Mejorar el acceso y uso de los servicios financieros requiere «responsabilidad» y «diálogo permanente» de empresas, Estado y consumidores, dijo a IPS el coordinador de la oficina para América Latina y el Caribe de la no gubernamental Consumers International (CI), Juan Trímboli.
Pese a que en América Latina la crisis económica global iniciada en Estados Unidos en 2008 no golpeó tan fuerte como en otras regiones, sí generó situaciones de sobreendeudamiento no deseado por el aumento del desempleo, planteó Trímboli, un uruguayo residente en la capital de Chile, donde se ubica la sede regional de CI.
Criticó, además, que diversos organismos internacionales hayan insistido en la tesis de que esta coyuntura económica dejó en evidencia la necesidad de reformar el sistema financiero mundial, pero que hasta ahora esta tarea no se haya emprendido.
IPS: ¿Qué diagnóstico hace CI en materia de acceso a servicios financieros en América Latina?
JUAN TRÍMBOLI: Ha habido una expansión del acceso al crédito en todos los países del mundo y muy marcadamente en América Latina. La crisis internacional, que se origina en Estados Unidos, tiene que ver precisamente con la falta de regulación en los servicios financieros y la falta de responsabilidad social de varios bancos.
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Nosotros hicimos en América Latina una investigación el año pasado con algunos países miembros y asociados del Mercosur (Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay). Estamos repitiéndola en países de América Central (El Salvador, Panamá y Nicaragua) y trabajando en países de la región andina (Ecuador, Colombia y Venezuela).
Lo que hemos podido constatar en estas investigaciones es que la información que se está entregando a los consumidores respecto a los créditos que se ofrecen por lo general es confusa, insuficiente, no es transparente y en muchos casos no es verdadera.
IPS: ¿Podría dar detalles sobre estas deficiencias?
JT: Sí. La publicidad que se realiza de los créditos o de las condiciones para la obtención o uso de los mismos incurre en inexactitudes o no menciona la totalidad de los datos que son requeridos por la legislación que regula estas materias.
Otro elemento importante es que hay una irregularidad en los controles o una inconsistencia en las prácticas de control porque no tenemos políticas proactivas por parte de las autoridades o ninguna regulación eficiente. Al contrario, nosotros escuchamos hablar en nuestros países de "autorregulación" del sistema financiero.
También es notoria la falta de herramientas para resolver los problemas que se derivan de la oferta de créditos, de su obtención, de las condiciones de contratación y de los problemas de endeudamiento, y en muchos casos de sobreendeudamiento, que surgen en este proceso.
Partimos de la base de que el acceso al crédito y a otros instrumentos financieros que permitan mejorar el nivel de vida de los consumidores es un objetivo que consideramos valedero.
No hay un cuestionamiento a la existencia de estos mecanismos en las sociedades modernas, por el contrario, nosotros queremos rescatar en esta campaña el derecho de que el crédito debe entregarse de forma plena, no discriminada y a toda la sociedad.
IPS: De los cinco países ya investigados, ¿dónde la situación es más grave?
JT: En general los problemas son similares, las diferencias se dan en otros aspectos. Por ejemplo, Chile es un país donde el tema del crédito, el endeudamiento y el sobreendeudamiento es un asunto más fuerte, por calificarlo de alguna manera, al igual que en Brasil, por el grado de desarrollo de ambos países.
En Chile hasta hace un año y medio atrás las tarjetas de crédito de las casas comerciales eran cuatro por una con relación a las del sistema bancario.
Pero los problemas de información, publicidad y falta de regulación son constantes en la mayoría de nuestros países.
IPS: ¿Cuáles son los ejes de la campaña de este 15 de marzo y del resto del año?
JT: Este 15 de marzo nosotros estamos enfocados en dos áreas. A nivel global estamos hablando de la necesidad de una nueva cultura financiera, de una nueva política financiera.
Organismos internacionales, como la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y el Banco Mundial, además de nosotros, pensamos que la crisis mostró que la estructura del sistema financiero no garantiza seguridad y puede comprometer la economía individual, familiar y la de nuestros países.
En el caso de América Latina estamos enfocados en lo que llamamos un crédito responsable, que tiene que ver con la acción de tres actores, el Estado, los consumidores y el sistema financiero, y en la promoción de leyes de insolvencia familiar.
IPS: ¿De qué se tratan estas leyes de insolvencia familiar?
JT: Éstas serán efectivamente un eje del trabajo que estamos realizando. Esto tiene que ver básicamente con el tema del sobreendeudamiento. Hoy las leyes de insolvencia familiar existen y están operativas en muchos países europeos, como Alemania, España e Inglaterra, y han dado resultados muy importantes.
En el caso de América Latina, existe un proyecto presentado en Chile, que está en discusión en el parlamento, también ha sido presentada una ley de insolvencia en El Salvador, y se ha trabajado en profundidad y está en debate otra en Brasil.
Se trata de una herramienta legal para que una persona o una familia que se ha endeudado por problemas ajenos a su voluntad pueda salir de esta situación mediante una concertación con el banco o las casas comerciales, por diferentes caminos.
Estos pueden ir desde la extensión de los plazos de pagos, la reducción de los intereses o el monto adeudados o el recorte de una parte de la deuda.
Una ley de este tipo no sólo ayudaría a aquellos que sufren un problema de endeudamiento sino que traería mayor certidumbre tanto a los consumidores como a los mercados y podría generar mayor confianza.
Sin la convergencia entre los distintos actores involucrados es casi imposible avanzar en el mejoramiento del acceso a los servicios financieros.
Tenemos que establecer un diálogo permanente con el Estado y el sistema financiero. Esto no lo va a solucionar solo el trabajo nuestro o de la sociedad civil.
