Carreteras bloqueadas, labores paralizadas y movilizaciones de campesinos y sindicalistas se suceden en Guatemala, en busca del pago de «múltiples deudas pendientes con el pueblo». Reclaman un mayor acceso a la tierra, la derogación de la ley de minería y más recursos para salud, educación y agricultura.
Las manifestaciones sociales, que ya han cobrado una vida y heridas a varias personas, incluso afecta a las actividades deportivas, como la postergación de la 49 edición de la vuelta ciclística de Guatemala debido al bloqueo de rutas por donde debía transitar.
Roberto Madrid, dirigente del Frente Nacional de Lucha (FLN), organizadora de la marcha, señaló a IPS que las medidas de presión se deben a la falta de respuesta del gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom frente a las necesidades de las mayorías.
El pedido de tierras para trabajar, el rechazo a la minería como está planteada, el cese contra la persecución de líderes indígenas, la nacionalización de la energía eléctrica y el combate contra la impunidad son sólo algunas de las demandas del FLN, que conformaron 168 agrupaciones sindicales y campesinas.
En ese marco de movilizaciones, una persona fue abatida por disparos y otras dos resultaron heridas durante una movilización en la capital guatemalteca, en una jornada caracterizada por los enfrentamientos entre la policía y manifestantes en la conmemoración del llamado Día de la Hispanidad, el 12 de octubre.
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Otra movilización fuerte fue la registrada el 27 de octubre, cuando unas 40.000 personas, en su mayoría campesinos, bloquearon las principales carreteras del país, tomaron edificios públicos y paralizaron sus tareas como parte de un plan que incluía 23 acciones simultáneas para hacer ver sus peticiones.
La acción más visible y con mayores consecuencias fue el bloqueo del tránsito en 15 carreteras en distintas partes de Guatemala, lo cual provocó el malestar de miles de automovilistas que quedaron varados por unas 10 horas y paralizó el flujo comercial en el país y en vecinos.
El sindicato de Trabajadores de la Salud, la Asamblea Nacional del Magisterio, la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Guatemala, la agrupación ambientalista Madre Selva y la Coordinadora 20 de Octubre, son algunas organizaciones integrantes del FLN que entre marzo y octubre ha convocado ocho grandes movilizaciones.
Las protestas han logrado algunos objetivos, como un canal de diálogo abierto por el gobierno. "A nivel del Congreso (legislativo), hemos tenido importantes avances, el primero fue lograr, a través de la mediación de los diputados, que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) investigue la persecución de líderes", dijo Madrid.
"Las cosas con el Poder Ejecutivo caminan más lento", indicó Madrid.
Moisés Guzmán, dirigente del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), otra agrupación que ha participado en las protestas y que aglutina a seis organizaciones indígenas, comentó a IPS que una de sus mayores preocupaciones es la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, debido a la severa crisis alimentaria que afronta el país.
Informó que sostuvieron reuniones con diputados de la izquierdista Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y con el presidente del parlamento, Roberto Alejos, quienes prometieron que propondrían la aprobación de dicha normativa.
Esta ley busca reformar, democratizar y ampliar el acceso a los medios de producción, garantizar y fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de los indígenas y campesinos, y el ejercicio pleno de los derechos humanos.
"Esperamos que el gobierno asigne el presupuesto directo al desarrollo rural para que, como campesinos, podamos tener más acceso a la siembra para que de ahí podamos tener nuestra alimentación", dijo el líder.
En este país, uno de los más desiguales del mundo, la falta de acceso a la tierra sigue siendo un problema histórico profundo. Alrededor de 80 por ciento de las áreas productivas siguen en manos de apenas cinco por ciento de los 13 millones de guatemaltecos, mientras que la mitad de ellos viven en la pobreza y 17 por ciento en la miseria, según agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las organizaciones sociales avalan la puesta en marcha por parte del gobierno del Programa Mi Familia Progresa, que aporta el equivalente a 37,50 dólares a cada familia a cambio de enviar a los niños a la escuela y a control médico, y e la llamada "bolsa solidaria", que consiste en la donación de víveres para la subsistencia. Pero ambas iniciativas para combatir el hambre han dejado dudas.
"No estamos en contra de estos programas, sino en el uso político electoral que les da la esposa del presidente Colom. Si un grupo no está con ellos, la ayuda no llega a esa comunidad", se quejó Guzmán.
Precisamente, el presidente destituyó el martes a cinco gobernadores departamentales, sospechosos de politizar la entrega de la "bolsa solidaria".
Basilio Sánchez, del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), sostuvo ante la consulta de IPS que en lo que va del año han realizado tres manifestaciones a favor de un subsidio para los campesinos y contra la persecución de líderes.
El dirigente puso énfasis en la necesidad de un "pequeño subsidio" para paliar la crisis alimentaria, dado que la sequía y la consecuente escasez de granos básicos ha hecho mella en la economía y la salud familiar.
Al menos 54 niños han muerto este año a consecuencia de la desnutrición, según la Dirección General de Epidemiología, y la ONU alertado sobre los 2,5 millones de guatemaltecos que están afectados por la crisis alimentaria.
Marco Antonio Barahona, analista político de la Asociación para la Investigación y Estudios Sociales, apuntó a IPS que, sin duda alguna, la crisis económica mundial y la sequía que afecta el territorio nacional dañó la economía familiar, principalmente a las más pobres.
"Hace un par de años la población en la pobreza era 50 por ciento y es indiscutible que esta situación se ha agravado", indicó Barahona, quien aseguró a continuación que "hay una serie de deudas no cumplidas que hacen que estos grupos acudan a medidas de tensión para buscar incidencia".
A su criterio, el Estado es muy débil y frágil producto de cuestiones históricas que no le permiten contar con recursos suficientes para cumplir con necesidades de salud, seguridad y justicia, además de que, "al igual de lo que sucede en otras parte del mundo, el gobierno de Colom ofreció más de lo que podía cumplir".
El experto pronosticó más protestas y movilizaciones, aunque hay algunas acciones que no dependen de él sino del Congreso, de los poderes locales, sector empresarial y otros.
El país necesita de un gran diálogo nacional donde todas las fuerzas se unan para proponer acciones y resolver los problemas estructurales del país, entre los cuales es de suma urgencia una política de desarrollo rural, agregó.
