José, de 46 años y vendedor ambulante de alimentos en la capital salvadoreña, se manifiesta contento de que el gobierno izquierdista de Mauricio Funes haya decidido sacar al ejército a realizar labores policiales, como una medida extrema para enfrentar la alta criminalidad.
"Desde hace tiempo lo venía pensando que lo hicieran, porque la verdad necesitamos más presencia de la autoridad, es positivo", dice a IPS José, quien recuerda las veces que pandilleros le han exigido dinero y, como él no tenía, les debió entregar varias quesadillas, como se llaman aquí los pastelitos dulces a base de queso que vende.
"La gente ya no aguanta a los delincuentes", agrega.
El presidente Funes, quien llegó al gobierno el 1 de junio de la mano del otrora guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, informó que 2.500 soldados iniciaron tareas de seguridad pública a partir del 6 de este mes y por un período de seis meses, al final del cual rendirá un informe al Congreso legislativo de los resultados de la medida.
Esos efectivos se sumarán a los 1.300 que ya dan apoyo a los policías en el marco de los llamados Grupos Conjuntos de Apoyo a la Comunidad, una versión reciclada del nuevo gobierno de los Grupos de Tarea Conjunta (GTC) que arrancaron en las administraciones pasadas.
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Ante críticas sobre esta decisión, Funes lo justificó en el artículo 168 de la Constitución, que le permite, según indicó, hacer un uso excepcional del ejército para labores de seguridad pública.
Los soldados se desplegarán en los 19 municipios que muestran los más altos índices de delincuencia, ubicados en los departamentos de Sonsonate, la Libertad, Santa Ana, San Salvador y San Miguel. El mandatario, no obstante, no quiso dar detalles de cuáles eran esos distritos. "Si usted, al delincuente le dice, dónde va operar y cómo va operar y con qué modalidad, sencillamente se prepara, y justamente eso es lo que no queremos", dijo Funes, en conferencia de prensa.
El Salvador es uno de los países con más altos índices de homicidios, en el orden de 52 por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio en América Latina es de 25 por cada 100.000 habitantes.
En lo que va del año van ya 3.673 asesinatos, 494 más que en el mismo período de 2008, según cifras policiales.
Lo novedoso de la medida es que los soldados podrán ahora detener y registrar a personas, y también montar retenes en las carreteras, algo que no hacían desde los años de la guerra civil (1980-1992).
"La Fuerza Armada va a poder participar en registros, cateos, retenes, capturas en flagrancia", explicó Funes.
"Por supuesto que no se quedará con los capturados, los detenidos pasarán a la orden de la Policía Nacional Civil, y la Fuerza Armada deberá de documentar el proceso de detención a fin de no infringir ninguna norma legal", añadió.
Así como el vendedor ambulante, la mayoría de las personas parecen apoyar la medida a juzgar por las reacciones que los medios de comunicación han obtenido de los y las salvadoreñas.
Según un sondeo del matutino El Diario de Hoy, conocido el 3 de este mes, 93,2 por ciento de los entrevistados respaldan la salida del ejército a las calles para frenar los crímenes.
Pero esa combinación de soldados y policías, independiente del número, aún no prueba ser efectiva.
La Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), que aglutina a organizaciones defensoras de los derechos humanos de la región, sostuvo en un comunicado que los soldados puestos a tareas de seguridad han sido ineficaces para disminuir los índices de criminalidad.
"Pese a la creación de los Grupos de Tarea Conjunta (la modalidad anterior de patrullajes combinados de policías y soldados), la cantidad de homicidios se ha elevado y la PNC no ha superado los obstáculos que le impiden mejorar su capacidad investigativa", señaló en un comunicado emitido el 26 de octubre, una semana antes del anuncio de Funes.
Recurrir a militares para que realicen labores específicas policiales es un fenómeno que se ha venido observando en varios países latinoamericanos, como en México y Guatemala, entre otros.
En países donde se le ha apostado fortísimo al ejército para combatir del crimen, como México, agobiado por el fenómeno del narcotráfico, los efectivos militares se han visto envueltos en casos de violaciones a los derechos humanos.
Un reporte de este año elaborado por la organización estadounidense Rand Corporation, señala que el gobierno mexicano del conservador Felipe Calderón ha despachado unos 40.000 efectivos a las zonas de mayor incidencia de los carteles de las drogas.
Pero la participación de militares en operaciones antidrogas ha despertado preocupación en grupos defensores de los derechos humanos.
El reporte cita que en julio del 2008 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estatal pero independiente, elaboró un informe en el que documentó 983 quejas de ciudadanos contra los militares desde que Calderón llegó al gobierno en diciembre de 2006. También indica que 75 por ciento de esas quejas estaban vinculadas al accionar antidrogas de unidades del ejército.
La Comisión recomendó a Calderón que los militares no llevaran a cabo labores de policías. Urgió también a establecer una fecha para removerlos de esas tareas.
También el periódico estadounidense The Christian Science Monitor reportó en junio de 2008 que alrededor de 300 reclamos se contabilizaron en los primeros cinco meses de ese año contra los militares, citando también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La mayoría de los reclamos involucran mal comportamiento y registros ilegales, pero algunos incluyen graves delitos contra las personas, como violaciones sexuales y torturas.
También Guatemala vive una ola de criminalidad muy parecida a la de El Salvador. De hecho, estos dos países más Honduras conforman una región que muestra los indicadores más altos de crímenes violentos no políticos en el mundo, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), conocido a fines de octubre.
La cifra de homicidios en toda América Central es en promedio de 33 por cada 100.000 habitantes en 2008. Pero, como ya se dijo, en países como El Salvador los números se disparan a 52 por cada 100.000 habitantes.
Guatemala también ha recurrido a las Fuerzas Armadas como mecanismo de combate contra el crimen. A fines de octubre, IPS reportó que 1.000 militares serían enviados a la zona del Quiché para combatir el flagelo.
El Informe Anual 2009 de Amnistía Internacional, sobre Guatemala, señaló que hay indicios de que militares, en servicio o no, están implicados en asesinatos.
Esta organización no gubernamental con sede en Londres menciona los casos de dos jóvenes, uno de 17 años y otro de 23, que en enero fueron encontrados a la orilla de una calle capitalina con señales de haber sido estrangulados y luego rematados con disparos en la cabeza efectuados a corta distancia.
Durante la guerra civil salvadoreña, que dejó unos 70.000 muertos, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una política abierta de asesinatos de militantes izquierdistas, aunque su imagen había mejorado y se percibía respetuosa de las leyes tras los Acuerdos de Paz de 1992.
En El Salvador existe el riesgo de que haya violaciones a los derechos humanos por parte de militares en la medida en que los efectivos entren cada vez más en contacto con la población y por tiempos prolongados, advierten expertos.
"Como posibilidad no podemos descartarla", dijo a IPS Salvador Menéndez, director en funciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
"Pero las Fuerzas Armadas se están jugando mucho su prestigio en esta decisión, por tanto tienen que ser muy cuidadosos de que los procedimientos estén muy apegados a derechos humanos", agregó.
