El derecho laboral, que ocupa gran parte de los quehaceres de la OIT, se funda en la presunción de que el trabajador es más débil que el empleador y, por tanto, necesita la tutela jurídica para equilibrar en algo esa relación desigual de dependencia.
Pero cuando sobrevienen cataclismos que sacuden a las dos partes, empresas y asalariados, como ocurre actualmente con la crisis económica y financiera mundial, la intrínseca desprotección de los obreros reaparece en toda su esencia.
En estos días, economistas, gobernantes y por supuesto sindicalistas rememoran con alarma una cruel peculiaridad de las recesiones, por la cual en ese escenario la recuperación del empleo se demora más del doble de tiempo que el restablecimiento de la producción.
En otras palabras, la economía y la creación de puestos de trabajo marchan a velocidades distintas, con perjuicio otra vez para el sector más vulnerable de los asalariados.
Con toda crudeza lo reconocieron este fin de semana los ministros de Finanzas del Grupo de los Ocho (G-8) países más poderosos, que deliberaron en la ciudad italiana de Lecce. Aún después de que el crecimiento comience a resurgir, el desempleo puede continuar descendiendo, alertaron en la declaración final.
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Pero la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ya viene advirtiendo de este riesgo desde antes de que la crisis nacida en Estados Unidos se desencadenara en toda su actual magnitud.
El director general de la OIT, Juan Somavía, resumió esas prevenciones al inaugurar el 3 de este mes las sesiones de la Conferencia Internacional del Trabajo, que concluyen esta semana.
Somavía recordó a representantes de gobiernos, sindicatos y empleadores, la fórmula tripartita que gobierna la OIT, que las crisis del pasado "nos han enseñado que el restablecimiento del empleo a los niveles previos a la crisis llega con un atraso promedio de entre cuatro y cinco años".
Con esos antecedentes, se puede esperar que el mundo afronte una crisis de empleo y de protección social de seis a ocho años de duración, calculó el jefe de la OIT.
El punto de partida para este problema ya era desalentador. Los últimos datos de la OIT sobre las tendencias mundiales del empleo, de mayo, pronosticaban que el desempleo del presente año afectará a una masa de entre 210 y 239 millones de personas, lo que equivaldría a tasas de 6,2 y 7,4 por ciento de la población económicamente activa, respectivamente.
En comparación con el panorama de 2007, el estudio prevé que el número de desempleados se incrementará en 2009 en entre 39 y 59 millones.
La cuestión se complica al corroborar la OIT que la mayor parte del déficit global del empleo, en cifras absolutas, se produce en los países en desarrollo. Sin embargo, admite que algunos países industrializados podrían alcanzar tasas de desempleo más altas.
Una observación atinada de la OIT deduce que si la creación de trabajo decente en los países en desarrollo y las economías emergentes sigue siendo débil, es probable que se incrementen las presiones de emigración hacia los países más ricos.
La evaluación de varias hipótesis y de otros factores conexos a la crisis que influirán en el mercado de trabajo mundial durante el período que se extiende hasta 2015 llevó a los expertos de la OIT a considerar que, si la recuperación del crecimiento es débil y su contenido de empleo también, el mundo afrontará durante seis años, o incluso más, graves dificultades en el plano ocupacional, con repercusiones sociales y políticas.
Pero, esas dificultades podrían aliviarse y tal vez superarse en tres años, si las políticas para contrarrestar la recesión y estimular el crecimiento de la producción se concentran en maximizar el contenido de empleo en las políticas tendientes a la recuperación económica.
Otro corolario del análisis apunta que, en atención a la probable gravedad y duración de la crisis mundial del empleo, es esencial que se mejore la protección social para las personas en situación vulnerable a causa de las condiciones del mercado laboral.
En todos esos escenarios aparece como valor axiomático la importancia de reducir el período de recuperación del empleo en relación con el lapso de restablecimiento de la producción.
Sin embargo, algunos ejemplos de crisis pasadas relativizan la fatalidad de esa ecuación que duplica el período de convalecencia del empleo con respecto al tiempo requerido para que la economía se recobre.
Raymond Torres, director del Instituto de Estudios Laborales de la OIT, citó a IPS el caso de Corea del Sur, que, al sentirse afectada por la crisis financiera y económica que estalló en Asia a mediados de 1997, adoptó políticas de intervención estatal para reducir las consecuencias.
Una de esas disposiciones consistió en elevar el déficit fiscal a cuatro o cinco por ciento del producto y destinar esos recursos a financiar políticas de protección contra el desempleo.
Esas orientaciones llamaron la atención por tratarse Corea del Sur de un país presentado en las últimas décadas del siglo y hasta el presente, como un modelo de estrictas políticas neoliberales.
El tema de las políticas neoliberales surgió repetidas veces en los debates que sostiene la Conferencia Internacional del Trabajo.
En una de esas ocasiones, el máximo representante de los empleadores ante la OIT, el argentino Daniel Funes de Rioja, preguntó qué medidas, "dentro de un marco de economía de mercado capitalista", se podrían adoptar para reducir la brecha entre la recuperación de la economía y la del empleo.
Las respuestas de los representantes Richard Newfarmer, del Banco Mundial, y Marco Terrones, del Fondo Monetario Internacional, sólo mencionaron intervenciones de origen estatal para afrontar ese problema.
