La célebre frase del laureado escritor colombiano Gabriel García Márquez, «el periodismo es el oficio más bello del mundo», tiene sabor a hiel en México, donde la tarea de informar entraña un peligro mortal.
No hay organización mexicana o extranjera que no haya alertado en meses recientes de la grave coyuntura que atraviesa el ejercicio periodístico.
En su informe anual presentado el martes 21, la no gubernamental Fundación Manuel Buendía contabilizó 17 periodistas asesinados entre 2008 y el primer semestre de este año, cifras que han convertido a esta nación norteamericana en el sitio más peligroso del mundo para la gente de la prensa, sólo después de Iraq.
En ese periodo, la organización no gubernamental dedicada a analizar temas de comunicación registró 365 casos de agresión, de los cuales 223 correspondieron al año pasado.
Otras cifras dramáticas son las de los no gubernamentales Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la oficina mexicana de Artículo 19, fundada en 1987 y con sede en Londres.
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En su reporte sobre el segundo trimestre de este año, registraron 512 ataques entre abril y junio, sobre todo en los norteños estados de Chihuaha y Zacatecas y en el sureño de Oaxaca.
Omar Martínez, coordinador del documento de la Fundación Buendía, atribuyó los embates al combate del gobierno contra el narcotráfico y a "ciertos poderes políticos y fácticos" que entraron en acción en la campaña previa a los comicios del 5 de este mes.
"Se está generando una mayor vulnerabilidad para los medios de comunicación, no sólo en el norte (del país), que es lo más visible, si no en otras regiones", dijo Martínez a IPS.
Desde su llegada al gobierno en diciembre de 2006, el presidente conservador Felipe Calderón desató una lucha abierta al tráfico ilegal de estupefacientes, mediante el despliegue de más de 12.000 soldados y agentes policiales en las zonas más afectadas, lo cual recrudeció la violencia vinculada al crimen organizado.
Los sucesos más recientes son los asesinatos de Martín Miranda, reportero del diario Panorama y corresponsal de la agencia informativa Cuadratín, y Ernesto Montañez, editor del periódico local Enfoque del Sol de Chihuahua.
Miranda apareció muerto el día 12 en su residencia en un municipio del noroccidental estado de Michoacán, y su colega fue ejecutado a balazos dos días después en la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.
Ante ese panorama aterrador, el relator de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, el guatemalteco Frank La Rue planteó la posibilidad de instaurar un mecanismo especial de protección a los periodistas.
"El hecho de que México tenga el segundo índice después de Iraq de asesinatos de periodistas realmente es preocupante", dijo La Rue el martes, durante una reunión con miembros de la Comisión de Radio y Televisión del Senado y con el diputado Gerardo Priego, presidente de la Comisión Legislativa Especial de Seguimiento a Agresiones a Periodistas.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a cargo de la colombiana Catalina Botero, también se pronunció sobre la situación mexicana.
En su informe de mayo, Botero consideró que el momento es "de extrema gravedad" en algunas zonas del país, especialmente en el norte, y "hay una insuficiente respuesta estatal".
Las baterías de las distintas organizaciones se dirigen a las autoridades mexicanas por su inacción para proteger a los periodistas y para esclarecer las agresiones y los asesinatos, además de acusarlas de autoría de al menos la mitad de los actos violentos.
En febrero de 2006 se puso en funciones la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), actualmente a cargo de Alberto Orellana. Pero tres años después de su creación muestra resultados poco esperanzadores.
Entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, la FEADP sólo pudo encargarse de 88 de los 274 expedientes recibidos. La diferencia quedó empequeñecida ante el resultado de esos 88: sin elementos para la intervención penal, archivados por no haber avances o colocados "en reserva" por la aparente falta de elementos para investigar.
"Cuestionamos la labor de la FEADP, que es una muestra de la ineficacia de la aplicación de la justicia", subrayó Martínez.
Además, el Congreso legislativo no aprobó una reforma al Código Penal para otorgar fuero federal a las agresiones contra periodistas, lo que hubiera permitido que la Procuraduría (fiscalía) General de la República, de la cual depende la FEADP, investigara de oficio esos casos.
En septiembre asumirán los nuevos legisladores electos el 5 de julio, y no se sabe si ese tema formará parte de su agenda parlamentaria.
Ante las muertes de Miranda y Montañez, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en París, pidió en un comunicado que "se efectúen investigaciones en profundidad. Lo asesinatos se han producido en dos regiones que se encuentran entre las más expuestas a la guerra de los carteles y a la ofensiva federal contra el narcotráfico".
RSF presentará en septiembre un informe sobre la situación en México, que tendrá como insumo la información recogida por una delegación que visitó este país a inicios de este mes.
Las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión esperan que el gobierno mexicano invite a la relatora Botero.
De hecho, la CIDH ya está en posesión de cuatro expedientes sobre periodistas mexicanos desaparecidos. El más reciente, una investigación practicada por la Sociedad Interamericana de Prensa que aglutina a dueños de medios de prensa del continente americano, se refiere a Alfredo Jiménez, quien desapareció el 2 de abril de 2005 en la norteña ciudad de Hermosillo.
De esa cuenta, el Estado mexicano se expone a que la CIDH abra una pesquisa formal y, de proceder, eleve las denuncias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de San José de Costa Rica.
"México sigue sin poder garantizar el ejercicio de uno de los derechos claves para el fortalecimiento de un régimen que pretenda ser democrático: la libertad de expresión", concluyeron en su informe trimestral Cencos y Artículo 19.
"Se necesita de una alianza mayor entre informadores, medios, la academia, organizaciones no gubernamentales, despachos de abogados, procurar una suma de voluntades para que gane fuerza la denuncia, pues lo que está en riesgo es un bien común", finalizó Martínez.
