«Llegar a Colombia es entrar en un mundo siempre intenso, cautivador y desgarrador al mismo tiempo», escribió en abril de 2008 Susana Villarán, ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ex ministra peruana.
En ese entonces Villarán ignoraba que en un viaje anterior a Colombia, en 2005, como relatora para los derechos de la mujer y comisionada de la CIDH, fue declarada "blanco" de operaciones de inteligencia por parte del Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3) que, según las autoridades colombianas, ha sido disuelto.
El G-3 fue creado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que depende de la Presidencia de la República y es el principal servicio de inteligencia de Colombia.
Para la CIDH, el G-3 "fue conformado a fin de dar seguimiento a las actividades vinculadas al litigio de casos a nivel internacional", es decir los procesos por graves violaciones a los derechos humanos que se siguen contra el Estado colombiano en el propio sistema interamericano de justicia.
La Comisión anota que en las actas levantadas por el G-3 de sus espionajes ilegales se evidencia que dicha estructura "habría realizado un operativo de inteligencia contra una visita de la CIDH a Valledupar en 2005", la capital del nororiental departamento del Cesar y una de las cunas de las milicias paramilitares de ultraderecha comandadas por narcotraficantes, que desde los años 80 actúan en el conflicto interno colombiano.
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La visita espiada por el G-3 estuvo "encabezada por la entonces comisionada y relatora para Colombia, Susana Villarán", recordó la CIDH.
Un acta del G-3, según la CIDH, dio la orden de "determinar los casos que la relatora estudia y los testimonios que presentan las ONG (organizaciones no gubernamentales), además del lobby que adelantan para presionar una condena del Estado".
Con el argumento de que es peligroso dar información a la prensa, cuatro años después de esos hechos aún es difícil que las organizaciones no gubernamentales de mujeres que acompañaron a Villarán acepten efectuar declaraciones acerca de esa visita, realizada entre el 20 y 25 de junio de 2005.
En todo caso, el objetivo principal de la visita de la relatora fue evaluar el impacto de la guerra sobre las mujeres y las niñas colombianas, incluyendo un estudio específico sobre indígenas y comunidades negras.
Para ello, Villarán sostuvo encuentros con víctimas, familiares de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y agencias intergubernamentales vinculadas a la defensa y promoción de los derechos femeninos. El conflicto colombiano perdura desde 1964, cuando se alzaron en armas guerrillas izquierdistas.
En Valledupar, Villarán se reunió, aparentemente durante dos días, con la Red de Mujeres del Caribe y otras organizaciones vinculadas a la Mesa Mujer y Conflicto Armado, que reúne a una veintena de grupos, así como con entidades indígenas de la norteña Sierra Nevada de Santa Marta.
"Todas se fueron hacia Valledupar a encontrarse con ella", dijo a IPS una dirigente feminista que sostuvo no haber estado presente.
Los espías enviados por el G-3 deben haber informado a sus jefes que Villarán se reunió también allí con el entonces gobernador departamental, la Red de Solidaridad Social, de la Presidencia de la República, y con unidades regionales de la Defensoría del Pueblo (ombudsman), entre otras autoridades.
Sobre la evidencia de seguimientos a Villarán, la CIDH advirtió el jueves en un comunicado de prensa que "estas actividades violan el compromiso del Estado de respetar los privilegios e inmunidades de los representantes de la OEA", Organización de los Estados Americanos.
Asimismo, las acciones del G-3 del DAS se contradicen con el compromiso estatal colombiano "de cumplir de buena fe con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados del sistema interamericano", agregó la Comisión.
La CIDH dejó constancia de que "estos operativos también afectan gravemente la tarea de los defensores de derechos humanos de Colombia".
"La Comisión ha expresado reiteradamente su preocupación por la situación de los defensores en ese país, y en especial por su señalamiento por parte de altas autoridades del Estado como miembros de la guerrilla y el empleo de mecanismos de inteligencia para controlar sus actividades", agregó el comunicado.
El organismo recordó "que los Estados deben abstenerse de cualquier tipo de injerencia arbitraria o abusiva" en la correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas de los defensores de derechos humanos, y que las acciones de espionaje del G-3 deben ser sancionadas "disciplinaria y penalmente".
El G-3 funcionó en la sede del DAS y, aunque nunca figuró en el organigrama de la entidad, todas las subdirecciones estuvieron relacionadas con ese grupo, según estableció la Fiscalía General de la Nación en su resolución acusatoria contra algunos de sus integrantes.
El 16 de julio, la Comisión Interamericana solicitó al Estado colombiano "información sobre el detalle de todas las operaciones de inteligencia realizadas respecto de la CIDH, el destino y empleo de los informes, y las investigaciones sobre el tema de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación".
La CIDH indica que en su respuesta "el Estado condenó las actividades ilegales de este ente de inteligencia", que paradójicamente depende del Poder Ejecutivo, y "resaltó su compromiso de convertirlo en una entidad 'confiable y transparente'".
Además, Bogotá prometió facilitar canales para que la CIDH esté informada sobre los avances de las investigaciones.
La Comisión instó al gobierno de Álvaro Uribe "no sólo a que se identifique a los responsables sino a que se haga una profunda revisión de los organismos de inteligencia del Estado, para asegurar que estos no contravengan los estatutos internacionales de protección de derechos humanos".
La CIDH, además, presentó formalmente el caso al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, así como al Consejo Permanente del organismo hemisférico, a fin de que éste "adopte las medidas que correspondan".
Durante años, el DAS condujo espionajes ilegales contra políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y magistrados del Poder Judicial y llegó incluso a ejecutar contra ellos operaciones de "inteligencia ofensiva", es decir sabotaje. El escándalo estalló en febrero de 2009, cuando lo divulgó la revista Semana.
La publicación reveló además la masiva destrucción de archivos de inteligencia efectuada por el DAS en enero, según dijo, siguiendo una orden gubernamental.
Días después, el 26 de febrero, la CIDH expresó "preocupación" por las actividades de inteligencia contra diferentes actores de la vida colombiana.
En esa ocasión, la CIDH se limitó a solicitar información al Estado por el espionaje contra personas protegidas por medidas cautelares dictadas por la propia Comisión, así como a investigar y sancionar a los responsables. También citó su propio Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, publicado en 2006.
En ese documento, la CIDH puso de relieve que la interceptación de comunicaciones y de correspondencia de los defensores entorpece su labor y los pone en peligro, así como a las comunidades y víctimas a las que acompañan.
