Guatemala celebra el décimo tercer aniversario de la firma del acuerdo de paz que puso fin a 36 años de guerra civil, en medio del reclamo social por el lento avance de su cumplimiento, así como del recrudecimiento de la violencia, que deja 16 personas muertas en promedio cada día.
El 29 de diciembre de 1996, el gobierno de Marco Vinicio Cerezo y la guerrilla izquierdista, agrupada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, sellaron en un gran pacto diversos acuerdos de paz firmados desde 1991, que terminaron con más de tres décadas de una guerra civil que dejó 200.000 personas muertas y desaparecidas, en su mayoría indígenas.
Trece años después, existe preocupación en diferentes sectores sociales que perciben que los acuerdos han sido relegados y que los problemas estructurales relacionados con la marginación social persisten en este país centroamericano donde la mitad de sus habitantes son pobres y 17 por ciento son indigentes, según la Organización de las Naciones Unidas.
Con motivo del aniversario del 29 de este mes, el Consejo Ecuménico de Guatemala realizó una ceremonia religiosa a la que no llegó ni el presidente socialdemócrata Álvaro Colom ni el vicepresidente Rafael Espada, y en la cual se criticó la falta de atención de los gobiernos al cumplimiento de los acuerdos de paz.
En el acto celebrado en la catedral metropolitana, los representantes de la Conferencia Episcopal católica, de la Iglesia Luterana, de la Evangélica y de la Conferencia de Religiosos de Guatemala, manifestaron que la injusticia, la desigualdad y el racismo persisten y que aún no se aborda efectivamente la violencia, el crimen organizado y la agresión contra el ambiente.
[related_articles]
De los 13 acuerdos firmados entre la ex guerrilla y el gobierno, el de identidad y derechos de los pueblos originarios es quizás el más rezagado, pese a que 43 por ciento de la población guatemalteca, de 13 millones de habitantes, es de origen indígena, según el censo del Instituto Nacional de Estadística de 1994.
"El tema indígena es el que menos se ha cumplido, apenas un 20 por ciento. Es lógico, no solo se enfrenta el no cumplimiento, sino la estructura machista del Estado, y el racismo y la discriminación que atraviesa la sociedad guatemalteca", dijo a IPS el director ejecutivo del Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala, Ricardo Cajas.
La lucha contra la discriminación, la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, el fomento de los valores culturales y el reconocimiento de los idiomas originarios son algunos de los puntos plasmados en ese acuerdo alcanzado por las partes en México en 1995.
Uno de los pocos avances conseguidos en este ámbito es una mayor apertura en la participación política. Actualmente se tramitan 16 iniciativas de ley en el Poder Legislativo, todas propuestas por grupos originarios, según el dirigente indígena.
Para Cajas, la única forma de lograr un país más justo, donde se reconozca con responsabilidad la pluralidad cultural, jurídica y religiosa, es a través de una reforma constitucional.
La antropóloga de la etnia kiché, Irma Alicia Velásquez, dijo a IPS que es necesario hacer una evaluación de los acuerdos para verificar lo que se ha avanzado y rescatar los puntos "valiosos".
A su juicio, los acuerdos de paz tienen límites en sí mismos y es difícil que ellos solos puedan cambiar problemas estructurales del país. "Como parte del acuerdo de derechos indígenas se creó la Defensoría de la Mujer Indígena. Pero, ¿mejoró la vida de estas mujeres?", se preguntó.
Como en este caso, algunas instituciones creadas a raíz del tratado, no están dando los resultados esperados porque no están cumpliendo con sus funciones, acotó la antropóloga.
Otro de los acuerdos firmados entre la ex guerrilla y el gobierno abordaba aspectos socioeconómicos y la situación agraria. Además del mejoramiento de la educación y la salud, contemplaba facilitar el acceso a la vivienda y la tierra.
"Este acuerdo proponía la creación de instituciones como el Fondo de Tierras, pero, ¿ha resuelto el tema agrario? No, porque el tema de la tierra lo planteaba desde una perspectiva de mercado", señaló Velásquez.
En Guatemala, alrededor de 80 por ciento de la tierra productiva sigue en manos del cinco por ciento de la población, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
La especialista cree que todos los sectores sociales del país, incluidos los indígenas, empresarios, organizaciones de la sociedad civil y otros, deben evaluar los acuerdos. "Estoy casi segura que habrá coincidencias", dijo.
Si bien el enfrentamiento armado interno ha culminado, la violencia sigue aumentando "en tiempos de paz".
El secretario de la Paz, Orlando Blanco, dijo durante los actos del 29 de este mes que actualmente la inseguridad y la desigualdad son sus principales enemigas, aunque el gobierno hace lo posible por contrarrestarlas.
El Grupo de Apoyo Mutuo, una organización de derechos humanos que mantiene el monitoreo de los actos de violencia en el país, precisó que hasta noviembre se registraron 3.615 asesinatos, mientras que en 2008 la cifra total fue de 3.305.
Según estadísticas de la policía, en promedio 16 personas mueren cada día por hechos violentos en todo el país.
"En materia de seguridad y justicia, mucho de lo que los acuerdos de paz sintetizaban siguen siendo grandes vacíos. El gran avance que hemos tenido tiene que ver con aspectos formales, como la creación de instituciones claves, aunque muchos de sus objetivos siguen sin cumplirse", dijo a IPS el subdirector del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, Renzo Rosal.
Otro de los acuerdos suscritos fue uno de fortalecimiento del poder civil y funcionamiento del ejército en una sociedad democrática.
Este dio vida a la Policía Nacional Civil y promovió la reforma y modernización del sistema de justicia, aunque el país muestra 98 por ciento de impunidad, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un órgano independiente de apoyo al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado.
Según Rosal, cuanto más lejos se está de la fecha de la firma de los acuerdos de paz, más se olvidan los gobiernos de cumplirlos. "Ha sido más fácil y tentador atender los problemas coyunturales y no estructurales", dijo.
El analista calificó de "dramático" el hecho de que los gobiernos no cumplan la agenda de la paz porque se trata de los grandes acuerdos nacionales que han marcado una ruta para el desarrollo social y económico.
Héctor Nuila, diputado por la izquierdista Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, dijo a IPS que el Estado sigue mostrando falta de voluntad política para acatar los pactos, especialmente el socioeconómico, el de los pueblos indígenas y el del fortalecimiento del poder civil.
"Si solo se deja a la voluntad política del Estado, no se cumplen, por lo tanto los acuerdos de paz siguen siendo banderas de lucha para las organizaciones sociales y populares", dijo.
A pesar de ello, Nuila planteó que en estos 13 años han mejorado las condiciones para la participación política, lo cual se observa en el gran aumento de organizaciones sociales, campesinas, indígenas y de mujeres. Asimismo, reconoció, si bien la represión no ha desaparecido, ha dejado de ser una política de Estado.
