El hallazgo de restos óseos de dos personas en un sitio denunciado como cementerio clandestino de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989) abre un nuevo capítulo en la investigación de crímenes cometidos por ese régimen.
El 23 de este mes, una comitiva de fiscales y un grupo de víctimas de la dictadura fueron testigos del hallazgo de una tumba NN en el predio de la Agrupación Especializada, dependencia de la policía que en el gobierno de Stroessner era conocida como la Guardia de Seguridad, en la capital paraguaya.
"Esta es una prueba contundente que demuestra que hubo un capítulo nefasto en el país", dijo a IPS Antonio Palazón, presidente del no gubernamental Tribunal Ético contra la Impunidad, que trabaja por el esclarecimiento de cientos de desapariciones forzadas.
Las excavaciones se iniciaron en una zona colindante con la cárcel La Esperanza, que a su vez se halla equidistante de la Penitenciaría Nacional, en el barrio Bañado Tacumbú de Asunción.
"Hasta ayer nomás los 'stronistas' (seguidores de Stroessner) decían que no hubo desaparecidos, que eran mentiras nuestras", expresó Palazón.
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Según el informe divulgado en agosto de 2008 por la independiente Comisión de Verdad y Justicia, establecida por ley, 336 personas fueron secuestradas y desaparecidas y más de 120.000 fueron víctimas de injusticias, casi 20.000 de ellas detenidas en forma ilegal.
La Comisión tuvo a su cargo la investigación de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales o paraestatales entre 1954 y 1989 y en los 15 años subsiguientes, durante la transición hacia la democracia.
Alrededor de 18.000 personas soportaron torturas y al menos 59 fueron ejecutadas.
El hallazgo de los restos óseos fue posible a partir de datos aportados por un ex conscripto que prestó servicios en la Guardia de Seguridad en la década de 1970.
Los antropólogos a cargo de las excavaciones y recolección de restos sospechan que habría una tercera persona enterrada allí.
"Éste era el cementerio clandestino; nosotros lo conocíamos así porque sabíamos que había compañeros nuestros que desaparecieron y fueron traídos a este lugar", dijo a IPS la activista Guillermina Kanonnikoff.
Según su denuncia, Kanonnikoff fue detenida y torturada por la policía en 1976, junto con su esposo Mario Schaerer Prono, quien falleció mientras era torturado en el Departamento de Investigaciones, centro neurálgico del sistema de seguridad del régimen.
Kanonnikoff y Schaerer Prono militaban en la Organización Primero de Marzo, un movimiento clandestino creado en la década de 1970 para acciones de resistencia armada contra de la dictadura.
Hoy, Kanonnikoff es querellante en el juicio por la muerte de Schaerer Prono contra Sabino Augusto Montanaro, ministro del Interior de Stroessner entre 1966 y 1989, quien retornó sorpresivamente al país en mayo desde Honduras, donde gozaba de asilo político.
Contra Montanaro se llevan adelante siete procesos por crímenes de lesa humanidad. Beneficiado con prisión domiciliaria, el reo espera el resultado de estudios médicos para determinar si está apto para enfrentar un juicio oral.
Los restos óseos son "una prueba más que vamos a acercar para la condena del genocida Montanaro, como responsable de las violaciones de derechos humanos durante el tiempo que ocupó la cartera del Interior", sostuvo Kanonnikoff.
Por el crimen de Schaerer Prono fueron condenados a 25 años de reclusión Pastor Coronel, jefe del Departamento de Investigaciones de la policía de Asunción —fallecido en prisión en septiembre de 2000—, Lucilo Benítez, Juan Martínez y Camilo Almada Morel.
Benítez, Martínez y Almada Morel están presos en la Agrupación Especializada, muy cerca del lugar donde se realizan las excavaciones.
Según Palazón, el procedimiento que seguían los agentes del régimen tras capturar a sus víctimas era enviarlas al Departamento de Investigaciones, donde operaba el centro de torturas.
"Si no morían en la pileta de tortura (una bañera donde los prisioneros eran sometidos a ahogamientos también llamados "submarinos"), se los mataba en otro sitio y finalmente se tiraban los cuerpos en las fosas cavadas en la Guardia de Seguridad", describió Palazón.
Los cuerpos de los asesinados se llamaban "paquetes", porque estaban envueltos en bolsas de plástico, y eran traslados hasta el sitio en la madrugada. Una vez allí, se cavaban las fosas para enterrarlos y sobre ellas se colocaban plantas, simulando una huerta.
Los restos hallados podrían ser de dos hombres, enterrados entre 1976 y 1977 y procedentes de la cárcel de máxima seguridad de Emboscada, situada a 38 kilómetros de Asunción.
Uno de los muertos podría ser el ciudadano argentino Oscar Luis Rojas. "Estamos hablando probablemente del hallazgo de personas de otros países, porque fuimos compañeros de prisión, que fueron víctimas del Plan Cóndor", apuntó Kanonnikoff.
El Plan Cóndor fue una coordinación entre servicios de inteligencia y seguridad de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay Uruguay, que operó en las décadas de 1970 y 1980 para perseguir y eliminar a opositores.
Stroessner fue depuesto por un golpe de Estado en febrero de 1989. Vivió en Brasil desde entonces, donde falleció en agosto de 2006. Poco después de su derrocamiento, hubo intentos infructuosos de ubicar los cementerios clandestinos.
En diciembre de 1992, el activista de derechos humanos Martín Almada descubrió el llamado "Archivo del Terror", un conjunto de documentos del Departamento de Investigaciones de la policía que se constituyó en prueba material de la existencia del Plan Cóndor.
En octubre del año pasado, un nuevo archivo salió a luz. Documentos de personas detenidas en la dictadura se encontraron en el sótano de un edificio que perteneció al Ministerio del Interior.
Tras los hallazgos en Bañado Tacumbú, los investigadores presumen que la ex Guardia de Seguridad no sería el único cementerio.
A medida que avanzan las excavaciones, se ensancha la esperanza de los familiares de los desaparecidos. "Hoy podemos llegar a saber que ocurrió con ellos", dicen.
