La negociación para restituir a Manuel Zelaya en la presidencia de Honduras entró en una fase crítica, ante lo cual se pedirá a la OEA que ejerza su poder para impedir el fracaso definitivo, dijeron representantes de Zelaya en la mesa de diálogo con el régimen de facto.
"En virtud del estado de obstrucción y relativo estancamiento del diálogo, solicitamos al Consejo Permanente de la OEA, que se reunirá este miércoles en Washington, que se pronuncie al respecto y emita una resolución que contribuya a asegurar una salida exitosa de la crisis", dijo el negociador Víctor Meza, ministro del Interior del gobierno derrocado de Zelaya.
En esa reunión, los delegados de Zelaya esperan que la OEA (Organización de los Estados Americanos) ratifique su resolución de restitución inmediata del gobernante depuesto el 28 de junio y que se apliquen nuevas sanciones al país si es que el régimen golpista no transige en sus posiciones.
"Mientras nosotros damos muestras innegables de voluntad política, el régimen de Roberto Micheletti pone en práctica propuestas inadmisibles, insultantes y provocadoras", enfatizó. Luego de rechazar una propuesta de los delegados del gobierno usurpador de pedir informes al Congreso legislativo y al Poder Judicial, en torno a la viabilidad o no de la restitución de Zelaya.
La iniciativa consiste en que ambos órganos presenten a las comisiones de diálogo de las partes un informe sobre los antecedentes del golpe de Estado contra Zelaya, con el fin de que sirvan de base para una decisión final que tomen las partes.
La propuesta de los delegados de Micheletti fusionó una petición hecha por el grupo negociador de Zelaya, efectuada el fin de semana, en el sentido que el regreso de éste al gobierno, por ser un "hecho político", era potestad del Poder Legislativo, y que si éste consideraba oportuno, podía consultar una opinión al poder judicial.
Micheletti, por su parte, sostiene que la restitución de Zelaya tiene componentes jurídicos y que se debe conocer la opinión de la Corte Suprema de Justicia, pues es la llamada a interpretar la Constitución.
Este impasse en torno a las visiones "políticas" y "jurídicas" de las partes, fue la primera traba que tuvo el diálogo, el que había avanzado en siete de los ocho puntos torales de la llamada propuesta de San José, impulsada por el mediador, el presidente costarricense, Óscar Arias.
Las partes negociadoras ya acordaron, mediante firmas refrendadas en actas, renunciar a la amnistía política, a la instalación de una asamblea constituyente y a un aplazamiento de los juicios pendientes, al tiempo que aprobaron la conformación de una comisión de la verdad y otra de verificación de los acuerdos, así como la convocatoria a elecciones para el 29 de noviembre con el fin de elegir presidente, designados presidenciales, diputados y gobiernos locales.
Estos acuerdos implican para los negociadores un "avances de 95 por ciento", quedando para la discusión el punto más sensible que es la restitución o no de Zelaya a la presidencia.
Arturo Corrales, delegado de Micheletti, entiende también que el diálogo "no ha muerto, hay flexibilidad y ha venido caminando porque no combina la presión ni el ultimátum". "Hay una nueva propuesta que debe ser considerada en base a elementos indispensables de conocer para definir si procede o no la restitución del señor Zelaya", añadió.
"En todo el acuerdo ha sido claro que debe respetarse el marco constitucional y nuestro marco referencial son las normas constitucionales y las leyes del país, y eso se menciona en la propuesta de San José, por lo que no estamos haciendo ni pidiendo nada fuera de ese marco", dijo, al hacer referencia a la propuesta frustrada del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, primer negociador tras el golpe de Estado.
Pero el abogado negociador zelayista, Rodil Rivera, dijo a IPS que el diálogo ha entrado en una fase dilatoria, "que quieren que nosotros aceptemos que no hubo golpe de Estado y que firmemos un acuerdo en donde se dice que reconocemos la Constitución de los tres poderes como legítimos después del 28 de junio. Eso es inaudito", enfatizó.
Ello es una muestra "de que el señor Micheletti no ha dado muestras de voluntad política y vemos que está utilizando el diálogo como una excusa dilatoria". "Las propuestas parecen orientadas a ganar tiempo y el tiempo que ganan los golpistas, es el tiempo que pierde la democracia y el país", dijo Rivera.
El estancamiento del diálogo se produce en momentos que fue publicada este lunes la derogación de un polémico decreto que instalaba el estado de sitio en el país, así como la suspensión de dos medios de comunicación afines a Zelaya.
Si bien el régimen de facto había anunciado la nulidad de ese decreto, el mismo no fue publicado con la celeridad prometida, por lo que la suspensión de garantías individuales de libertad de expresión, asociación y movilización, entre otras, seguían vigentes.
Los medios de comunicación Radio Globo y Canal 36 lograron abrir sus transmisiones este lunes, tras ser clausuradas por el gobierno de facto hace tres semanas, acusadas de llamar a la sedición y a la insurrección.
No obstante, su retorno al aire está supeditado a otro decreto, en el cual se especifica que cualquier medio de comunicación que incite a la violencia, el odio y la sedición, está sujeto a que se le revoquen sus permisos de operación otorgados por el Estado.
Las protestas por ese último decreto, emitido hace 10 días, paradójicamente han sido mínimas por parte de la prensa y organismos defensores de libertad de expresión.
La publicación oficial que derogaba el decreto del Estado de sitio, coincidió con la llegada este fin de semana al país de una misión técnica de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para constatar el estado de situación a fin de presentar un informe ante la próxima Asamblea General del foro mundial.
La misión, cuyos nombres de los integrantes no se dieron a conocer por "seguridad" según la representación de la Organización de las Naciones Unidas en Tegucigalpa, permanecerá hasta el 7 de noviembre y se entrevistará con sectores sociales y los operadores de justicia.
Bertha Oliva, del Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras, dijo a IPS que "la presencia de la delegación nos permitirá mostrar las diversas formas de represión que se vienen dando, así como pedir apoyo para que se esclarezcan al menos unos 12 casos de serias violaciones a los derechos humanos".
"Se incluyen asesinatos, personas heridas y amenazas graves en contra de los activistas humanitarios", detalló.
Hace dos meses, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país y constató un uso excesivo de las fuerzas policiales y militares utilizadas para reprimir a los simpatizantes de Zelaya.
El organismo especializado de la OEA descartó, a la vez que la desaparición forzada de personas, pero advirtió el grave clima en materia de libertad de expresión ante el hostigamiento de que son blanco los medios de comunicación críticos al régimen, además de los abusos de fuerza en contra de las mujeres en resistencia contra el golpe de Estado.
Bajo este panorama, el estancamiento del diálogo no abona un clima de tranquilidad en el país, cuya población vive en zozobra por la incertidumbre, mientras se prepara para ir en 40 días a un proceso electoral atípico, salpicado por los altos y bajos del conflicto, así como la advertencia de la comunidad internacional de no reconocer los resultados ni a las autoridades de allí surgidas si Zelaya no es restituido en el poder.
Meza dijo que la misión negociadora de Zelaya no volverá a sentarse en la mesa con los delegados de Micheletti si éste no presenta "una propuesta constructiva y seria", tras señalar que sin una salida pacífica al conflicto, la crisis podría agudizarse.
