Organizaciones sociales demandaron políticas más eficaces contra la obesidad en México, en coincidencia este lunes con el lanzamiento de un programa gubernamental especial para combatir ese problema sanitario.
El presidente de México, Felipe Calderón, anunció la puesta en marcha del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria y la Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, que cuenta con un presupuesto de 19 millones de dólares, previstos para el fomento de hábitos saludables y de la actividad física en escuelas y una mejora en los centros de atención de enfermedades crónicas relacionadas con este problema.
Si bien Calderón "puso énfasis en los malos hábitos alimenticios de los mexicanos, va persistir la defensa de las empresas tras el discurso de la libertad de producción", advirtió ante la consulta de IPS Adriana Labardini, fundadora y directora ejecutivo de la autónoma AlConsumidor, una organización dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores.
La obesidad es uno de los problemas sanitarios más importantes entre los 107 millones de mexicanos, teniendo en cuenta que 52 millones de ellos presentan exceso de peso, según datos oficiales.
México ocupa el segundo lugar mundial en obesidad, detrás de Estados Unidos, donde siete de cada 10 de sus habitantes padecen obesidad o sobrepeso.
Pero México ocupa el primer sitial en cifra de infantes con sobrepeso, al sumar con este problema 4,5 millones de niños y niñas entre los cinco y 11 años, equivalentes a 70 por ciento de la población infantil total.
Además, esos padecimientos están relacionados con las principales causas de deceso entre la población, entre ellas la diabetes. Los costos laborales derivados del sobrepeso y la obesidad rondan los 1.700 millones de dólares anuales.
La Secretaría (ministerio) de Educación Pública (SEP) "puede tomar acciones para que no entre la comida chatarra en las escuelas, tiene la facultad de normar el funcionamiento de las cooperativas escolares", señaló a IPS Dolores Rojas, coordinadora de Campañas de la oficina mexicana de la organización no gubernamental Oxfam.
El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria y la Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad pretende reducir la incidencia del sobrepeso en la niñez de dos a cinco años, la reversión del exceso de peso en los adolescentes y la disminución de la talla en los adultos.
Pero la experiencia de acuerdos nacionales pasados siembra dudas en cuanto al cumplimiento de sus metas. En diciembre, el gobierno decidió el incremento en el precio de las gasolinas, a pesar de que el Acuerdo Nacional por la Economía Familiar y el Empleo, rubricado por Calderón en enero de 2009, congelaba el precio de ese carburante.
Con su plan sanitario, el gobierno mexicano vuelve a aferrarse a soluciones de mercado, en vez de optar por la vía de una regulación más estricta.
La clave, según Calderón, no es profundizar en las raíces del fenómeno. "Lo que tenemos que hacer es voltear la mirada hacia lo que debemos hacer", expresó este lunes el mandatario en el acto al cual asistieron representantes de cámaras empresariales, pero con la ausencia de representantes de organizaciones no gubernamentales.
La SEP no se ha atrevido a dar el paso de vetar la llamada comida "chatarra", como dulces, refrescos y frituras, consideradas las causantes de la epidemia de obesidad, por temor a la reacción de la poderosa industria alimenticia, según las organizaciones no gubernamentales.
Últimamente, la SEP emitió recomendaciones sobre la venta de esos productos, pero nada de carácter obligatorio.
"Hay acciones que no requieren presupuesto, sino defender lo que debe defender el gobierno, que es el interés público, con una política de no permitir la venta de comida chatarra en las escuelas", planteó Labardini.
Tampoco el Congreso legislativo parece tener una inclinación hacia la aprobación de normas sobre la presencia de esos productos en los centros educativos mexicanos.
Desde 2006, se han presentado 65 proyectos de ley para evitar el sobrepeso y la obesidad infantiles, que están guardados en algún cajón de despachos parlamentarios.
Un colectivo de organizaciones, entre ellas AlConsumidor y Oxfam, ha emprendido una campaña para eliminar la comida "chatarra", rica en grasas y calorías pero pobre en nutrientes, de la dieta escolar.
"No puede ser que no prioricemos la salud de los niños y que pongamos la infraestructura pública educativa al servicio de las empresas poderosas productoras de alimentos procesados. El derecho a la salud de la infancia no puede estar sujeto a las leyes del mercado", enfatizó Rojas.
Una investigación del estatal Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de 2004 concluyó en que los infantes gastan unos 1.500 millones de dólares anuales en las tiendas escolares en la adquisición de dulces, refrescos y frituras.
Para 2015, la obesidad demandaría unos 7.600 millones de dólares en recursos públicos, de los cuales unos 5.300 estarían destinados a gastos médicos, según estimaciones oficiales.
"El sobrepeso y la obesidad ponen en riesgo la sustentabilidad del sector salud. En otras palabras, en caso de seguir este problema, será imposible en el futuro atender a todas las personas que padezcan enfermedades cardiovasculares o diabetes, por los costos que significa", previno Calderón.
Las autoridades tampoco han querido enfrentar a los anunciantes de la comida "chatarra" con regulaciones sobre las emisiones en medios electrónicos. Cada año, la televisión transmite 20.000 piezas publicitarias cuyo público objetivo es la niñez, 8.000 de las cuales alientan el consumo de productos que contienen altas dosis de calorías.
