El asesinato esta semana de Silvia Suppo, víctima de la represión de la última dictadura en Argentina (1976-1983), reavivó los temores por la seguridad de los testigos claves, como ella, en los juicios por las violaciones a los derechos humanos perpetradas en ese periodo.
Desde hace cinco años, cuando se reanudaron los procesos por los crímenes cometidos por la dictadura, se sucedieron las amenazas e intimidaciones contra querellantes, funcionarios y especialmente testigos, como Jorge Julio López, de quien no se conoce su paradero desde que desapareció en 2006 poco después de declarar contra un represor que luego fue condenado.
El Ministerio de Justicia ha instaurado un programa de protección para 4.500 testigos de estas causas. Sin embargo, muchas de estas personas, que sufrieron todo tipo de vejámenes, son reacias a aceptar custodia policial o medidas de protección drásticas como mudarse de distrito.
La presidenta de la no gubernamental Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Graciela Rosenblum, indicó a IPS que las organizaciones humanitarias reclaman "una estrategia integral de los tres poderes del Estado" argentino contra la impunidad.
"No es sólo un problema de protección a testigos. Se deben acelerar los juicios, unificar causas, abrir nuevos tribunales e impedir maniobras jurídicas implementadas para empantanar" los procesos, enfatizó.
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El móvil del asesinato de Suppo fue atribuido en un principio a una rapiña, pero las especulaciones que hacen autoridades y la prensa llevan a que puede haber sido para que no volviera a declarar como testigo ante tribunales, como estaba previsto.
La mujer fue apuñalada varias veces con saña por desconocidos que irrumpieron el lunes en su comercio, ubicado en Rafaela, una localidad de la oriental provincia de Santa Fe, y se llevaron dinero y mercadería.
En 1977, Suppo fue secuestrada cuando tenía 18 años de edad y fue llevada a una dependencia policial provincial donde fue torturada y violada por sus captores. Por ese ultraje quedó embarazada y le practicaron un aborto en cautiverio.
Su testimonio ante la justicia ayudó a que seis represores fueran condenados en diciembre en Santa Fe por cargos de tormentos y privación ilegítima de la libertad.
Uno de los condenados es el ex juez federal Víctor Brusa, el primer funcionario judicial en Argentina sentenciado por delitos de lesa humanidad con 21 años de prisión.
También dos ex policías provinciales recibieron penas de 23 años de prisión, dos civiles fueron condenados a 22 años y la ex agente penitenciaria que la llevó a realizarse el aborto fue castigada con 19 años de prisión, siendo la primera mujer en ser condenada por participar en la represión dictatorial.
Suppo era además testigo de otros secuestros cometidos en 1977, entre ellos el de Reinaldo Hammeter, quien sigue desaparecido. En esa causa están imputados cuatro represores y ella iba a declarar en su contra El secretario nacional de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, y la vicegobernadora de Santa Fe, Gabriela Tessio, declararon que ninguna hipótesis de investigación debe ser descartada por el asesinato.
"Llama mucho la atención el ensañamiento de los supuestos ladrones. Puede aparecer como un robo, pero que alguien haya pagado a un sicario", especuló Tessio.
El abogado Horacio Coutaz, representante de una víctima en el juicio contra Brusa, dijo a IPS que "no es prudente" cuestionar el programa de testigos, porque puede no ser responsable en este caso y se puede infundir miedo a los declarantes.
"En Santa Fe hay un programa de protección provincial, y algunos testigos lo aceptan, pero no la custodia personal, sino otras medidas", explicó. Para este profesional, "hay que ser muy cautos" en la investigación de la muerte de Suppo, pero admitió que lo que sorprende es el ensañamiento, nunca visto en esa pequeña localidad.
Desde que la Corte Suprema de Justicia declaró en 2005 inconstitucionales las llamadas leyes del perdón de fines de los años 80, que habían dejado lejos de los tribunales a millares de represores de la dictadura, volvieron a activarse las causas por las violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad.
Unos 10.000 casos de personas desaparecidas entre 1976 y 1983 fueron registrados en Argentina por una comisión especial de la verdad, pero organizaciones defensoras de los derechos humanos elevan ese número hasta 30.000. Otros miles fueron detenidos abiertamente o secuestrados, torturados y luego su situación "blanqueada" en cárceles legales o liberados.
Según el del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hay en la actualidad 1.464 acusados por delitos de lesa humanidad, de los cuales apenas 68 fueron condenados.
Esta organización no gubernamental especializada calificó de "exasperante" la lentitud de la justicia y advirtió que ese ritmo contribuye a la falta de seguridad de los testigos, a la debilidad en el control de detenidos y a un importante número de prófugos.
Como muestra de las fallas en el control menciona el caso del prefecto Héctor Febres, acusado y quien murió envenenado en prisión en 2008, y el del teniente coronel Julián Corres, que se fugó en 2009 de su lugar de detención.
Para el CELS, la justicia manifiesta "incapacidad para esclarecer amenazas e intimidaciones sufridas por testigos y querellantes". Y subrayó que la desaparición de López "es el más grave caso de hostigamiento y persecución contra testigos".
López, quien había estado secuestrado entre 1976 y 1979, desapareció en 2006 en vísperas de la sentencia contra Miguel Etchecolatz, un ex oficial de policía que su testimonio ayudó a condenar a prisión perpetua por genocidio. Nada se sabe de su paradero y la policía no tiene ninguna pista al respecto.
Otros testigos han sido secuestrados por un corto tiempo. Uno de ellos fue, en 2006, Oscar Gerez, víctima y testigo en un juicio contra el ex represor Luis Patti, quien fue encontrado 48 horas después.
Luego Juan Puthod, otra víctima y testigo en juicios, fue secuestrado y liberado en 2008. Ninguna de las pesquisas por estos casos ha tenido resultados.
En mayo de 2009, en la provincia de Tucumán desapareció por 30 horas Orlando González, testigo clave en una causa en la que fueron condenados ex policías. Al ser encontrado dijo que estuvo "muy confundido". Pero sus familiares advirtieron que había recibido múltiples amenazas por haber declarado.
Frente a estos atropellos, hubo un solo caso de arresto por intimidaciones en 2009 y se trató de Luis Gil, un ex policía y represor de la provincia de Santa Fe que envió correos electrónicos con amenazas a testigos, querellantes y funcionarios, a los que advertía que serían "ejecutados" de persistir con los juicios.
