Las recomendaciones y sentencias de los órganos interamericanos de derechos humanos sobre casos de masacres, ajusticiamientos y otras violaciones fundamentales ocurridas en América Central siguen obviadas o acatadas parcialmente por algunos Estados del área.
Guatemala y El Salvador aparecen como los países centroamericanos que tienen más recomendaciones sin cumplir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o sentencias sin acatar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dos entidades de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En muchos casos, se trata de violaciones cometidas cuando cuatro países del área estuvieron sumergidos en conflictos armados, en especial en la década de los 80. Pero los gobiernos posteriores a la pacificación regional se han resistido a acatar los dictámenes de los dos órganos, que son autónomos e independientes.
Guatemala tiene el récord de 14 sentencias condenatorias de la Corte, con sede en San José de Costa Rica, y que en teoría son inapelables y de obligado cumplimiento. También los informes con recomendaciones de la CIDH, con sede en Washington, son vinculantes para los países miembros de la OEA.
La sentencia más reciente fue divulgada en diciembre y obliga a los tribunales guatemaltecos a esclarecer el caso de la masacre de las Dos Erres, una comunidad en la que en diciembre de 1982 fueron asesinados 251 civiles por una patrulla militar especial, en el norteño departamento del Petén.
[related_articles]
También se fijo una compensación de 3,1 millones de dólares a los familiares de las víctimas.
La condena fue fruto de una demanda presentada en abril de 2008 contra el Estado guatemalteco por víctimas y parientes, con apoyo de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). El recurso se produjo tras la negativa a cumplir las compensaciones concertadas entre el gobierno y la CIDH.
Guatemala y la CIDH habían alcanzado en abril de 2002 un acuerdo amistoso para dar por concluido el caso de una de las masacres más sanguinarias de las más de tres décadas de guerra interna (1960-1996), con la solicitud pública de perdón del entonces presidente Alfonso Portillo y la aceptación de la responsabilidad del ejército en el masivo asesinato.
La sentencia de la Corte establece que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal de los familiares y las víctimas sobrevivientes y no fue diligente en ubicar y juzgar a los responsables de los tres días de tortura y barbarie contra niñas, niños, hombres y mujeres inermes.
El 8 de febrero, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó el inmediato cumplimiento de la sentencia y la reactivación del proceso contra 17 militares detenidos, paralizado por 10 años con base en medidas dilatorias de los acusados.
En definitiva, lo que se pretende es justicia para las víctimas y castigo para los culpables, dijo a la prensa guatemalteca Edgar Pérez, abogado de Famdegua. Casi 30 años después de la masacre "todavía no tenemos ningún responsable sirviendo una pena adecuada", dijo a IPS Alejandra Nuño, directora para América Central de Cejil.
Nuño afirmó que las organizaciones de derechos humanos centroamericanas recurren a instancias internacionales en busca de justicia, cuando se les cierra la oportunidad de hallarla en su propia casa.
El Estado guatemalteco tiene un año para cumplir con los requerimientos de la inapelable y obligatoria sentencia, recordó.
La primera condena contra Guatemala por la Corte fue por el caso conocido como "Panel Blanco", por la detención ilegal, la tortura y en varios casos la desaparición forzada de opositores por agentes de la Guardia de Hacienda en 1987 y 1988, durante el gobierno del democristiano Vinicio Cerezo (1986-1990), que inició el proceso de paz.
En El Salvador, el caso de la desaparición forzada de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano, en 1982, produjo la primera condena de la Corte contra el Estado en marzo de 2005, durante el gobierno de Antonio Saca, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó el país por 20 años, hasta junio del año pasado.
Las hermanas fueron desaparecidas por soldados del ejército durante un operativo militar en el norteño departamento de Chalatenango, cuando tenían siete y tres años.
La condena incluyó el cumplimiento de 10 medidas de reparación, entre las cuales están la realización de un acto público de desagravio a las víctimas, brindar asistencia psicológica a los familiares, la creación de un sitio digital que sirva para buscar a desaparecidos y la creación de un banco de datos genético con ese fin.
La Corte se vio forzada a compeler el 16 de febrero al Estado salvadoreño que cumpla esa sentencia y le urgió a informar sobre los avances de la investigación del paradero de las hermanas Serrano, así como a crear la página web y el banco genético.
El gobierno de Saca primero minimizó la condena e incluso negó la propia existencia de las desaparecidas, aunque finalmente hizo un acto público de reparación a la familia Serrano. Pero su gobierno se negó a cumplir con la compensación y otras exigencias y no procedió a investigar el caso y entregar los responsables a la justicia.
El fin de la era de Arena y la llegada a la Presidencia de Mauricio Funes, en junio pasado, como representante del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, generan esperanzas de que se haga justicia con las hermanas Serrano y otros desaparecidos en el país.
En tanto, el asesinato en marzo 1980 de Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, por un escuadrón de la muerte mientras celebraba misa, también está pendiente de que el Estado cumpla todas las recomendaciones de la CIDH.
Este caso fue presentado ante la CIDH a finales de 1993, y en abril de 2000 la Comisión emitió una serie de recomendaciones para que el Estado reparase el daño moral por el crimen de un obispo muy querido por la población por ejercer "la voz de los sin voz", muy crítico con la violencia interna y, en parte por ello, odiado por los extremistas de derecha.
Las recomendaciones incluían una investigación "completa, imparcial y efectiva", para encontrar a los autores intelectuales y materiales del crimen que estremeció a El Salvador y que agudizó el conflicto armado interno, que entre 1980 y 1992 dejó 70.000 muertos.
La Comisión de la Verdad, establecida en 1993 para indagar sobre los crímenes y violaciones de derechos humanos del conflicto, señaló al mayor Roberto dAubuisson, como el autor intelectual del asesinato de Romero.
DAubuisson es considerado el creador de los escuadrones de la muerte que aterrorizaron a los opositores en los años 80, y fue además fundador de Arena. Pero el mayor había muerto un año antes del pronunciamiento de la Comisión.
Más allá de la conclusión de la Comisión de la Verdad, los gobiernos incumplieron la pasada década la demanda de la CIDH de investigar el asesinato y efectuar una solicitud pública de perdón al pueblo salvadoreño y solo hubo cambios cuando llegó Funes a la Presidencia.
Su gobierno pidió una audiencia ante la CIDH, que se celebró el 6 de noviembre, en que reconoció la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño por el asesinato de Romero, a través del director de derechos humanos de la Cancillería, David Morales. Un gesto que Nuño calificó entonces de histórico.
En enero Funes honró a las víctimas civiles del conflicto, pero sin la esperada y exigida referencia explícita a Romero, después que en noviembre ya había condecorado a seis religiosos jesuitas que también resultaron masacrados 20 años atrás durante el conflicto.
Buena parte de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas en los conflictos armados, no fueron investigados debido a leyes de amnistía aprobadas en El Salvador y Guatemala como parte de la reconciliación nacional.
Diversos organismos internacionales sostienen que esas leyes de amnistía violentan compromisos adquiridos por los dos países en materia de derechos humanos.
"En la gran mayoría de casos se ha evidenciado que se ha imposibilitado la obtención de justicia, por lo cual la Comisión Interamericana ha establecido que las leyes de amnistía tienen que derogarse", dijo Nuño, la directora regional de Cejil.
