Perú liberaliza cada vez más su comercio y en un año concretó seis acuerdos de apertura, sin que a la vez se creen políticas internas para reducir el impacto en los derechos laborales, ambientales y en áreas sensibles como la agricultura, advierten organizaciones sociales y expertos.
"¿Quiénes están ganando con los tratados de libre comercio (TLC)?, ¿qué políticas se han implementado para redistribuir mejor los resultados del comercio exterior? En el último año sólo se han beneficiado unos cuantos", manifestó a IPS la coordinadora de la Red Peruana por una Globalización con Equidad, Alejandra Alayza.
El Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos entró en vigencia el 1 de febrero de 2009 y marcó la pauta de las condiciones en que se negociaron los siguientes acuerdos, según Alayza. Siguieron los TLC con Chile, Mercosur (Mercado Común del Sur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Canadá, Singapur y China.
Este mes concluyeron las negociaciones del TLC con la Unión Europea y el canciller, José Antonio García Belaunde, ya anunció que en los próximos meses el gobierno de Alan García estará "empeñado" en concluir acuerdos similares con Japón y Corea.
Además, Perú iniciará negociaciones con América Central, República Dominicana y el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica, en el que participan Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos y otros.
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"En un contexto de firmas de TLC, es indispensable garantizar los derechos laborales para que los trabajadores también se beneficien", insistió Alayza.
El ex viceministro de Trabajo y especialista en temas laborales Julio Gamero señaló a IPS que la implementación del TLC con Estados Unidos no ha traído mejoras en la situación del empleo y los derechos laborales en el país. Incluso, asegura, hay retrocesos.
El número de negociaciones colectivas se redujo desde las 434 de 2007, a 364 en 2008 y a 233 en 2009.
Las inspecciones de seguridad y salud en el área metropolitana de Lima también cayeron de 742 a 326 entre 2008 y el año siguiente, mientras los trabajadores sindicalizados disminuyeron entre 2007 y 2009 en términos porcentuales, de 7,1 a 4,5 por ciento, respecto al total de asalariados privados registrados.
El sector agroexportador, el más beneficiado por el acuerdo comercial, sólo cuenta con cinco sindicatos cuando hay 1.500 empresas.
En el TLC con Estados Unidos, aspectos como la libertad sindical, la situación salarial y el cumplimiento de las leyes laborales fueron incorporados en una adenda laboral por la presión de las organizaciones sociales.
Sin embargo, "las autoridades sólo han implementado medidas coyunturales", aseguró Gamero, quien formó parte del gobierno del predecesor de García, Alejandro Toledo.
Planteó que solo cuando en enero visitó Lima una comisión estadounidense para examinar el tema laboral, se anunció la creación de una oficina de enlace entre el gobierno y los sindicatos para atender conflictos y demandas.
"Pasado un año, sólo se ha aplicado esa débil medida mientras los despidos a dirigentes y trabajadores por sindicalizarse continúan", apuntó.
Tampoco se han adoptado medidas para reducir los impactos negativos en los sectores más sensibles como la agricultura, señalan los especialistas.
En Perú, sólo tres por ciento del terreno cultivado se dedica al espárrago, mango, pimiento y otros productos punteros de la agroexportación, el sector agrícola especialmente beneficiado por el TLC con Estados Unidos.
En 73 por ciento de las tierras agrícolas se cultiva papa, arroz, maíz amarillo, café, caña de azúcar y algodón, y esos son rubros sensibles en el acuerdo, por los subsidios que gozan los productores de esos alimentos en Estados Unidos.
El presidente "prometió que iba renegociar el TLC en defensa de los campesinos y establecer compensaciones por precios y subsidios para tres productos (maíz amarillo, algodón y trigo) pero no ha cumplido", señaló Alayza.
El especialista en temas agrícolas Miguel Macedo propuso crear un mecanismo arancelario automático, que contrarreste las distorsiones de precios en productos subsidiados provenientes de países industrializados, realizar un censo preciso de productores agropecuarios y mejorar los estimados de producción y el impacto de los TLC.
Esa iniciativa integra las propuestas para la agenda interna que plantean diversas organizaciones no gubernamentales ante la apertura comercial.
En el tema ambiental aún sigue pendiente la aprobación de una nueva ley forestal y de fauna silvestre que incluya la opinión de los indígenas y de la sociedad civil.
Por exigencias del TLC con Estados Unidos la legislación forestal fue modificada por un decreto legislativo, que fue derogado después ante las protestas indígenas.
En agosto de 2009, el Ministerio de Agricultura declaró prioritario la revisión y actualización de la ley, mediante un proceso participativo, descentralizado y nacional. Pero solo en diciembre se instaló una secretaría técnica con este propósito.
El presidente de Foro Ecológico, Sandro Chávez, dijo a IPS que el borrador del gobierno de la ley no recoge los aportes de los expertos y los pueblos indígenas, realizados dentro del dialogo abierto por el Ejecutivo tras el conflicto en junio en la provincia amazónica de Bagua, en que murieron 33 personas entre policías e indígenas.
Otro aspecto que cuestionan los especialistas es la protección de datos de prueba sobre los medicamentos que ampara el tratado. Por ello, un proveedor puede demandar la protección en el país por cinco años de información sobre cualquier medicamento existente, lo que bloquea su comercio por otros y encarece el precio.
Para Javier Llamoza, de Acción Internacional para la Salud, "la protección de datos de prueba de los medicamentos es una forma de crear monopolios, lo que vulnera un derecho tan básico como la salud". Advirtió que existen más de 12 solicitudes con este fin de ocho empresas, de las cuales dos ya fueron aprobadas.
El experto explicó que cuando los medicamentos genéricos llegan al mercado, los precios de las medicinas pueden bajar entre 30 y 70 por ciento, pero cuando hay una posición monopólica pueden aumentar hasta en 21 veces.
Por estos días las críticas también se han focalizado sobre el TLC con China, en vigor desde el 1 de marzo.
Un estudio del economista Víctor Torres señala que los sectores más afectados por el acuerdo, como confección, producción de cuero para calzado y textiles, sólo han sido protegidos parcialmente, pese a deberán enfrentar los bajos precios y las prácticas desleales de China. Ello podría generar despidos sectores con empleo intensivo.
El acuerdo comercial perjudicaría principalmente a las micro y pequeñas empresas, ya que en el sector del calzado, por ejemplo, 98,5 por ciento de las compañías son de esa categoría.
El TLC con China no incorpora un marco de protección mínima para estándares ambientales ni laborales.
China introdujo una definición amplia de inversionistas que beneficiará incluso a las empresas de otros países, siempre que se encuentren controladas por inversionistas chinos, mientras Perú no podrá hacer lo mismo.
El país asiático tampoco podrá ser llevado a tribunales internacionales para solucionar controversias, sin pasar antes por un "procedimiento de revisión administrativo interno" en China. Esta restricción no aplica para Perú, por lo que los especialistas recomiendan estar alerta.
