Organizaciones ecologistas, de agricultores orgánicos y mujeres indígenas rechazan un proyecto que amplía los derechos de los desarrolladores de nuevas variedades vegetales. El gobierno y las empresas de semillas descartan impactos negativos sobre los pequeños agricultores y la biodiversidad.
El 19 de este mes, 11 organizaciones sociales lanzaron una campaña de recolección de firmas contra el proyecto de ley que regula los derechos del obtentor de variedades vegetales impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet.
Detrás de la campaña, denominada "Por la no privatización de las semillas", están, entre otros, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, la Red de Acción en Plaguicidas de Chile, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, la Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile y la Agrupación de Consumidores de Linares.
El proyecto, que derogaría la ley 19.342, se encuentra en primer trámite en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.
Según el gobierno, éste permitirá adecuar la legislación chilena a los estándares de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Hoy este país se rige por las normas definidas en 1978 por este Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), al que pertenece desde 1976.
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El proyecto define como "obtentor" a aquella persona natural o jurídica que ha creado o descubierto y puesto a punto una variedad vegetal "nueva", "distinta", "homogénea" y "estable".
Los derechos del obtentor, que ahora regirán por 25 años para los árboles y vides y por 20 años para las demás especies, se constituyen a través de la inscripción de la creación en el Registro de Variedades Vegetales Protegidas.
Entre los derechos establecidos para los desarrolladores figuran los de preparar el material para los fines de propagación, producir material de propagación, vender, ofertar o publicitar dicho material, comercializarlo, importarlo o exportarlo, y emplear repetidamente la variedad para la producción comercial de otra variedad.
El texto señala que los propios obtentores tendrán la obligación de denunciar a quienes infrinjan la normativa, transformándose en especies de "policías".
"El tema aquí es si se puede patentar la vida o no", dijo a IPS Guillermo Riveros, presidente de la Asociación de Agricultores Orgánicos del Bío-Bío. "Nosotros creemos que el proyecto en discusión amenaza la soberanía alimentaria al ir quedando en pocas manos, sobre todo trasnacionales, el material genético" de las variedades vegetales, acotó.
"Chile tiene una ley de propiedad intelectual, la 19.039, que claramente establece que las plantas no son patentables", recordó el subsecretario de Agricultura, Reinaldo Ruiz
"Algunos sectores plantean que con este proyecto se privatizan (las plantas), que se puede obtener propiedad sobre ellas. Bueno, eso es absolutamente errado", respondió ante la consulta de IPS.
"Esta ley no plantea la propiedad sobre las variedades vegetales, lo que establece es un derecho sobre aquellas variedades vegetales que sean nuevas, distintas, homogéneas y estables y lo hace por un plazo determinado. Después de ese plazo quedan de dominio público", explicó.
El gobierno asegura que los cambios introducidos impulsarán la investigación y el desarrollo de nuevas variedades vegetales con lo que se mejorará la productividad de este país sudamericano que aspira a convertirse en potencia agroalimentaria y forestal. También ayudarán a atraer inversión extranjera directa.
Las organizaciones replican que el proyecto está hecho a la medida de las empresas semilleras trasnacionales, que responde a las exigencias del tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos y que se ha discutido entre cuatro paredes, lo cual es refutado por Ruiz.
Les preocupa, por ejemplo, la forma en que se define a las "variedades nuevas". Como se las asocia a aquellas que no están siendo comercializadas en el mercado, auguran mayores impactos sobre la biodiversidad y las especies nativas del país.
Lucía Sepúlveda, de la Red de Acción en Plaguicidas de Chile, planteó a IPS que bastará introducirle "genes cosméticos" a especies que no están inscritas ni ampliamente comercializadas para que se apropien de ellas.
Si bien el artículo uno del proyecto señala que se protegerá tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales, las organizaciones reclaman que no se especifica la forma en que esto se llevará a la práctica, considerando que Chile ni siquiera cuenta con una ley de biodiversidad.
Para exigir mayores garantías, las organizaciones han tomado como referencia la legislación aprobada en 2008 en Costa Rica, la cual excluye de los derechos del obtentor a variedades protegidas por "derechos intelectuales comunitarios sui generis", estén registrados o no.
Las organizaciones también arguyen que la nueva normativa terminará por hacer dependientes a los pequeños agricultores de las semillas registradas, lo cual tendrá impacto en sus formas de vida y a futuro en el precio de los alimentos. Asimismo, aseguran que dificulta los procesos de mejoramiento genético independiente.
Uno de los artículos que más les preocupa a las organizaciones es el 48, en el cual se establece que el agricultor podrá guardar sólo una parte del producto de sus cosechas de variedades protegidas para resembrar en sus explotaciones, siempre que se trate de papas (Solanum tuberosum L) y de especies que serán incluidas en un reglamento que se dictará posteriormente a la promulgación de la ley.
También tienen que ser cantidades menores a las adquiridas inicialmente a los obtentores o proveedores autorizados.
"El proyecto es un antiguo anhelo de nuestro gremio", dijo por su parte a IPS Erick Von Baer, director de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros), quien descarta efectos negativos contra los pequeños productores y la biodiversidad, "porque nadie va obligar a los agricultores a usar las variedades protegidas".
Von Baer asegura que el foco está puesto en las grandes empresas que cometen abusos.
"La nueva ley no sólo está pensada para recaudar fondos para el creador de la variedad (y posibilitar el costoso proceso de desarrollo) sino que también para estandarizar los productos y permitir su trazabilidad" en la cadena productiva, explicó.
La industria moderna de alimentos necesita productos homogéneos y si Chile no cuenta con ellos nunca podrá transformarse en potencia, alegó. Pero las organizaciones dudan de las reales ventajas de las nuevas variedades, puesto que la norma no exige inocuidad ni utilidad. Desde su perspectiva, esto permitirá la expansión de los cultivos genéticamente modificados en el país, tanto para la industria alimentaria como farmacéutica, que consideran tóxica.
Hoy Chile permite la multiplicación de semillas para exportación, pero no la producción para el consumo interno, aunque, paradójicamente, sí se permite su importación. Otro proyecto de ley a estudio en el parlamento, también criticado por las organizaciones, busca liberalizar por completo los cultivos transgénicos.
Con tres por ciento de participación mundial, Chile ocupa el séptimo lugar en la lista de mayores exportadores de semillas del mundo y el primero en el hemisferio Sur. El ranking lo lideran Holanda y Estados Unidos con 16 por ciento de participación.
En Chile, la industria está representada por cerca de 70 empresas, tanto nacionales como internacionales, que multiplican semillas de granos, hortalizas, flores y forrajeras. La expansión del sector está muy asociada a la multiplicación de semillas transgénicas, en especial de maíz, soja y canola (colza), plantea un estudio de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del ministerio de Agricultura, publicado este mes.
El mismo documento explica que hoy en el mundo las semillas son "un gran negocio privado, que se materializa a través del establecimiento de sistemas de protección intelectual y la incorporación de la transgenia", es decir la introducción de genes de otras especies para otorgar nuevas características.
Según el subsecretario Ruiz, el gobierno "está disponible para recoger todas las inquietudes de todos los actores involucrados y de la ciudadanía" para mejorar el proyecto. "Nosotros nunca hemos dado por cerrado el debate", dijo a IPS.
Pero la orientación del gobierno es clara. El 17 de este mes inauguró el Centro de Propiedad Intelectual para la Agricultura, el primero en América Latina, que ayudará a las instituciones públicas y privadas de investigación agrícola del país en la gestión y el análisis de este tema.
