Un convulsionado escenario se instaló en la sureña región chilena de la Araucanía, luego de que indígenas iniciaran un proceso de recuperación territorial. En la zona se registraron tomas de predios, atentados, la presentación de querellas y hasta el resurgimiento de un grupo paramilitar antimapuche.
"Para deponer la manifestación tenemos que sentarnos a conversar gobierno, empresarios y pueblo mapuche en una mesa de negociación, no de trabajo", señaló este viernes a IPS Juan Carlos Curinao, uno de los loncos (jefes) de esta etnia, sobre la movilización "indefinida" iniciada el 23 de este mes.
El día 7, un centenar de dirigentes del principal pueblo indígena del país, con casi un millón de miembros repartidos en varias regiones, recorrieron 680 kilómetros desde Araucanía hasta Santiago con la intención de entrevistarse con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
Como la mandataria no los recibió, le dejaron una carta donde le advertían del próximo inicio de movilizaciones si no se concretaban sus demandas.
Según explicaron los mapuches en esa oportunidad, decidieron presentarse directamente en la sede de gobierno ante la falta de respuesta de la intendenta de la Araucanía, Nora Barrientos, principal autoridad regional designada por el gobierno nacional.
El 23 de este mes los mapuches cumplieron su palabra y comenzaron a tomarse diversos predios privados reclamados como propios, anunciado el inicio de trabajos dentro de ellos. Los enfrentamientos con la policía, que han procedido a desalojar los recintos, han terminado con comuneros y efectivos heridos.
El martes, un autobús interprovincial repleto de pasajeros y dos camiones fueron atacados por encapuchados en Temuco, capital de la región de la Araucanía, acto reivindicado por la organización radical mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM). En respuesta, el gobierno presentó una querella invocando la severa Ley de Seguridad del Estado.
El agravamiento de la situación obligó al gobierno a enviar a la zona al subsecretario del Interior, Patricio Rosende, para supervisar la función policial y coordinar políticas de interés indígena, como planes de empleo, dotación de servicios de agua potable, electrificación rural y mejoramiento de las condiciones de riego de los campos.
El jueves, la portavoz del gobierno, Carolina Tohá, declaró que sólo siete de las 2.800 comunidades indígenas existentes en el país "realizan acciones violentas".
"Estas acciones no las vamos a permitir, pero al mismo tiempo, estamos muy claros que hay una temática indígena que el país debe enfrentar y que tiene que ver con políticas mucho más profundas y que no se resuelven y terminan en los temas de seguridad en lo más mínimo. Tienen que ver con aspectos sociales, con aspectos políticos y aspectos culturales", dijo Tohá.
El gobierno ha planteado que desde 1994 a la fecha se han transferido más de 650.000 hectáreas a las comunidades indígenas, 35 por ciento durarte el gobierno de Bachelet.
El mismo jueves, 16 alumnos secundarios mapuches del liceo Alonso de Ercilla, también en la Araucanía, fueron detenidos por efectivos de carabineros (policía militarizada) mientras realizaban una manifestación en las afueras del establecimiento.
Paralelamente, el denominado "Comando Hernán Trizano", de características paramilitares que operaría en la Araucanía, anunció su reactivación, amenazando a dirigentes mapuches de literalmente hacerlos volar con dinamita a partir del 3 de agosto.
Ante ello, el senador del Movimiento Amplio Social (MAS) y candidato a la presidencia, Alejandro Navarro, anunció este viernes que presentará una querella invocando la ley antiterrorista contra este grupo radicalizado.
Tanto el no gubernamental Observatorio Ciudadano como la organización humanitaria Amnistía Internacional han manifestado, a través de comunicados públicos, su preocupación por las violaciones a los derechos humanos reportadas en la región de la Araucanía durante los últimos días.
De acuerdo a lo informado por dirigentes mapuche, "los agentes policiales han hecho utilización desmedida de elementos disuasivos, tales como bombas lacrimógenas y balas antimotines, realizando disparos desde helicópteros en movimiento, incluso con balines de plomo, para reprimir a quienes protestaban", señala el Observatorio.
De igual forma, Amnistía calificó de inaceptables "los ataques a la integridad física y psíquica de las personas desarmadas, a la propiedad de particulares y el libre tráfico" protagonizados por mapuches.
"No es la primera vez en Chile que la resolución lenta e inadecuada de reivindicaciones sobre tierras ancestrales de los pueblos indígenas y el impacto de proyectos actuales y futuros de industria extractiva e ingeniería forestal han ocasionado tensiones que han desembocado en violencia", recordó esta organización internacional.
Según Curinao, lonco de la comunidad Guañaco Millao, las comunidades mapuches alzadas "no son una minoría".
Aseguró que la movilización está liderada por 40 autoridades tradicionales de diferentes identidades territoriales que representan a todo el pueblo mapuche.
Sin embargo, el dirigente se desmarcó de otras organizaciones como el Consejo de Todas las Tierras, liderado por Aucán Huilcamán, y la radical CAM.
"Nosotros no le hemos dado atribuciones a la CAM. Este es un movimiento de pueblo, no de organizaciones. Esta es la demanda de las autoridades tradicionales, aunque nosotros aceptamos las muestras de apoyo de diferentes sectores", dijo.
"Los mapuches que estamos manifestándonos no somos violentos, no andamos armados para perjudicar a un colono, nosotros estamos luchando por nuestra cultura. El que nos ha violentado a nosotros es el Estado, ellos nos balean", respondió el lonco.
"Si yo entro a un predio no es por la violencia es para reconocer mi territorio", explicó.
Curinao sostuvo que "el atentado al autobús a nosotros no nos compete, nosotros no estamos en esa situación. Aquí hay muchos auto-atentados, montajes que se hacen contra nuestro pueblo. Justamente cuando estamos en lucha (esta) fracasa por cualquier cosa" como esas.
Mientras todavía no se avizora una solución al nuevo alzamiento mapuche, este viernes se informó de la constitución de una mesa de trabajo público-privada entre el gobierno y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile tendiente a mejorar las condiciones de seguridad de los conductores a lo largo del país, especialmente en la zona del conflicto indígena.
Para este sábado está programada una marcha a favor de la causa mapuche en la capital y el 5 de agosto el Senado realizará una sesión especial para analizar "la situación de seguridad que está afectando a la región de la Araucanía".
