Los escándalos de corrupción que Costa Rica vivió en la última década, y que llevaron a dos ex presidentes a la justicia, minaron la confianza ciudadana en las instituciones y la imagen de transparencia de este pequeño país centroamericano.
Rafael Ángel Calderón, que gobernó entre 1990 y 1994, está sometido a juicio bajo el cargo de haber recibido sobornos de Medko Medical, unidad de ventas de la empresa de tecnología médica finlandesa Instrumentarium, representada en Costa Rica por la firma Fischel.
El negocio consistió en una adquisición de equipo médico innecesario para la estatal Caja Costarricense de Seguro Social, por un monto de 39,5 millones de dólares. La fiscalía pidió en la segunda semana de agosto 24 años de prisión para Calderón y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años.
Según los documentos presentados por los fiscales en el proceso que comenzó en noviembre de 2008, el ex mandatario recibió pagos por 520.000 dólares depositados desde Finlandia en cuentas bancarias bajo su control. La defensa asegura que todo es una invención de la fiscalía.
El ex presidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) también está acusado de recibir sobornos, pero de la empresa francesa de telecomunicaciones Alcatel, que obtuvo un contrato con el Estado por 302 millones de dólares.
Cuando fue acusado, Rodríguez fungía como secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo al que renunció un mes después de ser investido, en octubre de 2004, para volver a su país. Apenas su avión aterrizó en Costa Rica, fue encarcelado y así permaneció por varios meses. Hoy está libre, pero a la espera de que comience el proceso.
Rodríguez y Calderón pertenecen al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que tras esos escándalos sufrió una estrepitosa derrota en los comicios de 2006. Sin embargo, Calderón es hoy el candidato presidencial oficial del partido, que tiene una intención de voto de apenas 6,3 por ciento, según encuestas.
"Por los personajes que son, la ciudadanía presenta repudio ante estos hechos y es un golpe fuerte" a las instituciones, dijo a IPS el procurador Miguel Cortés, del Área de la Ética Pública de la Procuraduría General de la República (PGR), entidad que forma parte del Ministerio Público y que representa al Estado ante los tribunales de justicia.
En ese carácter, la PGR comparece en el proceso contra Calderón para poner de relieve el "daño social" causado por el delito. Aunque no se trata de una figura jurídica, cruza el proceso de punta a punta, pues "es una afectación general al pueblo, un daño no patrimonial que consideramos que es el más importante", explicó Cortés.
La PGR ha solicitado al juez que imponga a los culpables el pago de una indemnización de 89 millones de dólares por concepto de daño social, por el mal manejo de fondos públicos.
Según Cortés, cuando aparecen estos escándalos, "lo primero que se dice es que la función pública es corrupta". Además, el hecho de que dos ex presidentes sean juzgados hace que el pueblo "sienta vergüenza", lo que se refleja en desconfianza en las instituciones y abstencionismo electoral, evaluó.
"El problema se generaliza y afecta a las organismos estatales", por lo que el capital social del país "sufre un fuerte deterioro", alegó.
Sin embargo, para Raúl Silesky, presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, la imagen internacional de este país es "muy buena", porque parece respetar los procedimientos judiciales, dijo a IPS.
La misma opinión tiene Gianina Segnini, una de las periodistas del diario La Nación que destaparon los casos de los ex mandatarios socialcristianos.
El país "se ha fortalecido, porque se demostró que los organismos de control funcionaron y que hay separación de poderes", dijo Segnini a IPS. En muchos países se considera "insólito" que la influencia política no haya paralizado los procesos judiciales, agregó.
Silesky cree además que se ha demostrado el papel de la prensa en el control de los poderes estatales.
La justicia también investiga dos asuntos vinculados al actual gobierno de Óscar Arias, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Uno involucra al ex ministro de Vivienda, Fernando Zumbado, quien dimitió un año atrás por denuncias de mal manejo de una donación del gobierno de Taiwán, administrada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para la construcción de viviendas en barrios pobres en la capital. El ex secretario empleó 1,5 millones de dólares de esos fondos apenas para contratar consultorías.
También el ministro de la Presidencia y hermano del mandatario, Rodrigo Arias, ha tenido que dar explicaciones sobre dos millones de dólares de fondos del BCIE que se utilizaron para contratar asesorías, sin fiscalización gubernamental de ningún tipo.
Pero los delitos de cuello blanco no son los únicos que se sienten en Costa Rica, que no es ajena a la creciente presencia del narcotráfico en América Central.
Este año, fueron robados 320 kilogramos de cocaína que habían sido decomisados y permanecían en los tribunales de Golfito, sobre la costa sur del océano Pacífico.
Para Cortés "el narco y la corrupción son dos cosas distintas, aunque pueden confluir", como en el robo de Golfito, en el que había involucrados efectivos de la fuerza pública, o la liberación de un acusado de tráfico de drogas, otorgada por un juez que fijó una fianza mínima.
El fiscal general del Estado, Francisco Dall'Anese solicitó mayor dureza en la lucha contra el crimen organizado.
El 22 de julio, el presidente Arias promulgó una ley de lucha contra la delincuencia organizada, que habilita mayor coordinación entre las instituciones estatales, tipifica el crimen organizado y permite levantar el secreto bancario.
También se crea una plataforma de información policial, en manos del Organismo de Investigación Judicial, que facilitará el acceso a las bases de datos de los distintos cuerpos de seguridad, y se amplían las facultades para controlar e interceptar las comunicaciones, a través del Centro Judicial de Intervención de las Telecomunicaciones.
