El intento de una pareja de homosexuales argentinos de celebrar una boda para la cual habían obtenido respaldo de la justicia, terminó en protesta luego de un fallo contrario de último momento.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires se declaró "impedido" de celebrar el matrimonio el 1 de este mes en el registro civil debido a la presentación de un fallo judicial que reclamó la "nulidad" de una sentencia previa que avalaba la boda.
El nuevo dictamen sostiene que la jueza de la ciudad que declaró inconstitucionales los artículos del Código Civil que exigen una pareja de distinto sexo para el matrimonio, no tiene jurisdicción para ese pronunciamiento.
La magistrada Gabriela Seijas insistió en sus argumentos en el registro civil mientras la pareja esperaba para casarse, pero el gobierno del distrito se declaró inhibido y derivó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"Ante el conflicto planteado entre dos jueces de distintas jurisdicciones se instruyó al procurador de la ciudad para recurrir a la Corte Suprema de Justicia en defensa de la autonomía de la ciudad y de la justicia local", sostuvo el gobierno en un comunicado.
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"Hasta tanto la Corte no se expida, el gobierno porteño está impedido de realizar el casamiento de Alex Freyre y José María Di Bello", anunció. La suspensión decepcionó a quienes habían asistido al acto.
El casamiento de parejas del mismo sexo, que ya existe en algunos países como España, iba a ser el primero en América Latina, y por eso había concitado una gran atención internacional.
Organizaciones que representan a minorías sexuales, humanitarias como las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y legisladores presentes en la frustrada boda anunciaron una marcha de protesta contra el gobierno comunal.
Según una encuesta de la firma Analogías, 66 por ciento de personas entrevistadas se manifestaron a favor de legalizar el matrimonio homosexual, y 57 por ciento de quienes se calificaron como católicos rechazaron la postura de la Iglesia contraria al casamiento entre personas del mismo sexo.
Freyre y Di Bello, que conviven desde hace cuatro años, habían intentado casarse en abril, pero el registro civil se negó a inscribirlos. Entonces la pareja presentó en mayo un recurso de amparo ante la justicia.
En ese recurso argumentaron que la carta magna establece que todas las personas son iguales ante la ley y que el código civil —que condiciona el matrimonio a que se celebre entre una pareja heterosexual— viola esa igualdad jurídica.
La Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FLGBT), a la que pertenecen Freyre y Di Bello, reclamó una ley que habilite el matrimonio homosexual. Dos proyectos están en debate en la cámara baja.
En diálogo con IPS, Di Bello explicó por qué no aceptan legalizar su vínculo mediante la unión civil, una institución vigente en la ciudad de Buenos Aires y que permite la formalización de parejas del mismo sexo.
"Queremos los mismos derechos con los mismos nombres", sintetizó Di Bello. "Estamos peleando por la igualdad jurídica. Si las parejas heterosexuales tienen la opción de matrimonio o la unión civil, para nosotros debe ser igual", añadió.
Con ese mismo argumento, dos parejas de lesbianas habían presentado amparos ante la justicia hace dos años. Ambas recibieron fallos contrarios al matrimonio en primera y segunda instancia, pero ahora confían en la Corte Suprema.
"Estamos convencidas de que la Corte nos va a dar la razón", dijo a IPS María Rachid, que espera desde hace dos años para casarse con Claudia Castro. Ellas, al igual que Freyre y Di Bello, son parte activa de la FLGBT.
Con estos antecedentes, Freyre y Di Bello no pensaron que su presentación tendría respuesta positiva y rápida. La jueza Seijas les dio la razón en noviembre y, a pesar de las quejas de la jerarquía de la Iglesia Católica, el gobierno se abstuvo de apelar el fallo.
La respuesta entusiasmó a muchos que se apuraron a preparar recursos. "Tenemos cerca de 30 pedidos de parejas que van a reclamar su derecho a casarse", contó Rachid.
Freyre y Di Bello se inscribieron para casarse el martes 1 de diciembre, cuando se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Sida ya que los dos son activistas de esta campaña. Pero, en la víspera, un nuevo fallo judicial puso freno a la ceremonia.
La jueza Marta Gómez pidió la nulidad de lo actuado por su par Seijas. El nuevo dictamen respondió a un recurso presentado por abogados católicos. Aún así la pareja se presentó ante el registro civil y reclamó que se celebrara el casamiento.
"No nos movemos de aquí hasta que nos casen", desafió Freyre. "Nuestras familias también valen. Estamos muy emocionados y muy decididos. Queremos la igualdad jurídica", insistió.
La jueza Seijas advirtió que consideraría un "desacato" el incumplimiento de su dictamen. Pero el gobierno de la ciudad prefirió asegurarse de que la boda no se lleve a cabo sin obtener el aval del máximo tribunal.
