Protestas indígenas impulsaron la elaboración de un proyecto de ley forestal y de fauna silvestre en Perú, el segundo país de América del Sur con mayor extensión de bosques. Expertos consultados por Tierramérica señalan aciertos, pero también defectos de la iniciativa.
"Esto es un avance porque no se puede decidir qué hacer con los bosques si no se sabe dónde están", señaló a Tierramérica el especialista José Luis Capella, de la no gubernamental Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Esa carencia revela uno de los grandes problemas en la materia, dado que casi 60 por ciento del territorio peruano es de aptitud forestal.
Sin embargo, el presidente de Foro Ecológico, Sandro Chávez, advierte que el proyecto no establece un mecanismo para dar seguridad jurídica a las tierras ancestrales. "Eso debe garantizarse previamente para que terceros no impongan sus planes", apuntó.
Para Chávez, el texto no despeja las incertidumbres que las comunidades expresan ante la expansión de las plantaciones para proveer insumo a la elaboración de biocombustibles y los proyectos mineros e hidrocarburíferos en la Amazonia.
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La cantidad de lotes petroleros aprobados pasó de 30 en 2000 a 151 en 2006, plagando así 89 por ciento del área amazónica con proyectos de exploración, según datos oficiales.
Chávez aseguró a Tierramérica que la incorporación del tema de la propiedad de tierras comunales en la ley fue un acuerdo entre las autoridades y los indígenas como parte del proceso de diálogo que inició el gobierno de Alan García tras la muerte de más de 33 personas, entre policías y nativos, en las protestas de junio en la norteña provincia de Bagua.
El gobierno instaló mesas de trabajo, una de ellas dedicada a la derogación del decreto legislativo 1.090, que modificó la antigua ley forestal y dejó sin protección a 60 por ciento de los bosques primarios.
El ex director nacional forestal Gustavo Suárez de Freitas, quien participó como uno de los representantes del Ministerio de Agricultura en el diálogo, se comprometió a incorporar el tema y ahora es el consultor encargado de la secretaría técnica que elabora el proyecto.
Suárez de Freitas dijo a Tierramérica que en el artículo 61 del proyecto queda claro que el "Estado no entregará un derecho forestal sobre las tierras de las comunidades, así se traten de bosques".
En Perú, los bosques sólo se dan en cesión de uso y no en propiedad por ser considerados patrimonio de la nación. El funcionario considera que crear un mecanismo legal ya implica "un cambio".
El Foro Ecológico replicó que los indígenas proponen que previamente se apruebe una ley de cesión de uso que les brinde mayor seguridad sobre sus tierras, y norme el ordenamiento territorial y de titulación de las comunidades.
En la actualidad existen más de 1.200 comunidades nativas, pero hay muchas más que no han sido reconocidas.
En contraste, Capella señaló que la iniciativa mejora la institucionalidad al crear el organismo técnico de Servicio Forestal adscrito al Ministerio de Agricultura, y mejora la participación de la sociedad civil y las empresas al ratificar la creación de la Comisión Nacional Forestal.
Pero, reconoció, una cosa es la ley en el papel y "otra garantizar los mecanismos para que funcione". Un ejemplo del problema se da con las transferencias de competencias a los gobiernos regionales en la gestión forestal, a los que muchas veces no se les otorga recursos para cumplir su labor.
Chávez alertó que el proyecto de ley abre algunas ventanas para flexibilizar el control de la explotación ilegal de bosques y el cambio de uso de suelo.
El experto cuestiona que se haya excluido de la propuesta que no se presumirá la buena fe de la persona cuando transporta un producto forestal, porque ello permite que acredite su legalidad con cualquier documento y así se libere de responsabilidad.
También criticó que no se establezca la veda de productos forestales en vías de extinción ni el sistema de rastreabilidad de la madera, que permitiría comprobar posibles irregularidades desde el talado del árbol hasta que la madera llega al puerto para su exportación.
La iniciativa expresa que las tierras de aptitud forestal o de protección no pueden ser aprobadas para fines agropecuarios, pero líneas abajo evoca el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor que los indígenas piden se derogue porque permite el cambio de uso de suelo para proyectos de infraestructura y de industrias extractivas, marca Chávez como una contradicción.
Las organizaciones no gubernamentales y los expertos podrán enviar sus observaciones al proyecto hasta el 9 de abril. Después, el Poder Ejecutivo aprobará la versión final para presentarla en el Congreso legislativo.
* Este artículo fue publicado originalmente el 27 de marzo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
