Frustrado por los tribunales estadounidenses, un ciudadano alemán que dice haber sido víctima de una «entrega extraordinaria» de Estados Unidos, detenido y torturado durante cuatro meses llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.
La Comisión aceptó una petición elevada por la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), en nombre de Khaled El-Masri.
Ésta le pidió a la Comisión que declare que el programa de "entregas extraordinarias" (por el cual Estados Unidos detiene a sospechosos de terrorismo y los traslada sin paso previo por un tribunal a prisiones secretas en terceros países, donde serían torturados) de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos viola la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
El objetivo es que se señale a Estados Unidos como responsable de violar los derechos de El-Masri bajo ese documento, y se recomiende que este país reconozca públicamente y se disculpe por su rol en su desaparición forzosa, detención y tortura.
Washington tiene dos meses para responder a las acusaciones de secuestros y torturas, que los tribunales rechazaron en 2007.
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La Comisión Interamericana es una entidad autónoma creada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para promover y proteger los derechos humanos en las Américas.
"Esta petición le da a Estados Unidos otra oportunidad para hacerse responsable de una de las prácticas más atroces del gobierno de George W. Bush" (2001-2009), dijo a IPS Steven Watt, del Programa de Derechos Humanos de la ACLU.
"Nuestro gobierno secuestró a un hombre inocente, lo torturó y luego, para agregar leña al fuego, le negó (el derecho a presentarse) en tribunales mediante alegatos falsos de daño a la seguridad nacional", agregó.
"El presidente (Barack) Obama a menudo declara que quiere mirar hacia adelante y no hacia atrás. El compromiso en este proceso de la Comisión será un medio para convertir esas palabras en acción y revelar la verdad a El-Masri y al pueblo estadounidense", continuó.
"El Departamento de Estado (cancillería) debería comprometerse plenamente en este proceso y abordar minuciosamente la grosera violación a los derechos humanos de El-Masri, incluyendo su desaparición forzosa y tortura. Hasta la fecha, Estados Unidos no ha reconocido su participación en la entrega extraordinaria", señaló.
En 2003, el alemán El-Masri fue arrestado en Macedonia. Se lo mantuvo incomunicado durante 23 días, antes de trasladarlo en avión a una prisión clandestina administrada por la CIA en Afganistán, donde estuvo secretamente detenido y fue torturado.
Aunque sus abogados dicen que "su inocencia estaba clara" poco después de su detención, la CIA continuó reteniendo a El-Masri por cuatro meses, antes de enviarlo en un avión a Albania y de abandonarlo en la ladera de una colina durante la noche. A El-Masri nunca se le acusó de ningún delito.
En 2005, la ACLU demandó al ex director de la CIA George Tenet y a tres corporaciones aéreas con sede en Estados Unidos, que poseían u operaban el avión usado por la CIA para llevar a El-Masri a Afganistán.
La demanda acusó a Tenet y a otros de violar la Constitución de Estados Unidos y leyes universales sobre derechos humanos.
En marzo de 2007, un tribunal federal de apelaciones desestimó la demanda porque el gobierno reafirmó el privilegio de los "secretos de Estado". La Corte Suprema de Estados Unidos dejó esa decisión en pie cuando se negó a auditar el caso, en octubre de 2007.
"Estados Unidos, que históricamente ha sido líder en garantizar el acceso a la justicia por violaciones a los derechos humanos en todo el mundo, ha cerrado efectivamente las puertas de los tribunales a todas las víctimas del régimen de torturas del gobierno de Bush", sostuvo Ben Wizner, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU.
"Hasta la fecha, ni una sola víctima de torturas por parte de Estados Unidos ha tenido su oportunidad en tribunales. Una evaluación de la Comisión Interamericana sobre el caso de El-Masri arrojará una luz muy necesaria sobre los abusos perpetrados contra él, y finalmente le ofrecerá a una víctima del programa estadounidense de torturas y entregas extraordinarias una vía para que sus denuncias puedan abordarse de modo significativo", dijo Wizner.
El gobierno de Obama anunció que continuará entregando a individuos que sospeche están comprometidos en acciones terroristas para que los detengan en otros países, pero que realizará un seguimiento de todos los casos para asegurarse de que los sospechosos no sean maltratados.
Sin embargo, hay pocas diferencias entre esta política y la del gobierno anterior. Ninguno declaró qué haría si hallara que las "garantías diplomáticas" estaban siendo violadas.
"Toda transferencia a otros países de detenidos bajo custodia de Estados Unidos debe cumplir plenamente con las leyes internas e internacionales sobre derechos humanos", dijo Jennifer Turner, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la ACLU.
"Examinar el programa de entregas extraordinarias del gobierno de Bush y hacer responsables a quienes violen la ley ayudará a garantizar que el gobierno de Obama no repita los mismos errores", añadió.
El caso de El-Masri está comenzando a atraer casi tanta atención de los medios como el de Maher Arar, tal vez el más conocido de los que tienen que ver con entregas extraordinarias de prisioneros.
Arar, un ciudadano canadiense-sirio, fue detenido en septiembre de 2002 durante una escala en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Entonces regresaba a su hogar en Canadá, luego de unas vacaciones familiares en Túnez.
Lo mantuvieron en confinamiento solitario en Estados Unidos durante casi dos semanas. Lo sometieron a interrogatorios y le negaron el acceso a un abogado. El gobierno estadounidense sospechaba que Arar era miembro de la red extremista Al Qaeda, del saudita Osama bin Laden, y lo deportó, pero no a Canadá, donde residía, sino a su Siria natal, aunque allí el gobierno utiliza la tortura.
Estuvo detenido en Siria casi un año. Durante ese tiempo fue torturado, según concluyó una comisión investigadora creada por Canadá.
La comisión eximió públicamente a Arar de todo vínculo con el terrorismo y llegó a un acuerdo por 10,5 millones de dólares. El gobierno sirio dijo no estar al tanto de ningún lazo de Arar con el terrorismo.
Pese al fallo judicial canadiense, el gobierno de Estados Unidos no exoneró a Arar, y declaró públicamente que tenía vínculos con miembros de organizaciones consideradas terroristas.
Sin embargo, la ex secretaria de Estado (canciller) Condoleezza Rice reconoció, al prestar testimonio ante el Congreso legislativo, que el asunto Arar "no fue muy bien manejado".
Desde febrero de este año, Arar y su familia figuran en la lista de personas que no pueden abordar aviones para entrar ni salir de Estados Unidos.
Sus abogados estadounidenses del Centro para los Derechos Constitucionales continúan pendientes de su demanda, que busca una indemnización por daños a Arar y una declaración de que las acciones del gobierno fueron ilegales y violaron sus derechos humanos, civiles y constitucionales.
La demanda fue presentada en diciembre por el experto en temas constitucionales David Cole ante tribunales federales de apelación. Un miembro del equipo legal de Arar dijo a IPS que se espera que se llegue a una decisión en el futuro cercano.
