Debilitada por el fracaso electoral, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, abrió un diálogo con opositores y actores económicos. Los invitados a la mesa acercan propuestas, pero analistas advierten que la convocatoria puede ser un recurso para ganar tiempo sin realizar cambios de fondo.
"No veo voluntad concreta de cambiar la manera de gobernar", comentó la politóloga Liliana De Riz. "El diálogo es una operación de comunicación para ganar tiempo", según la experta, al repasar las sucesivas imágenes de Fernández y de su ministro del Interior, Florencio Randazzo, recibiendo a gobernadores, alcaldes y referentes de la oposición política.
"Se crea un escenario para dilatar decisiones", sostuvo ante la consulta de IPS esta investigadora y profesora de la estatal Universidad de Buenos Aires, que fue coordinadora del Programa de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Los cambios en el gabinete ministerial decididos tras las elecciones de renovación parcial del parlamento del 28 de junio, cuando los candidatos del sector políticos gobernante obtuvieron menos votos de lo esperado, son para De Riz "un enroque de funcionarios", mientras que el diálogo apunta en el mismo sentido de cambiar para que nada cambie, lamentó.
De Riz también entiende que el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) mantiene una gran influencia sobre la gestión de su esposa y sucesora, la presidenta Fernández, a pesar de haber sido derrotado en las urnas.
Kirchner ganó una banca para diputado por la oriental provincia de Buenos Aires, el distrito más populoso del país, pero su lista del Frente para la Victoria, el ala centroizquierdista del Partido Justicialista (peronista), fue vencida por el centroderechista Francisco de Narváez, quien renovó su escaño.
Kirchner renunció entonces a la presidencia del Partido Justicialista, pero su aparente incidencia en la gestión se mantiene desde el llano.
En estas legislativas, la primera prueba electoral para Fernández desde que llegó a la presidencia en diciembre de 2007, el oficialismo obtuvo poco más de 30 por ciento de los votos, el mayor porcentaje en la suma de votos de todo el país, pero perdió en los distritos importantes, como la ciudad de Buenos, la contigua provincia de igual nombre y que concentra 38 por ciento del padrón electoral argentino, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Santa Cruz entre otras.
Gobernadores peronistas de provincias que obtuvieron victorias en sus distritos reclamaron al gobierno "correcciones" y mayor apertura.
En su primera aparición pública tras conocerse el resultado electoral, la presidenta minimizó la derrota y declaró: "no veo por qué deba hacer ningún cambio de gabinete" ministerial. Tres días después, cambió a tres, pero fue un movimiento dentro del gobierno que no incorporó figuras nuevas.
La oposición dice que fue un cambio cosmético, que no tuvo la profundidad requerida a partir del mensaje de las urnas. En tanto, los analistas más críticos señalaron que el gobierno, con el nuevo gabinete, no amplió la base de sustentación política de la gestión que quedó debilitada luego del resultado electoral adverso.
Entonces, consciente de la necesidad de recuperar iniciativa, la presidenta Fernández apeló a la convocatoria al diálogo, un reclamo casi constante de la oposición y de los distintos sectores socio-económicos.
El 9 de julio, la jefa de Estado convocó "al más amplio diálogo a todos los sectores de la vida nacional para iniciar una nueva etapa". Los dirigentes de la oposición y de las entidades empresarias, aún con recelo, dieron la bienvenida a la propuesta. Pero a medida en que se avanza sin cambios, el proceso genera desconfianza.
Sólo el bloque de diputados del Frente para la Victoria, que pasará en diciembre, cuando asuman los legisladores elegidos en junio, de tener la mayoría parlamentaria a sólo ser la primera minoría, manifestó mayor apertura a elaborar una agenda común con algunas de las prioridades señaladas por la oposición
"El oficialismo no cambia" pese al fracaso electoral, sostiene el analista político Rosendo Fraga, del Centro Nueva Mayoría. En su opinión, la convocatoria al diálogo es "un recurso táctico para ganar tiempo y recuperar fuerzas", pero no hay hechos concretos que expresen un cambio, dijo semanas después del llamado.
Fraga coincidió con De Riz en que los ministros designados tras la derrota electoral no permiten inferir un cambio. El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, muy cuestionado por su intervención en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) donde se lo acusa de manipular datos, sigue en su puesto, señaló a modo de ejemplo.
El flamante ministro de Economía, Amado Boudou, anunció la semana pasada cambios en el Indec que apuntarían, dijo, a "fortalecer el organismo". Se creó una dirección técnica y dos consejos asesores. Pero observadores y dirigentes opositores señalan que la conducción real de los flamantes equipos seguirá en manos de Moreno.
"Moreno es Kirchner", sintetizó en su crítica Gerardo Morales, líder de la opositora Unión Cívica Radical, un partido que integra el Acuerdo Cívico y Social, que fue el principal rival del oficialismo con otro 30 por ciento de los votos.
Morales consiguió que el gobierno convoque al Acuerdo en el primer turno, y sin otros dirigentes.
Tras esa primera cita con el ministro del Interior, Morales atribuyó el llamado a un diálogo a "la debilidad" del gobierno luego de las legislativas. "Si se cae el diálogo estamos en riesgo de cualquier cosa", advirtió.
Para este dirigente, "después de la señal del pueblo en las urnas contra el liderazgo de confrontación que expresan Kirchner y Moreno se imponía el diálogo institucional", pero "el tema es que Kirchner deje de interferir tanto en las decisiones del gobierno, porque no deja de confrontar", criticó.
"El gobierno de Cristina Fernández no apareció" todavía, cuestionó por su parte el analista político Joaquín Morales Sola, columnista del rotativo conservador La Nación.
Morales Solá también cuestiona lo que entiende como la influencia de Kirchner en la gestión de su esposa. "Ella tiene el gobierno y él el poder", opina.
Analistas y editorialistas coinciden en que entre los temas más ríspidos que el gobierno se resiste a cambiar está el manejo del Indec y la política agropecuaria, fuertemente enfrentada por las asociaciones empresariales del sector que llevaron a un largo conflicto en 2008 y algunos de cuyos directivos hoy fueron elegidos legisladores en filas de la oposición derechista.
En este marco de discusiones, el gobierno inauguró la semana pasada las reuniones del llamado Consejo Económico y Social con empresarios y sindicalistas, pero sin la presencia de las asociaciones agropecuarias.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, prometió que ese sector será incluido, pero no dijo cuando.
