Activistas de derechos humanos esperan que los políticos eslovacos imiten el gesto histórico del gobierno de la vecina República Checa que pidió perdón a las gitanas esterilizadas a la fuerza entre los años 70 y 90.
El gobierno checo emitió esta semana una declaración en la que pide disculpas por la esterilización sufrida por las romaníes sin su consentimiento total. También anunció que se adoptarán medidas para evitar que algo similar vuelva a ocurrir.
El gobierno de la entonces Checoslovaquia tenía un programa para reducir la "alta e insalubre" tasa de natalidad de las romaníes, a quienes presionaban para que aceptaran la esterilización mediante incentivos económicos o amenazas de que el Estado les iba a quitar a sus hijos, denuncian activistas.
Organizaciones de derechos humanos están preocupadas de que los políticos eslovacos todavía no hayan resuelto el asunto.
"Esperamos que la medida del gobierno checo lleve a las autoridades eslovacas a hacer más al respecto y compense a las víctimas de la esterilización forzada", dijo a IPS Ostalinda Maya, especialista en asuntos femeninos de la oficina en Budapest del Centro Europeo para los Derechos de los Roma (ERRC, por sus siglas en inglés).
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Durante el régimen comunista, los roma, más conocidos como gitanos, eran considerados incultos y atrasados, los despreciaban y los trataban como ciudadanos de segunda clase.
El pueblo romaní llegó a Europa procedente de India en el siglo XIV y desde entonces es discriminado en todo el continente.
El asunto se hizo público en 2003, cuando las mujeres comenzaron a denunciar la situación.
Más de 80 mujeres romaníes radicaron la denuncia ante el ombudsman de República Checa, cuyas investigaciones revelaron la existencia de documentos de la época que recomendaban "restringir el crecimiento no deseado de las familias roma".
Además concluyó que no se trató de algunos casos aislados, sino que fue una medida coordinada.
Hay mujeres que fueron esterilizadas sin saberlo y otras no dieron su consentimiento informado, según una investigación del ERRC. Algunas se quejan de que les dieron papeles que no entendían y a veces hasta en la misma sala de operaciones.
El informe del ombudsman también concluyó que las denuncias eran justificadas y que las víctimas no habían dado un consentimiento informado al procedimiento.
Pero las complicaciones con la ley de prescripción, la escasez de registros de la época y la falta de asesoramiento legal son responsables de que no hayan sido indemnizadas. Los cargos penales fueron desestimados.
Organizaciones de víctimas aplaudieron la disculpas expresadas por las autoridades checas, por considerarlo un "hecho histórico", y esperan que se abra un camino de "justicia" para ellas.
"Las disculpas son el primer paso para alcanzar la tan esperada justicia, aunque resta mucho por hacer", declaró a la prensa checa Elena Gorolova, portavoz de la Organización de Mujeres Perjudicadas por la Esterilización.
Organizaciones de derechos humanos critican al gobierno eslovaco por no seguir el ejemplo de su vecino.
Cuando se hicieron las primeras denuncias, Bratislava prometió atender el asunto. Las investigaciones penales de 2003 y una del Ministerio de Salud concluyeron que no había pruebas de la esterilización. Otra realizada en 2007 tuvo el mismo resultado.
Todas las iniciativas fueron criticadas por organizaciones de derechos humanos locales e internacionales.
"Tienen que crear una comisión independiente que investigue el asunto de forma adecuada y luego pedir perdón e indemnizar a las víctimas", dijo a IPS Vanda Durbakova, abogada del Centro de Derechos Humanos y Civiles, quien defendió a muchas romaníes en casos de esterilización.
"Es sintomático que en República Checa donde ocurrió lo mismo, el gobierno haya pedido disculpas. La posición de los políticos eslovacos tiene poca visión de futuro", añadió Durbakova.
Funcionarios eslovacos siguen alegando que no existen pruebas, pese a que el Consejo de Europa declaró en 2005 que había romaníes esterilizadas sin su consentimiento y que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió el año pasado a este país que asumiera su responsabilidad en el asunto.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura criticó la semana pasada al gobierno eslovaco por su actitud "pasiva" frente al asunto y lo instó a realizar investigaciones efectivas e imparciales así como a compensar a las víctimas.
Durbakova se mostró pesimista respecto de que el gobierno eslovaco siga el ejemplo de República Checa.
Un dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitido en abril confirmó los reclamos de ocho mujeres que denunciaron que les negaron el acceso a su historia clínica para probar que habían sido esterilizadas. Las autoridades de este país apelaron el fallo que fue rechazado la semana pasada y ahora están obligadas a pagarles una indemnización.
Maya, de ERRC, tiene esperanzas de que el veredicto obligue a Bratislava a tomar más medidas.
"Tienen que hacer algo porque incluso en Hungría, donde también existió la práctica, aunque no de forma sistemática, el gobierno indemnizó a una mujer", señaló. "Sólo falta Eslovaquia", añadió.
Organizaciones de derechos humanos advierten que pese a que la atención se concentra en las intervenciones ocurridas durante el régimen comunista, la práctica no terminó en los 90.
No hay indicios de que en la actualidad esa práctica forme parte de un programa sistemático, pero los médicos tienen tendencia a querer esterilizar a las gitanas por concepciones racistas que están tan arraigadas ahora como hace más de 30 años.
Los romaníes constituyen la mayor minoría en Eslovaquia y en República Checa. Cientos de miles residen en cada uno de sus territorios, aunque se desconoce la cantidad exacta porque no suelen registrar su origen étnico en los formularios censales.
