«Nos tomamos la defensa integral del ambiente en serio.» Esta declaración no fue pronunciada por un activista, precisamente, sino por Neville Huxham, director de la compañía minera Paladin Energy Africa para Malawi. Su explicación es sorprendente.
«Extraemos el uranio del suelo y lo exportamos para que lo usen con fines productivos. Deberíamos recibir una medalla por limpiar el ambiente», dijo Huxham.
En las colinas ubicadas 575 kilómetros al norte de Lilongwe se encuentra la mina de uranio de Paladin en Kayelekera, que por su antigüedad e importancia constituye el estándar en base al cual se construirán otras.
La estrecha y serpenteante carretera que conduce a Kayelekera está en buena medida sin pavimentar. Cruza los ríos Rukuru del Norte y Sere mientras se abre paso entre numerosas aldeas que abrazan sus bordes.
«Ahora la carretera está mucho mejor. Cada día la recorren al menos cuatro camiones que transportan ácido sulfúrico. ¿Qué ocurriría si uno de ellos tuviera un accidente?», dijo para este artículo Reinford Mwagonde, director de la organización no gubernamental Ciudadanos por la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés).
[related_articles]
Mwagonde hace campaña contra las actividades de Paladin desde 2005, cuando se enteró de que la compañía planeaba construir la mina de uranio.
CFJ y otras cuatro organizaciones de la sociedad civil acusaron a la empresa ante la justicia en 2006, desafiando la licencia minera de la firma sobre la base de varios argumentos, entre ellos deficiencias en el proceso de evaluación de impacto ambiental.
Luego se llegó a un acuerdo fuera de tribunales.
«La evaluación de impacto ambiental no abordó las preocupaciones en torno de la contaminación de los ríos que fluyen hacia el lago de Malawi», dice Mwagonde.
El lago es una importante fuente de agua potable y peces para millones de personas en Malawi, Tanzania y Mozambique.
«Ellos dicen que nosotros somos contrarios al desarrollo porque nos oponemos a la mina. Pero lo estamos a causa de las implicaciones sanitarias y ambientales a largo plazo, que son particulares de la minería de uranio y sobre las que la comunidad no ha sido adecuadamente informada», explica Mwagonde.
LEGISLACIÓN CREATIVA
CFJ destacó que Paladin no podrá operar minas en Australia con sus modalidades actuales, pero que aprovecha la mínima regulación que las normas de Malawi establecen para la extracción de uranio.
John Borshoff, director de Paladin, declaró en la edición del 3 de abril de 2006 del periódico Herald Sun de Melbourne que «Australia y Canadá se han vuelto abiertamente sofisticados Hubo una sobre-compensación en cuanto a pensar en asuntos ambientales y sociales en relación a las operaciones de uranio en Australia, obligando a empresas como Paladin a instalarse en África».
El gobierno de Malawi presentó un proyecto de ley sobre materiales radiactivos que todavía no fue aprobado. Organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación porque Paladin intervino demasiado en la elaboración de la iniciativa, y advirtió que la empresa no debería gozar de una licencia a la compañía antes de que la legislación al respecto esté vigente.
«Si algo ocurre, Paladin no puede ser responsabilizado», dijo Undule Mwakasungula, director del Centro para los Derechos Humanos y la Rehabilitación.
Por ejemplo, el plan de cierre trazado por Paladin en la evaluación de impacto ambiental carece de un programa adecuado de manejo de desechos a largo plazo. En lugar de devolver los residuos a la fosa de la mina al clausurarla, como se requiere en Australia, Paladin propone dejarlos en el depósito de desechos, expuestos a la erosión y a condiciones meteorológicas extremas.
EN EL TERRENO
Paladin Energy Ltd. es una empresa minera con una sola mina en funcionamiento: la Langer Heinrich, de uranio, en Namibia. Aunque Paladin comenzó a extraer y a almacenar mineral en Kayelekera en junio de 2008, el presidente de Malawi, Bingu Wa Mutharika, sólo inauguró oficialmente la mina en abril último, y no estará plenamente operativa hasta fines de este año.
Con una larga lista de accionistas ansiosos por exportar 3,3 millones de libras (1,5 millones de kilogramos) de óxido de uranio por año desde Kayelekera, no sorprende que Paladin se haya apresurado a cavar.
La firma ha lanzado varios proyectos de desarrollo social en Kayelekera y en la región de Karonga, que en general han sido bienvenidos por la comunidad. El ministro de Minas de Malawi, Grain Malunga, observó que Paladin ha «capacitado a los aldeanos en actividades agrícolas, como producción de verduras para vender a la mina».
La compañía también ha remozado la escuela primaria local, y les está pagando a los pobladores para que fabriquen los ladrillos con los que edificar una nueva aula. Dentro de cinco años se construirá una escuela secundaria, una vez que la empresa empiece a recibir ganancias por sus exportaciones.
Una vez por semana, médicos de Chitipa visitan la clínica de Kayelekera para brindar servicios que incluyen análisis de VIH/sida y orientación psicológica. Paladin también rellenó un pozo en Kayelekera, y construye un proyecto hídrico para mejorar el suministro de agua de Karonga.
La población que reside en áreas aledañas a la mina aumenta rápidamente, a la par de los reclamos por lo escaso de los servicios del gobierno. Un poblador de Kayelekera expresó que, si el gobierno hubiera brindado a la aldea los servicios básicos que ofrece Paladin, él nunca habría apoyado a la mina.
Sin embargo, el ministro Malunga sostiene que, dada la gran migración hacia el área desde que se inició la construcción de la mina, la compañía tiene la responsabilidad de mejorar los servicios básicos que podría ofrecer el gobierno.
DERECHOS LABORALES
La apertura de la mina ha implicado un enorme crecimiento de la población local. Eso causó un considerable encarecimiento de los alquileres en Kayelekera y en Karonga. El precio de los alimentos y otros productos básicos también se han disparado.
Gertrude Mwalwenje llegó con su esposo y su hija de dos años antes de saber siquiera si conseguiría empleo en la mina. Su casa de barro es pequeña y básica, una de las varias construidas en los últimos tiempos en el tugurio donde viven los trabajadores contratados y sus familias.
Ahora, el esposo de Gertrude trabaja como plomero en la planta procesadora. «No le pagan bien, apenas 6.000 kwachas (unos 43 dólares) mensuales, y trabaja siete días a la semana, de seis de la mañana a seis de la tarde», dijo.
La pobreza obliga a muchos en Malawi a trabajar muchas horas a cambio de un sueldo magro. Y también puede explicar las reticencias de los obreros a hacer preguntas, pese a las preocupaciones sobre salud ocupacional y seguridad.
«Paladin avisó que la radiación nos hará mal, pero no nos dijo mucho», dijo James Kantukule. «Nos da equipos de protección solamente cuando vienen visitantes, y cuando se van nos los sacan de nuevo.»
A comienzos de este año, una chispa de soplete desencadenó una fuga de gas en un área cercada, matando a dos obreros e hiriendo seriamente a un tercero. Los trabajadores dicen que hubo otras muertes inexplicables en el sitio de la mina. A los familiares de las víctimas aún no se les informó sobre las causas.
* Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org).
