¿Por qué el gobierno colombiano, tan generoso con los sectores ricos de la economía, es tan miserable con la población desplazada?, preguntó el activista Marco Romero, en la presentación de un informe sobre la grave situación que afrontan miles de expulsados de sus hogares por la guerra civil.
La alusión de Romero, director de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), es, entre otros hechos, al escándalo del gubernamental programa Agro Ingreso Seguro, que entregó en tres años 113 millones de dólares a empresarios de conocido poder económico. Esa denuncia se hizo pública a fines del año pasado e involucra al Ministerio de agricultura.
Alude también a la disminución de impuestos dispuesto últimamente por el gobierno del derechista Álvaro Uribe a empresas tabacaleras, así como a los enormes beneficios tributarios de que gozan las inversiones extranjeras.
Pero la crítica de Romero, realizada en la divulgación del informe titulado "¿Salto estratégico, o salto al vacío?", que describe la situación de desplazamiento forzado en Colombia entre 2002 y 2009, alcanza a la indiferencia social, que se percibe como asunto "normal", mientras cientos de campesinos tratan de sobrevivir vendiendo artículos en los semáforos de casi todas las ciudades del país. Una indiferencia sobre el drama que alcanza a 2,4 millones de personas en el periodo estudiado y a casi cinco millones de expulsados de sus tierras en los últimos 25 años.
Sobre estos datos, el 49 por ciento de los hechos de desplazamiento forzado corresponden a los dos periodos de gobiernos consecutivos de Uribe (20022010), tras implementar la llamada "política de seguridad democrática".
El Sistema de Información de Codhes recoge datos de la Conferencia Episcopal Colombiana, de la Iglesia Católica, del Ministerio Público y de la gubernamental Consejería de Acción Social, entidad encargada de manera directa del tema. A esa información se le suma el seguimiento diario de lo registrado por los medios masivos de comunicación.
De esta manera se determinó que alrededor de 290.000 personas fueron desplazadas de distintas regiones del país en 2009, "en el marco del conflicto y otras manifestaciones de violencia".
El desplazamiento afectó a 69 por ciento de los 1.119 municipios colombianos, destacándose como los más afectados el noroccidental departamento de Antioquia, con 45.800 personas, y el sudoccidental Nariño con 26.000.
En receptividad, Bogotá sigue siendo el lugar de preferencia de destino de esa población desplazada de sus hogares por considerar que es un lugar más seguro y con mayores opciones de empleo.
Y, si bien la estadística de Codhes presenta en 2009 una disminución de 24 por ciento respecto de 2008, la situación sigue siendo grave, y la responsabilidad recae en los grupos paramilitares de ultraderecha, las guerrillas izquierdistas, en especial las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y en agentes de seguridad del Estado.
"Es lamentable que todavía en Colombia haya civiles obligados a huir ante la agresión constante de grupos armados al margen de la ley y, en muchos casos, de agente del Estado que por acción, omisión, incapacidad o complicidad no garantizan el derecho fundamental a la vida, honra y bienes como ordena la Constitución", asegura el informe.
Los desplazamientos se siguen realizando en zonas de cultivos de palma aceitera, siendo los negros e indígenas los más afectados, sin descontar el resto de la población campesina.
"Es evidente que hay avances para algunos sectores de la sociedad pero no para todos, lo que pone en entredicho el componente democrático de la política de seguridad", dice el informe.
"La crisis humanitaria y de derechos humanos que provoca el desplazamiento cuestiona el modelo (de seguridad democrática) y llama la atención sobre un salto al vacío, si persiste la guerra interna, el despojo y la no restitución de tierras, la irrupción de nuevas bandas, la diseminación de cultivos ilícitos, la fragmentación de los carteles de la droga y el modelo de desarrollo rural que acentúa la inequidad y profundiza la injusticia social en el campo", se agrega.
En el periodo 1999 y 2007, unos 5,5 millones de hectáreas les fueron sustraídas a 380.000 familias campesinas, según datos de la Encuesta Nacional de Verificación, que hace un seguimiento de la sentencia de tutela T-025, de 2004, emitida por la Corte Constitucional, alto tribunal del Poder Judicial.
La sentencia declaró un Estado de Cosas Institucional y pidió dar cumplimiento integral a los derechos básico de la población en situación de desplazamiento.
Sin embargo, "en 2009 las políticas públicas tampoco lograron superar el Estado de Cosas Inconstitucional", dijo Jorge Rojas, presidente de Codhes. La afirmación confirma la disminución en cinco años de un millón de habitantes rurales, al quedar en 9,3 millones de personas.
"Durante el actual gobierno se registra una reducción de la población rural de por lo menos nueve por ciento, por causas atribuidas a la violencia y la confrontación armada y, en un porcentaje menor, a los modelos de desarrollo rural", continuó Romero.
Entre las causas que mantienen el problema, el informe menciona el resurgimiento de grupos paramilitares que buscan consolidar su dominio sobre las tierras arrebatadas a los campesinos. Además "controlan el narcotráfico, capturan la institucionalidad local e imponen las armas y el dinero como formas de control político", asegura.
En segundo lugar están las zonas en disputa por el dominio territorial en que el Estado desarrolla su ofensiva militar contra las guerrillas, en especial de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que intentan reorganizarse tras los reveses sufridos de los últimos años.
La tercera causa son las fumigaciones aéreas y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en medio de operativos militares.
Estas personas tienen como únicas opciones ingresar a las organizaciones armadas ilegales, desplazarse a las ciudades o países vecinos o cultivar coca o amapolas ante la escasez de alternativas, muchos de ello es parte del eslabón más débil del negocio de las drogas ilícitas.
Otro motivo que empieza a hacerse evidente en grandes proporciones es la violencia urbana, siendo críticas la situación de Antioquia, en especial en su capital Medellín, Valle del Cauca, en su capital Cali, y en Bogotá.
En medio de la situación se mantienen las amenazas constantes a líderes comunitarios y organizaciones que trabajan por el cumplimiento de la ley que protege a la población en situación de desplazamiento. Incluido Codhes.
La esperanza que expresan sus directivos radica en este momento en el llamado que hizo la Corte Constitucional a la totalidad de gobernadores departamentales y alcaldes municipales para conocer la situación de la población desplazada en todo el país.
