La polarización política se profundiza en Honduras y cada vez quedan menos resquicios para encontrar una salida pacífica a la crisis institucional derivada del golpe de Estado del 28 de junio, advierten analistas, dirigentes políticos y activistas sociales.
Frente al complejo panorama que afronta Honduras, el presidente costarricense Óscar Arias, hasta ahora frustrado mediador, entiende que las elecciones, previstas en el cronograma legal para el 29 de noviembre, "pueden ser una salida a la crisis". En los mismos términos se expresó el escritor mexicano Carlos Fuentes.
Pero la validez de ese proceso electoral, a juicio de muchos dentro y fuera del país, está atado a la aceptación por parte del gobierno de facto de Roberto Micheletti de la propuesta presentada por Arias para normalizar la institucionalidad democrática, que tiene como requisito excluyente la restitución en la presidencia de Manuel Zelaya. Al respecto, Eulogio Chávez, dirigente de la poderosa Federación de Organizaciones Magisteriales (FOMH), declaró a IPS que se "desconocerá y boicoteará las elecciones generales, ya que se realizan bajo un gobierno de facto y usurpador".
Chávez indicó que el Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado (FNR), que integra su sindicato, se opone a las elecciones generales e impulsa el proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente para reformar la carta magna y profundizar así la democracia en esta pequeña nación centroamericana de más de siete millones de habitantes.
Ese proyecto fue confirmado el domingo por una asamblea nacional del FNR, al tiempo que los candidatos a presidente César Ham, por el izquierdista partido Unificación Democrática, y Carlos H. Reyes, sindicalista independiente, indicaron que sólo participarán de la contienda si se restablece la institucionalidad en el país, que significa la restitución de Zelaya en el gobierno.
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Al FNR lo conforman, además de la FOMH con más de 50.000 maestros afiliados y de liberales afines a Zelaya, las tres centrales de trabajadores de Honduras y el Bloque Popular, que reúne a más de 10 sindicatos de instituciones estatales con más de 30.000 afiliados.
En tanto, Micheletti cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, más de un centenar de los 128 diputados, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, Luis Rubí, y la Procuradora General (abogada del Estado) y organizaciones conservadoras de la sociedad civil.
WASHINGTON GOLPEA
El depuesto presidente Zelaya declaró el jueves pasado, tras conversaciones con altos funcionarios del gobierno estadounidense de Barak Obama, que el tiempo se agota y, si no hay una salida política en los próximos días, vendrá un proceso de anarquía e ingobernabilidad en el país.
Tras esa instancia, Washington volvió a condenar el golpe en Honduras, suspendió toda su ayuda no humanitaria y adelantó que no reconocerá los comicios realizados sin la normalización democrática, postura esta última que ya habían adelantado los gobiernos latinoamericanos, el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Insulza, y otros actores de la comunidad internacional.
A todo esto, empero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) insistió en que los comicios generales "son irreversibles y la única salida a la crisis".
El ex presidente Carlos Flores (1998-2002), en un editorial del periódico de su propiedad La Tribuna, copió de la página web del gobierno estadounidense y publicó el comunicado completo del Departamento de Estado (cancillería) y exhortó a sus lectores a estudiar detenidamente el texto para "entender", según se señala, la posición de la administración de Obama.
En este texto de Washington se señala que las elecciones tienen "que realizarse de forma libre, justa y transparente ( ) y debe estar libre de mancha y abierta para que todos los hondureños puedan ejercer su derecho democrático".
Tras lo cual se advierte que "en este momento no estamos en condiciones de respaldar el resultado de las elecciones previstas. La conclusión positiva del proceso iniciado por Arias sería la base adecuada para proceder con una elección legítima. Instamos a todas las partes de las conversaciones de San José que procedan rápidamente para lograr un acuerdo".
Zelaya aceptó la propuesta de Arias, en la que además de su restitución se planea la amnistía para los delitos políticos, la conformación de un gobierno de integración y garantías al proceso electoral.
En cambio, Micheletti no sólo rechazó el retorno de Zelaya sino que sostiene que en caso de volver al país inmediatamente será capturado y puesto a disposición de los tribunales acusado de "abuso de poder, atentar contra la forma de gobierno y una serie de actos de corrupción".
Micheletti expresó su disposición de renunciar y ser sustituido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, pero también esta propuesta fracasó. La última posición del gobierno interino es que el plan Arias debe aplicarse conforme a la Constitución.
CAMPAÑA EXASPERADA
Al margen de esta situación, el TSE emprendió una masiva campaña para exhortar a la población a votar en forma masiva, bajo condiciones de seguridad, transparencia y respeto al ciudadano, según Enrique Ortez, otro de los miembros de ese cuerpo.
Se tomarán medidas para "blindar el proceso electoral y reducir a su mínima expresión el fraude y la manipulación política", dijo Ortez a IPS.
Desde el 1 de septiembre, los dos grandes partidos tradicionales, el centroderechista Liberal y el derechista Nacional, se abocaron a la campaña electoral en los medios de comunicación y concentraciones masivas.
Campaña que el Frente de Resistencia rechaza en marchas callejeras diarias en Tegucigalpa y otras ciudades, donde no han faltado los atentados contra la propaganda de los candidatos presidenciales, el liberal Elvin Santos y el nacionalista Porfirio Lobo.
El hostigamiento mayor es contra Santos, del mismo partido que Zelaya, aunque enfrentados.
Uno de los más graves incidentes se produjo en la sureña ciudad de Choluteca, donde un centenar de partidarios liberales del FNR atacaron el fin de semana pasado con palos y piedras a los seguidores de Santos. La policía reprimió dejando como saldo cuatro personas heridas y seis detenidas.
Los también candidatos presidenciales Bernard Martínez, del social demócrata Partido de Innovación y Unidad (PINU), y Felícito Avila, de la Democracia Cristiana, iniciaron sus campañas.
Por su parte, Ham convocó a una serie de caravanas de automóviles por Tegucigalpa, en tanto que el sindicalista Reyes todavía no hecho ningún acto público debido a que sigue afectado por los golpes recibido en la represión policial a una marcha antigolpista de hace un mes.
Tras la depuración del padrón electoral, el TSE anunció que imprimirá 4,5 millones de votos a partir del 1 de octubre, antes de lo cual Ham y Reyes deberán comunicar si participan o no de las elecciones.
Ramón Custodio, titular de la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), que es independencia de los tres poderes del Estado, dijo a IPS que las elecciones de noviembre son "trascendentales y definitivas" para la "sobrevivencia" de la institucionalidad democrática en Honduras.
Puso énfasis al expresar su preocupación por el abstencionismo. "En las elecciones de 1997 fue de 27 por ciento de los habilitados, en el 2001 aumentó a 33 por ciento y en 2005 llegó a 44, y esto es peligroso, ya que al pasar de 50 por ciento surgiría un gobierno sin una mayoría", comentó.
Mientras, Leo Valladares, del no gubernamental Mirador Electoral, expresó a IPS que se optó por una auditoria social de este proceso electoral, ya que comenzó el año pasado y el TSE goza de independencia y "no tiene nada que ver con el golpe de Estado del 28 de junio pasado".
"Es preocupante la falta de una observación y un reconocimiento del proceso electoral por parte de la Organización de los Estados Americanos y del resto de la comunidad internacional, pero al final de cuentas será la masiva votación de los hondureños la que dará legitimidad a este proceso", dijo Valladares.
