La asignación de casi 50 dólares para cada menor de 18 años cuyos padres o tutores estén sin empleo o en la economía informal, dispuesta por el gobierno argentino a partir de diciembre, es considerada por expertos un avance extraordinario en materia de política social, más allá de críticas puntuales.
"Hay una gran cantidad de familias que necesitaban un ingreso complementario y ahora lo van a recibir", dijo a IPS el economista Rubén Lo Vuolo, investigador del Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas de Argentina e integrante de la Red Mundial de Renta Básica.
"Esto marca un hito en la política social argentina", enfatizó este experto, uno de los que bregaba por la creación de un régimen de asignación universal para los niños y niñas de Argentina.
Para Lo Vuolo, la estrategia es "original", y "por la generosidad" del monto coloca al país entre los primeros en América del Sur en materia de iniciativas que reconocen el derecho al ingreso a sectores sociales vulnerables, como menores pobres y ancianos. También Uruguay cuenta desde 2007 con un régimen y montos similares para menores de 18 años.
El economista Claudio Lozano, diputado de la agrupación centroizquierdista opositora Proyecto Sur, admitió a IPS que la asignación "amplia la cobertura a menores excluidos del sistema" y en ese sentido "es muy importante".
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La gran mayoría de los empleados registrados cobran desde hace décadas una asignación mensual por cada hijo en edad escolar, que se paga con el salario, pero los trabajadores informales y los desocupados no lo podían hacer hasta ahora, recordó.
Sin embargo, estos observadores y otros también tienen reparos. Cuestionan, por ejemplo, que la medida no tenga un alcance universal. Además ponen en duda la validez de las condiciones fijadas por el Estado para percibir la asignación, que consisten en exigir a los padres certificados de escolaridad y vacunación de sus hijos.
La asignación debería ser universal, dicen, para que, si el padre o la madre del menor beneficiado cambian su situación laboral, no haya riesgo de que el niño o niña pierda la renta.
La universalidad consiste en la asignación de un ingreso básico para cada ciudadano, aunque el beneficiario no quiera trabajar de forma remunerada y más allá de su condición social o con quien conviva. Se trata de una herramienta social que reemplazaría las actuales transferencias condicionadas de ingresos.
Por otra parte, los especialistas y políticos consultados critican la fuente de financiamiento del programa, que usará recursos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), encargada de recaudar los aportes jubilatorios y de pagar las pensiones. También que se haya impuesto por decreto en lugar de hacerlo por ley, lo cual le daría mayor certeza de continuidad.
Una medida de este tipo era reclamada por casi todo el espectro político, por la Iglesia Católica y por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), una de las dos agrupaciones de sindicatos y de tendencia centroizquierdista,
El gobierno de Cristina Fernández, del ala centroizquierdista del Partido Justicialista (peronista), se avino a crear la "Asignación Universal por Hijo para Protección Social" de 180 pesos mensuales (48 dólares), como forma de atender la urgencia social de miles de niños, niñas y adolescentes marginados del sistema social.
El beneficio es mayor que el que se paga en Brasil mediante el programa Beca Familia, que otorga el equivalente a entre 8,5 y 76 dólares por mes a cada familia pobre, sujeto a la escolarización de los niños y otros requerimientos. Pero, al igual que la del país vecino, la transferencia argentina no es estrictamente universal.
Está dirigida a niños y niñas menores de 18 años, y a discapacitados sin límite de edad, cuyos padres acrediten estar desocupados o tengan un empleo no registrado, siempre que su ingreso informal no supere el salario mínimo que está hoy fijado en el equivalente a unos 390 dólares mensuales. También quedan cubiertos los hijos de trabajadores rurales y del servicio doméstico. Además, las familias pueden percibir el beneficio hasta un número de cinco hijos.
Se entiende que las familias que tienen otros planes de asistencia con una asignación menor a la dispuesta ahora, como el plan jefes y jefas de hogar que hoy ronda los 150 pesos (40 dólares), se pasaran al que regirá por decreto a partir del 1 de diciembre.
Según estadísticas oficiales, puestas en duda por denuncias de expertos y de la oposición sobre la supuesta manipulación de los datos desde 2007, el desempleo abierto alcanza en la actualidad a 8,8 por ciento de la población económicamente activa. Y dentro del universo de los que trabajan, más de 40 por ciento lo hace sin estar registrado, o sea sin aportes a la seguridad social.
Si bien el decreto de la nueva asignación no se reglamentó y aún hay dudas sobre su alcance, se estima que la medida podría beneficiar a 5,4 millones de niños y niñas, un total cercano al número de menores pobres. Según la CTA, 47 por ciento de los menores de 18 años son pobres en Argentina, lo cual hace un total de 6,3 millones.
El decreto reconoce que, si bien en los últimos años la economía registró un fuerte crecimiento al igual que el empleo y con ello cayó la pobreza y la indigencia, "subsisten situaciones de exclusión que resulta necesario atender". Fernández también destaca en el texto que "los más diversos sectores políticos y sociales" reclamaban una medida de este tipo "para los más vulnerables".
No obstante, aún entre los que apoyaban alguna de las iniciativas que contemple la transferencia directa de ingresos, la idea era debatir las distintas alternativas en el parlamento y sancionar el beneficio por ley y no por un decreto que pueda ser fácilmente derogado o modificado.
"Se había avanzado mucho en el consenso de universalizar un beneficio de este tipo y debió hacerse por ley", declaró Lozano. "De esta manera, se perdió la oportunidad de instituir un nuevo derecho a una renta básica para todos los niños, sin depender de la voluntad de un gobierno determinado", argumentó.
Los promotores de esta iniciativa sostienen que para que el derecho sea universal debió derogarse la actual ley de asignaciones familiares por la cual el Estado paga una prestación monetaria por cada hijo en edad escolar de primaria o secundaria a los trabajadores registrados que ganan salarios de hasta 4.800 pesos por mes (1.260 dólares).
También debió eliminarse la exención impositiva que beneficia a los que tienen ingresos superiores a ese tope y tienen hijos menores a cargo.
La legislación vigente reconoce no sólo el derecho de los trabajadores formales a percibir un ingreso del Estado por cada hijo menor de 18 años, sino que beneficia a los que ganan más de 4.800 pesos con la deducción del pago del impuesto a las ganancias si tienen hijos en edad escolar.
Es decir que hasta ahora el Estado otorgaba un subsidio indirecto a los hijos de los trabajadores mejor remunerados. La nueva asignación complementaria para hijos de desocupados y trabajadores informales no haría más que complementar el universo de los alcanzados por la ley en vigor, aunque deja algunos resquicios.
Los críticos consideran que para evitar la discrecionalidad, era mejor conceder la renta a todos los niños, sin fraccionar por la situación laboral de los padres.
Por su parte, se cuestiona que los fondos que se destinarán a la asignación, estimado en unos 2.600 millones de dólares al año, provengan de la ANSES que es la institución que se financia con aportes y contribuciones de los trabajadores activos.
Las autoridades de la ANSES sostienen que los fondos recaudados generan utilidades que serán destinadas a este nuevo plan. Pero los críticos señalan que, si hay ganancias en esos fondos, lo más legítimo sería aumentar el monto de las pensiones, extenderlas a quienes no las perciben, o afrontar el pago de numerosos juicios por jubilaciones mal liquidadas que fueron ganados en la justicia y aún están impagos.
La CTA, de la que Lozano forma parte, hubiera preferido que la asignación se solvente mediante una reforma impositiva que cambie un sistema considerado regresivo, porque exceptúa, por ejemplo, a las ganancias de capital, como son las rentas de acciones, depósitos bancarios y operaciones inmobiliarias.
Finalmente, las fuentes consultadas dudan de la efectividad de las condiciones exigidas para recibir el beneficio. Para Lo Vuolo, se trata de un "mecanismo represivo", porque amenaza con quitar la asignación al menor que abandone la escuela o que no se vacune. "No es justo, porque si eso ocurre no será su culpa", criticó.
En cambio, Lozano consideró que "no está mal" que se controle la escolaridad y la vacunación de los menores, pero planteó para ello que el Estado asuma su "corresponsabilidad" en el cumplimiento y que lo haga también con los hijos de los trabajadores registrados que perciben una asignación sin condicionamientos.
