Luego de que la Corte Suprema de Justicia de México mantuviera inamovible el fuero militar penal, los tribunales internacionales son el último recurso para víctimas o familiares de personas que sufran abusos de parte de efectivos de las Fuerzas Armadas.
El máximo tribunal del país resolvió, en una cerrada votación de seis a cinco, en contra de la revisión por parte de la justicia ordinaria de lo actuado por el fuero militar en el llamado caso de "Santiago de los Caballeros", respecto de un recurso de amparo promovido por la viuda de un hombre asesinado por cinco soldados.
De esa forma, los magistrados denegaron el lunes el recurso solicitado por Reynalda Morales, argumentando que ella no tiene derecho a promover la demanda, pues ni la Constitución ni la ley de Amparo le reconocen a la víctima de un delito la posibilidad de desafiar legalmente la decisión de un juez militar de aceptar un proceso.
Un comando del ejército disparó el 26 de marzo de 2008 sobre seis hombres desarmados a bordo de un vehículo en Badiraguato, localidad del noroccidental estado de Sinaloa ubicada a unos 1.100 kilómetros de la capital mexicana. Del grupo de atacado, cuatro fallecieron, incluido Zenón Medina, de 30 años y esposo de Morales.
La Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional informó el 4 de abril de 2008 que la Procuraduría General (fiscalía) de Justicia Militar había dado la investigación a un juez militar de Sinaloa.
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El juez procesó posteriormente a los cinco soldados bajo los cargos de violencia contra las personas causando homicidio y lesiones, homicidio por imprudencia y "lesiones imprudenciales".
Morales impugnó el artículo 57 del Código de Justicia Militar, vigente desde 1933 y que establece el fuero castrense para miembros de las Fuerzas Armadas que cometan delitos.
Luís Arriaga, director del no gubernamental Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), lamentó la decisión judicial. "La Corte no se pronunció sobre el fondo del asunto del fuero militar y desperdició una oportunidad histórica para dar a las víctimas un tribunal independiente que juzgue los abusos en su contra", dijo a IPS.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia, que cierra la puerta a más impugnaciones al fuero castrense, ocurre en medio de un intenso debate sobre el papel del ejército en el combate contra el narcotráfico, sobre el cual abundan las denuncias de serios atropellos a los derechos humanos.
Luego de asumir el cargo en diciembre de 2006, el presidente conservador Felipe Calderón ordenó el despliegue en todo el país de miles de soldados y policías para frenar la producción y el comercio ilícito de drogas.
La estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos registró quejas ciudadanas contra militares por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y otros abusos, que pasaron de 182 en 2006 a 1.230 en 2008.
Además, el Prodh documentó en un informe publicado en enero que en los dos últimos años un promedio de menos de uno cada 10 soldados acusados de cometer delitos contra civiles fueron presentados antes los jueces militares, mientras el resto quedó en la impunidad.
El documento del Prodh titulado "Comandante Supremo, la ausencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón", señala que entre 2006 y 2008 murieron 28 personas por "presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por militares".
"Los procedimientos en los tribunales castrenses están afectados por una opacidad que no ha disminuido pese a los progresos que en esa materia se observan en la administración federal de justicia", escribió este martes Miguel Granados, columnista del periódico Reforma.
El fuero citado, avalado por la Constitución, actúa cuando los delitos "a la disciplina militar" que engloba desde la insubordinación hasta una violación sexual— son cometidos por personal castrense activo y durante el desempeño de sus funciones.
Pero si los delitos son perpetrados en complicidad con civiles, los casos se trasladan de modo automático a la justicia ordinaria.
El fuero militar está compuesto de jueces, fiscales y prisiones que dependen jerárquicamente de la Secretaría de Defensa y de la presidencia de México. Los códigos respectivos establecen penas mucho menores que las estipuladas en las normas civiles.
El director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Defensa, general Jaime López, informó el 23 de julio que el Ejército había sentenciado desde 2006 a 12 militares por violaciones a los derechos humanos, pero son casos que datan de hace más de una década.
El gobierno mexicano ha mostrado hipersensibilidad a las críticas contra la estrategia militar y su impacto en los derechos humanos.
Luego de la reunión del domingo y el lunes en la noroccidental ciudad mexicana de Guadalajara con su par de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, el presidente Calderón retó a sus críticos a revelar "un solo caso en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan violado" esos derechos.
La respuesta tardó dos horas en llegar, de manos de la organización no gubernamental Human Rights Watch, con sede en Nueva York, que le dijo que el gobernante conocía bien los casos aludidos.
Los señalamientos contra militares podrían redundar en un recorte de la ayuda externa a la lucha contra el narcotráfico. El Senado estadounidense mantiene bloqueados 100 millones de dólares de la llamada Iniciativa Mérida por esas acusaciones.
Aprobado durante la gestión del presidente George W. Bush (2001-2009), ese plan de apoyo de tres años, desde 2008, incluye 1.400 millones de dólares para México y América Central. Pero hasta ahora sólo se ha desembolsado 15 por ciento de esa asistencia que esté condicionada a una certificación extendida por el Departamento de Estado (cancillería) sobre el respeto a los derechos humanos de los países recipiendarios.
Previamente al fallo de la Corte Suprema de Justicia de México, la Organización Mundial contra la Tortura le pidió que considerara que el derecho internacional prohíbe la aplicación del fuero militar a transgresiones de derechos humanos cometidas contra civiles y que definiera con claridad los límites de la justicia castrense respecto de los civiles.
El Prodh y otras siete organizaciones humanitarias ejecutan desde 2006 una estrategia global para objetar la justicia militar mexicana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de los Estados Americanos, que analiza tres casos.
"La Corte pudo haber fallado más en concordancia con los acuerdos internacionales que ha ratificado México. Ahora el recurso que queda son los tribunales internacionales", señaló Arriaga.
