Un caso de abusos cometidos supuestamente por las Fuerzas Armadas mexicanas llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se suma a la larga lista de acusaciones contra el ejército de este país norteamericano.
Como parte del 137 Período de Sesiones de la CIDH, que se inició el lunes en Washington, se celebrará este jueves la audiencia "Seguridad pública y derechos humanos en Tijuana, Baja California", en la que activistas y familiares de agraviados denunciarán violaciones a derechos humanos cometidas supuestamente por soldados mexicanos.
"Queremos denunciar lo que está ocurriendo, las consecuencias del modelo de seguridad pública que son generalizadas en todo el país, pero que han tenido consecuencias específicas en ciertas zonas, como Tijuana", en el extremo noroccidental del país, dijo a IPS el activista Humberto Guerrero, director del área de defensa de la no gubernamental Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), una de las denunciantes.
La audiencia —una de las cinco que se celebrarán este jueves con denuncias contra México— ventilará el caso de un grupo de policías municipales del norteño estado de Baja California que fueron detenidos y torturados por integrantes del ejército.
Desde mayo, 25 policías municipales de Tijuana, capital de Baja California, se encuentran detenidos en una prisión de máxima seguridad en el occidental estado de Nayarit, acusados de trabajar para el Cartel de Tijuana, una de las bandas que se disputan el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
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La CMDPDH y la no gubernamental Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), con sede en Tijuana, solicitaron la audiencia el 8 de agosto. El 5 de octubre, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed, notificó su aceptación.
"Esperamos que se siente un precedente para posteriormente ingresar la petición de admisibilidad de los casos", dijo a IPS Raúl Ramírez, director de la CCDH y ex defensor del Pueblo (ombudsman) de Baja California.
Ese estado fronterizo con Estados Unidos se convirtió en una especie de laboratorio en materia de seguridad pública, que quedó en manos exclusivamente de los militares. Sólo en la capital están apostados más de 2.000 efectivos como parte del llamado Operativo Tijuana.
Investido en diciembre de 2006, el presidente de México, Felipe Calderón, desplegó una amplia campaña de combate al narcotráfico basada en el uso de las Fuerzas Armadas, si bien éstas ya habían salido a las calles con funciones policiales durante el mandato de su antecesor, Vicente Fox (2000-2006).
Este año, más de 5.500 personas murieron en hechos ligados al crimen organizado, una cantidad que ya supera la de todo 2008, según recuentos periodísticos. En Baja California, el número de ejecutados rebasa el millar.
Un estudio del no gubernamental Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad ubicó a Baja California en el tercer escalón de los estados más violentos, detrás de los también norteños Sinaloa y Chihuahua.
El ejército mexicano es señalado por organizaciones de derechos humanos mexicanas y extranjeras de cometer graves violaciones en sus operativos antinarcóticos.
"Detenciones arbitrarias, arraigos en cuarteles militares, incomunicación y torturas físicas y psicológicas, que han sido aplicadas en esta zona fronteriza de manera sistemática por el Ejército para obtener confesiones y, a decir de las víctimas, fabricar culpables bajo el pretexto del combate al narcotráfico, redundan en detenciones carentes de investigación previa y violatorias del debido proceso legal", afirma la solicitud presentada por la CMDPDH y la CCDH.
La estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que ha recibido entre una y dos quejas diarias de atropellos cometidos por militares en Baja California.
Además del caso de los 25 policías procesados, las denunciantes expondrán las historias de otros 11 policías municipales, dos agentes de la policía del estado y cuatro civiles aprehendidos que habrían sufrido torturas. La CNDH recibió esos expedientes para su análisis.
En Washington estarán presentes Ramírez, el director de la CMDPDH, Juan Gutiérrez, y seis familiares de las víctimas. Además, asistirán representantes del gobierno de Calderón y de la administración estadual.
"A los policías municipales se les vincula con el crimen organizado y se les aplica la figura de detención bajo arraigo, que es violatoria del debido proceso. Mediante la tortura se declaran culpables o bien inculpan a alguien más", señaló Guerrero.
La reforma penal aprobada por el Congreso legislativo en junio de 2008 otorgó categoría constitucional a la figura del arraigo —una detención preventiva mientras se sustancia el procesamiento del sospechoso—y le fijó un plazo máximo de 80 días, uno de los más prolongados en el mundo.
"En Tijuana hay una situación de paranoia, una crisis de seguridad muy grave que afecta las redes del tejido social", apuntó Ramírez.
En la audiencia, los demandantes solicitarán a la CIDH que acoja el caso. La Comisión es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en América. El otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.
Cómo órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH tiene un mandato de la carta interamericana y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su función principal es "promover la observancia y la defensa de los derechos humanos".
En el cumplimiento de su mandato, la CIDH puede supervisar investigaciones internas, hacer recomendaciones a los Estados, u ordenar medidas cautelares de protección. También tiene facultades para elevar denuncias ante la Corte, el máximo tribunal del hemisferio para juzgar casos de derechos humanos.
El Estado mexicano enfrenta varias demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre esos casos figuran el del dirigente comunitario Rosendo Radilla, secuestrado en 1974 por soldados en el sudoccidental estado de Guerrero y desaparecido desde entonces, la violación de dos mujeres indígenas a manos de uniformados en ese mismo territorio en 2002 y el asesinato en 2001 de tres mujeres en la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, escenario de crímenes de décadas contra la población femenina.
Las audiencias coinciden con la gira por Estados Unidos del fiscal general Arturo Chávez, quien esta semana visita ese país para exponer la ejecución de la llamada Iniciativa Mérida.
Ese plan antidrogas de tres años, aprobado cuando gobernaba George W. Bush (2001-2009) en Estados Unidos, dispone asistencia por valor de 1.400 millones de dólares para México y América Central.
Este año México recibirá 420 millones correspondientes a la Iniciativa Mérida.
