El mayor refugio para personas sin techo del sudeste de Estados Unidos demandó judicialmente por sabotaje a la alcaldía de Atlanta, a la que atribuye el objetivo de sacar de las calles del centro de la ciudad a los pobres, en su mayoría negros.
Se trata, según activistas, de un caso extremo. Pero también advierten que se inscribe en la tendencia nacional de expulsar a quienes viven en la calle de áreas urbanas céntricas para alojarlos en las periferias, donde cuentan con escasos servicios.
"Hay ciudades que han tratado de marginar a los sin techo, llevándolos a parques industriales y, en ciertos casos, a islas", dijo a IPS Neil Donovan, director ejecutivo de la Coalición Nacional para los Sin Techo.
El de Atlanta es el último ejemplo, agregó. "En el último decenio esto ha sucedido en ciudades como Saint Louis y Las Vegas", explicó Donovan.
El Grupo de Trabajo Metropolitano de Atlanta para los Sin Techo brinda refugio hasta a 700 hombres cada noche, y también brinda servicios de día a mujeres en la misma condición.
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Además, ayuda a muchos excluidos de refugios como el Gateway Center, preferido por la alcaldía y que sólo atiende a una cantidad limitada de personas, a las que se obliga a participar en programas de tiempo completo y a registrar sus datos personales en una base nacional.
La mayoría de las instituciones del ramo limitan la ayuda a los sin techo a periodos arbitrariamente limitados (21 días, por ejemplo), según la demanda judicial.
El Grupo de Trabajo intenta asistir a todos aquellos que quedan sin atender —y cada vez con menos fuentes de financiamiento—, pero su refugio es hoy objeto de ataques, entre otros, de empresarios locales.
Por ejemplo, A. J. Robinson, presidente de Central Atlanta Progress, organización que representa a comerciantes del centro de la ciudad, quien dijo a IPS: "Estamos abandonando el viejo modelo, consistente en alimentar y refugiar a los sin techo, y adoptando uno por el cual tratamos de sacarlos de su condición".
"Los del Grupo de Trabajo no aspira a que haya menos sin casa. Piensan que, cuanta más gente refugien, más recursos podrán recaudar", opinó Robinson. "Su instalación es demasiado grande y carecen de recursos para manejarla bien."
"El flujo de gente dentro y fuera del refugio trajo todo tipo de problemas a los vecinos. Los delitos allí son un problema. Los holgazanes que merodean por el lugar son un atraso para la comunidad", agregó.
La directora ejecutiva del Grupo de Trabajo, Anita Beaty, negó que existiera alguna investigación fidedigna sobre la criminalidad en los alrededores del refugio, y recordó que los hombres deben permanecer en sus instalaciones de noche, lo cual impide que cometan delitos a esas horas.
Entrevistada por la revista Creative Loafing, la principal asesora de la alcaldesa Shirley Franklin en materia de personas sin techo, Debi Starnes, acusó al Grupo de Trabajo de "almacenar" personas en lugar de ayudarlas.
Los defensores de la organización consideran que se trata de una acusación fácil, pues el refugio acepta a todos los que necesitan ayuda con pocas precondiciones y continúa haciéndolo a pesar de su carencia de recursos.
"Ignoran nuestros informes. Podemos demostrar que hemos ayudado a conseguir empleo a mucha gente con nombre y apellido. Unas 1.500 personas accedieron a una vivienda permanente este año gracias a nuestra asistencia", aseguró Beaty.
"Lo más frecuente es que nuestro refugio sea el único techo de emergencia disponible para hombres. Otros se mudaron o cerraron", sostuvo la activista.
En los últimos años, agregó, se demolieron en Atlanta 3.200 unidades de vivienda pública, lo que provocó el desplazamiento de 9.600 personas.
"Setenta y siete por ciento de quienes vienen al refugio se ganan de algún modo el sustento, pero no obtienen lo suficiente para disponer de un techo. Vivir en una vivienda de una habitación obliga a ganar 15 dólares por hora (el doble del mínimo legal), dados los precios del mercado de Atlanta", advirtió Beaty.
Se prevé que el juicio del Grupo de Trabajo contra la alcaldía comenzará en febrero próximo. El juez Ural Glanvile desechó el día 21 el pedido de las autoridades de dejar sin efecto la demanda.
La organización pidió a la justicia que ordene a la alcaldía no cortar más el agua del refugio, cesar en sus declaraciones difamatorias y falsas, dejar de bloquear sus gestiones por la obtención de fondos del gobierno federal y de desalentar la ayuda de donantes privados.
Según el Grupo de Trabajo, estas actitudes de las autoridades locales redujeron sus recursos financieros y menguaron la calidad de los servicios que brindan a los sin techo.
En sus declaraciones a IPS, Robinson no negó que Central Atlanta Progress tiene contactos con la alcaldía y con la prensa para ponerlas al tanto de sus preocupaciones respecto del refugio.
Para Beaty, "esto es racismo y clasismo". "Quieren limpiar el centro de la ciudad de gente que supuestamente no son buenos para los negocios", ironizó.
La campaña oficial contra el refugio comenzó en las vísperas de los Juegos Olímpicos de 1996 y se intensificó en los últimos años. El Grupo de Trabajo se ha opuesto a las normas que prohíben la mendicidad en el centro y a la demolición de los grandes complejos públicos de vivienda de la ciudad.
Los cortes recursos federales dispuestos o solicitados por la alcaldía desde 2007 le costaron al Grupo de Trabajo unos 700.000 dólares hasta la fecha.
La organización denunció, además, que las autoridades de la ciudad pidieron al menos a tres donantes privados que no la ayudaran. También le cortó los servicios de agua, primero en diciembre del año pasado y después en junio pasado, y en los dos casos la justicia ordenó reponerlos.
