Andrea C. tenía ocho años cuando dos mujeres la sacaron de su casa en el norte de la capital mexicana, en septiembre de 2005. Cuatro años después, la niña sigue desaparecida.
Un proyecto multinacional para el uso del ADN (ácido desoxirribonucleico) del que México forma parte, podría ayudar a identificarla y hallarla. Pero para ello este país norteamericano debe erigir un andamiaje legal que facilite la recopilación de datos, el rastreo de las víctimas y la persecución penal de ese tipo de delitos.
La iniciativa DNA – Prokids, promovida en 2004 por el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada, España, pretende luchar contra el tráfico de seres humanos mediante la identificación genética de las víctimas y sus familiares, especialmente de los menores de edad.
"Buscamos aportar una información de excepcional valor sobre orígenes, rutas y medios de comisión del delito a las fuerzas policiales y judiciales e inteligencia policial", explicó a IPS el español José Lorente, director del Laboratorio de Identificación Genética, adscrito al Departamento de Medicina Legal, y uno de los responsables del proyecto.
El ADN contiene información genética única de cada ser humano, que se conforma con la herencia transmitida de padres a hijos. Al obtener y comparar los perfiles genéticos se puede vincular a los vástagos con sus progenitores.
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DNA-Prokids aspira a "promover una colaboración internacional sistemática y automática a través de la integración en una misma base de datos mundial de datos genéticos" para lograr reintegrar a los niños desaparecidos a sus familias gracias a la comparación de su ADN, y combatir las adopciones ilegales y el tráfico de personas, especialmente de niñas, niños y mujeres.
Otro de sus objetivos es analizar y proponer una base legislativa común para abordar este problema.
Varias instancias se sumaron a la iniciativa, entre ellas el Centro de Identificación Humana del Centro de Ciencias de la Salud de la estadounidense Universidad del Norte de Texas.
El Laboratorio de Identificación Genética adquirió celebridad por haber ayudado a identificar a restos de víctimas de la Guerra Civil Española (1936-1939), por ejemplo los del poeta Federico García Lorca (1898-1936).
DNA-Prokids ha permitido identificar a unos 212 niños, muchos de los cuales han vuelto a sus familias, aunque no hay cifras específicas por país, pues muchos de los expedientes se encuentran aún bajo investigación.
En México han desaparecido entre 100.000 y 500.000 infantes en los últimos cinco años, según estimaciones de organizaciones no gubernamentales. La falta de un banco nacional de datos de niños secuestrados o desaparecidos dificulta la medición de estos delitos.
"Este año la situación se ha agravado, ha aumentado la cantidad de niños robados", señaló a IPS Elena Solís, presidenta de la no gubernamental Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, dedicada a difundir los casos y a recuperar a los menores desaparecidos.
En la capital mexicana, el gobierno del izquierdista Partido de la Revolución Democrática emplea la Cartilla (cédula) de Identidad Infantil para construir una especie de padrón de bebés nacidos en este distrito. A la fecha, las autoridades citadinas han entregado cerca de un millón de cédulas que contienen una fotografía y las huellas dactilares.
Pero en este país de más de 107 millones de habitantes hay aproximadamente un millón de menores de 18 años sin acta de nacimiento, por lo cual no existen legalmente y están expuestos a delitos como la trata de personas o las adopciones ilegales.
"Está bien que se avance en este tipo de instrumentos para no sólo tener la capacidad de identificación sino garantizar su integridad, pero se necesita un marco legal para garantizar la identificación de los niños", planteó a IPS Saúl Arellano, director de investigación del no gubernamental Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, uno de cuyos temas de trabajo es la trata de personas.
Aunque no hay cálculos oficiales fidedignos, se estima que entre 20.000 y 50.000 personas caen anualmente en las redes dedicadas al tráfico en México, mientras que en el mundo esa cifra alcanza a unos cuatro millones de personas.
La trata consiste en el sometimiento, mediante engaño, a explotación laboral o sexual u otras formas de esclavitud, con o sin traslado de las víctimas fuera de fronteras. En México, entre las actividades relacionadas con esta industria criminal aparecen el trabajo doméstico, la prostitución, las labores agrícolas temporales y la extracción de órganos vitales.
El Código Penal mexicano no tipifica como delito el robo de infantes, lo que dificulta su persecución. En cambio, existe la figura del secuestro.
En 2007, el Senado aprobó un proyecto de ley al respecto, que no completó el trámite parlamentario. Es posible que el nuevo parlamento, que asumió el 1 de septiembre, retome esa iniciativa.
La Universidad de Granada y la Procuraduría (fiscalía) General de la República firmaron en 2006 un convenio de desarrollo del programa DNA-Prokids.
"La importancia de México es doble, por ser un país grande y de tránsito hacia Estados Unidos, y por haberse comprometido con la iniciativa desde el principio", afirmó Lorente.
Con DNA-Prokids se pretende crear dos tipos de archivos. Uno es la llamada base de datos cuestionada, que contiene códigos genéticos de menores y de mujeres que son encontrados fuera de sus hogares y bajo alguna forma de explotación económica, laboral o sexual, en adopciones ilegales o en las calles.
La segunda es la base de datos de referencia o familiar, que archiva el perfil genético de familiares, preferiblemente de madres, de los infantes que han desaparecido y que pueden ser víctimas de los delitos mencionados.
"El objetivo es comparar las dos bases de datos y conseguir identificaciones positivas que permitan reunificar a los menores con sus familias o, en cualquier caso, tenerlos perfectamente identificados, evitando que puedan ser víctimas de tráfico porque ni siquiera se sepa quiénes son", explicó Lorente.
Las organizaciones no gubernamentales plantean la creación de un sistema de alerta temprana que se active en cuanto se presenta una denuncia por desaparición de un niño.
Esa propuesta busca emular el esquema aplicado en Estados Unidos y conocido como Alerta AMBER (siglas de America's Missing: Broadcast Emergency Response), una asociación voluntaria entre entidades policiales, medios de comunicación y de transporte para emitir boletines urgentes destinados a solicitar la ayuda del público apenas se denuncia la desaparición de un niño.
El nombre también es un homenaje a Amber Hagerman, una niña estadounidense de nueve años que en 1996 fue secuestrada y brutalmente asesinada en la ciudad de Arlington, en el sureño estado de Texas, fronterizo con México.
A raíz de ese suceso, el Congreso legisló en 2003 para extender a todo el territorio de esa nación el sistema de alerta para prevenir y combatir el secuestro de menores.
La ley mexicana determina que deben pasar 72 horas para que las autoridades puedan iniciar la búsqueda. "En ese lapso el niño ya está en Tailandia", criticó Arellano, en referencia a la notoriedad de ese país asiático como paraíso de la prostitución infantil.
"Desde hace años hemos pedido una ley contra el robo de niños, esperamos que el nuevo Congreso nos escuche", subrayó Solís.
En la reunión internacional científica de DNA-Prokids celebrada en Granada los días 26 y 27 de octubre, los participantes de 13 países y de la Organización de las Naciones Unidas acordaron el uso de protocolos comunes para la toma y custodia de muestras biológicas y el diseño y elaboración de un programa informático para el manejo de base de datos adaptado a las necesidades de esta iniciativa.
En palabras de Lorente, a partir del protocolo científico en marcha, se pasará a un protocolo internacional para extender el empleo del ADN en el combate a la trata de personas.
"El problema de un sistema de ADN es en manos de quién están los datos. Si la policía y la Procuraduría han sido infiltradas por el crimen organizado, es un enorme riesgo que sean ellos quienes las manejen, porque no hay garantía de que se hará con privacidad y transparencia", alertó Arellano, en referencia a los problemas de corrupción mexicanos, agravados por la influencia de las mafias de la droga.
En México la fase operativa del proyecto se iniciará con la realización de análisis sistemáticos de los casos sospechosos. En abril se llevará a cabo una nueva reunión internacional de DNA-Prokids para evaluar el avance del proyecto.
