ha sido la combinación de factores, la existencia de la comisión y la voluntad política del Ministerio Público", apuntó.
"Eso nos arroja un hecho positivo y es que hay un equipo que se ha venido formando y que tiene capacidad de investigación y que ha logrado identificar este tipo de redes enquistadas en las estructuras del sistema de seguridad", destacó.
Hernández considera extremadamente grave la corrupción en la Policía Nacional Civil, al punto de calificar a este cuerpo como irreformable. "Es como si los cimientos de su casa estuvieran en mal estado y usted siguiera haciéndoles arreglos", ejemplificó.
Según la activista, es necesario empezar de cero, para lo cual habría que refundar la policía y ser cautelosos a la hora de contratar a antiguos agentes.
Los grados de corrupción en las fuerzas de seguridad obedecen a una constante improvisación del gobierno, con lo cual "están poniendo en riesgo la vida de los guatemaltecos", dijo a IPS Oscar Córdoba, de la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo.
No obstante, los legisladores darán un compás de espera a las nuevas autoridades y seguirán apoyando las leyes promovidas por la Cicig, dada la importancia de su trabajo para desarticular las redes del crimen organizado, dijo.
Para el dirigente de derechos humanos Miguel Ángel Alvisurez, el proceso de depuración policial debe continuar, así como la participación de la Cicig, puesto que "su papel ha sido determinante y ha servido de presión para que las autoridades actúen como debe de ser", señaló.
A su juicio, el combate al crimen organizado debe extenderse a otras instituciones del Estado, incluyendo al Ministerio Público.
