La situación de los derechos humanos en Zimbabwe es objeto de escrutinio esta semana en un ámbito peculiar: el Proceso de Kimberley, esquema integrado por decenas de gobiernos para impedir el comercio de diamantes cuya explotación alienta guerras.
La semana pasada, el asunto volvió a la luz pública, cuando una red de organizaciones humanitarias advirtió a la comunidad internacional que Zimbabwe cometía violaciones de derechos humanos en la extracción de diamantes.
Al mismo tiempo, las autoridades del país africano abortaron en el aeropuerto de Harare la visita el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura, Manfred Nowak, quien había sido invitado por el primer ministro y líder de la oposición, Morgan Tsvangirai.
Antes de la deportación de Nowak, ocurrida el miércoles 28 de octubre, Tsvangirai había roto relaciones con el presidente Robert Mugabe.
Al llegar a Johannesburgo desde Harare, el funcionario internacional sostuvo que Mugabe "no cree que sea buena cosa que un experto independiente en derechos humanos evalúe la situación de la tortura y el maltrato" a opositores en el país africano.
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El diario zimbabwo The Herald, de propiedad estatal, consideró que Nowak trataba de "irrumpir en el país".
El mismo periódico, pero el martes de esta semana, atribuyó a "una campaña liderada por Occidente" las quejas por los "no comprobados abusos de derechos humanos en los campos de diamante del este de Zimbabwe", que han detonado en la reunión anual del Proceso de Kimberley, en curso en la ciudad namibia de Swakopmund.
La Coalición de la Sociedad Civil para el Proceso de Kimberley había indicado la semana pasada que los países integrantes del esquema deberían suspender las importaciones desde Zimbabwe.
El Proceso fue lanzado en Sudáfrica por varios gobiernos en 2000, cuando sus representantes se reunieron para estudiar estrategias que permitieran detener el comercio ilegal de los "diamantes sangrientos" cuya venta solventa diversas guerras.
La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil preocupadas por este asunto consideran que, al introducir en 2003 normas internacionales para certificar el origen de los diamantes en los mercados, el Proceso de Kimberley produjo beneficios tangibles.
En los últimos dos decenios, las ganancias por la venta de diamantes sangrientos sirvieron para financiar guerras civiles y grupos armados ilegales en países como Angola, Costa de Marfil, República Democrática del Congo y Sierra Leona.
Las instituciones integrantes de la Coalición de la Sociedad Civil, entre las que figuran Global Witness, Partnership Africa Canada y la liberiana Green Advocates, reclamaron a las naciones del Proceso de Kimberley reprobar con acciones los abusos de derechos humanos que, aseguran, rodean el sector diamantífero zimbabwo.
"Desde el descubrimiento en 2006 de importantes aluviones minerales en Marange, en el oriente de Zimbabwe, el control del sector diamantífero ha sido inexistente y comunidades ubicadas dentro y alrededor de los campos han soportado una serie de brutales medidas para restaurar el control estatal sobre el área", según Global Witness.
"Las autoridades no detuvieron los abusos de los militares, ni impidió que éstos se lucraran del tráfico ilícito de diamantes, consintiendo —y tal vez hasta alentando— el saqueo y la violencia contra los civiles", indica el informe de la organización no gubernamental.
No actuar ante los abusos en Zimbabwe pondría en tela de juicio la legitimidad del sistema de certificación de "diamantes libres de conflicto" realizado por el Proceso de Kimberley, agrega.
La Coalición de la Sociedad Civil también exhortó al Proceso a vincular su certificación al respeto de los derechos humanos, acelerar la adopción de sanciones, establecer un sistema estadístico y de investigación independiente y asegurarse de que el dinero obtenido por el comercio diamantífero sea, en parte, usado para promover el desarrollo de las comunidades en cuyos territorios se extraen estos minerales.
"Nos preocupa que el Proceso de Kimberley resulte cuestionado en su credibilidad porque los gobiernos no muestran voluntad de tomar acciones contra países que incumplen los requisitos mínimos", dijo a IPS la directora de la oficina de Global Witness en Estados Unidos, Corinna Gilfillan.
"Dados los desafíos que encontramos en nuestras gestiones por la suspensión de Zimbabwe, creemos que debería haber criterios más específicos para garantizar el respeto de los derechos humanos en el sector diamantífero", agregó.
La Federación Mundial de Bolsas de Diamantes, que regula el comercio mundial de esas gemas, aconsejó en abril a sus 28 afiliadas "tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que no comercien, ni directa ni indirectamente", las procedentes de Marange.
Una misión del Proceso de Kimberley informó en julio que Zimbabwe no estaba cumpliendo los principios del esquema, y recomendó que no se le permitiera al país exportar o importar diamantes hasta que otro equipo constate si hubo un cambio de actitud.
El equipo constató graves violaciones de los derechos humanos desde que las Fuerzas Armadas tomaron control de los campos diamantíferos de Marange el año pasado.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch aseguró en junio que soldados se lucraban de la extracción de diamantes y habían asesinado a fines del año pasado a buscadores informales de gemas en Marange.
"La minería diamantífera en el este de Zimbabwe no está ayudando de ningún modo a la recuperación económica del país ni aporta al país de los recursos que tanto necesita. Gran parte de las ganancias son desviadas a socios del gobierno o de los militares", dijo a IPS el director de campañas de la organización humanitaria estadounidense Africa Action, Briggs Bomba.
Asisten a la conferencia anual del Proceso de Kimberley 48 representantes de 74 países entre los que figuran los grandes productores, exportadores e importadores de diamantes en bruto.
