Siempre pasa lo mismo: los televidentes se conmueven e indignan porque ya no está, aunque terminan riendo con él. El periodista satírico Jaime Garzón fue asesinado el 13 de agosto de 1999, pero el burlón implacable sigue vigente.
En cada aniversario de su muerte los noticieros de televisión repiten sus ácidas parodias políticas que lo convirtieron en un ídolo de la gente.
El día de su asesinato, los transeúntes bogotanos lloraban por la calle, incluso curtidos hombres del pueblo de mediana edad, educados en que las lágrimas son sólo cosa de mujeres.
La sentencia callejera de entonces también sigue vigente: «lo mataron porque decía la verdad».
Garzón fue baleado cerca de la emisora donde trabajaba, en el occidente de Bogotá, por sicarios que se desplazaban en moto.
Según el Proyecto contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa, «Garzón habría descubierto que algunos miembros de la Brigada XIII (del ejército) en Bogotá vendían armas e incluso personas secuestradas a la guerrilla de las FARC», las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alzadas desde 1964.
[related_articles]El crimen adquirió un nuevo giro a raíz del escándalo del espionaje ilegal del principal organismo de inteligencia nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Fue el senador Gustavo Petro, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, quien trazó relaciones entre ese asesinato y los espionajes y sabotajes ejecutados durante años por el Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3) del DAS.
El escándalo estalló en febrero, cuando la prensa reveló esas acciones contra magistrados, opositores, defensores de derechos humanos, pacifistas, líderes sociales y periodistas.
La consecuente pesquisa del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), policía judicial de la Fiscalía General de la Nación, para establecer quiénes en el DAS filtraron la información a la prensa, resultó una caja de Pandora.
En un informe a los fiscales al que tuvo acceso IPS, el CTI resumió miles de folios de archivos del G-3 designados como «ultrasecretos» y organizados en 104 carpetas tipo A-Z.
El 9 de este mes, con apenas unos 18 de los 102 senadores en el recinto, Petro condujo un debate en el que expuso el documento del CTI, agregando elementos recabados por su oficina. Recibió poca atención de la prensa, aunque fue transmitido en directo por televisión.
UN HOMBRE DE LA SEGURIDAD NACIONAL
El senador se concentró en las actividades del G-3, creado por José Miguel Narváez, si bien dicho grupo nunca figuró en el organigrama del DAS.
[pullquote]1[/pullquote]Economista y consultor de empresas, Narváez asesoró desde fines de los años 90 al Ministerio de Defensa sobre el secuestro, un delito muy frecuente en este país que lleva casi medio siglo de guerra interna.
Narváez asesoraba a la Brigada XIII cuando, al inicio del gobierno de Álvaro Uribe en 2002, su nombre sonó para dirigir una central de inteligencia que proyectaba el presidente.
Pasó luego a asesorar a Jorge Noguera, director del DAS entre agosto de 2002 y noviembre de 2005.
Desde allí, y con pleno conocimiento de Noguera —según las actas estudiadas por el CTI—, Narváez creó el G-3, cuya existencia fue negada por el DAS hasta marzo de este año.
En junio de 2005, Noguera nombró a Narváez subdirector nacional del DAS. Al poco tiempo, ambos salieron de la entidad enfrentados, ante escándalos por sus aparentes vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), milicias paramilitares de ultraderecha creadas supuestamente para combatir a la guerrilla.
Noguera, preso y en espera de juicio, negó el 23 de este mes ante el fiscal general Mario Iguarán haber tenido relación con el G-3.
Cuatro ex jefes paramilitares han señalado a Narváez como una de las figuras principales en el organigrama de estos grupos de ultraderecha, «y como eslabón central que unía el paramilitarismo a las elites políticas del país», recordó a IPS Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Narváez ha sido mencionado como miembro del «Grupo de los Seis» que, según el extinto comandante paramilitar Carlos Castaño, estaba conformado por «verdaderos patriotas», «nacionalistas» y «personajes de todo respeto y credibilidad» que usaban cierto símbolo, que no describió, cuyo significado era «sociedad que se defiende».
Ese grupo, al que Narváez niega haber pertenecido, decidía a quién ejecutar y a quién no de las listas que les pasaba Castaño, según relató el propio comandante de las AUC en el libro «Mi confesión», de 2001.
Dos ex jefes paramilitares hoy extraditados a Estados Unidos recuerdan a Narváez como uno de los máximos ideólogos e instructor de las AUC, que les dictaba una cátedra titulada «Por qué es lícito matar comunistas en Colombia», y como instigador de los asesinatos de los periodistas Garzón y Manuel Cepeda, éste último también senador comunista y padre del portavoz del Movice.
Narváez fue catedrático de las escuelas de guerra y de inteligencia del ejército y, según Cepeda, «asesor del gobierno del presidente Uribe en asuntos de seguridad nacional». Hoy es funcionario de la Federación Colombiana de Ganaderos.
«A pesar de estas graves acusaciones, y de estar involucrado en el espionaje contra destacadas figuras del país desde los organismos de seguridad del Estado, la Fiscalía General de la Nación aún no investiga estas denuncias», agregó Cepeda.
Narváez está llamado a indagatoria por el espionaje ilegal del G-3.
OTRA PIEZA DEL ROMPECABEZAS
Las relaciones entre el crimen del periodista Garzón y el escándalo del DAS no se restringen a Narváez.
Emiro Rojas ha sido funcionario del DAS por más de 30 años. Fue director regional de esa entidad en el noroccidental departamento de Antioquia entre 1997 y 2002, y subdirector nacional hasta junio de 2005. Hoy dirige la Escuela Superior de Inteligencia y Seguridad Pública del DAS, en Bogotá.
En el proceso penal por el asesinato de Garzón, el DAS de Antioquia, bajo jefatura de Rojas, acusó a dos jóvenes de las barriadas pobres de Medellín, capital departamental, de ser los sicarios que dispararon contra el periodista. La fiscalía aceptó esa versión y acusó de autoría intelectual a Castaño.
[pullquote]2[/pullquote]Pero, en el marco del proceso, se probó que Rojas disponía de un testigo profesional, contra quien hoy pesa una orden de investigación por falso testimonio. Además, un joven que no quiso declarar contra uno de los pretendidos sicarios, fue asesinado.
El juicio culminó en 2004 con la absolución de los dos jóvenes, que pasaron más de cuatro años presos, pero no se adelantó investigación contra Rojas y otros funcionarios del DAS que hicieron el montaje, a pesar de que así lo ordenaron las sentencias de primera y segunda instancia.
Al contrario, Rojas fue nombrado para integrar la «comisión de la verdad», conformada por el gobierno una semana antes de la renuncia de Noguera para determinar qué ocurría y qué debía hacerse con ese organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia.
¿PROHIBIDO HURGAR EN CRIMEN DE GARZÓN?
Periodistas y abogados que se interesaron en aclarar el crimen contra Garzón resultaron espiados por el DAS.
Fue el caso del jurista Alirio Uribe Muñoz, director del no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien se constituyó en parte civil en representación de la familia de Garzón en el proceso por su asesinato.
El informe del CTI señala que en la carpeta A-Z número 54 aparece un documento dirigido al DAS el 2 de octubre de 2003 y firmado por Uribe Muñoz.
En el mensaje, el abogado cuestionaba el papel del DAS en la desviación de la investigación penal y denunciaba ante ese mismo organismo amenazas y hostigamientos contra una periodista que seguía el caso desde 2001, Claudia Julieta Duque.
El CTI también reseña varios informes de inteligencia sobre Duque, entre febrero y noviembre de 2004.
El 17 de agosto de 2003, el programa de televisión «Contravía», dirigido por el periodista Hollman Morris, presentó las principales conclusiones de la investigación de Duque sobre el asesinato de Garzón.
Los periodistas hicieron lo que le faltó a la fiscalía: reconstruir los hechos. Derrumbaron así la versión armada por el organismo de inteligencia.
Noguera, entonces director del DAS, aseguró a «Contravía» que «algunos funcionarios del DAS» habían sido investigados por el caso y «no encontramos nada irregular».
Pero en el debate que no fue noticia, el senador Petro señaló un «puente de unión» entre el acoso del DAS contra Uribe Muñoz y los periodistas Duque y Morris: cuando los tres demostraron la desviación de la investigación y el juez descartó el montaje, en 2004, fueron designados como «blancos» de espionaje.
Petro indicó que en las carpetas reseñadas por el CTI se encontraban «las más abundantes labores de inteligencia contra todos los miembros» del Colectivo de Abogados, interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos, hojas de vida con base en seguimientos, grabaciones, nombres de familiares, e incluso de los hijos menores de edad.
«Aparecen fotografías de los colegios adonde van los hijos de estas personas, e incluso aparecen fotografías del colegio por dentro, de los salones de clase…», denunció el senador.
También, «fotografías de las viviendas, seguimientos durante viajes nacionales e internacionales, fotografías del pasaporte, registros migratorios, investigaciones financieras…, y seguimientos a personalidades internacionales» que entraban en contacto con los espiados, detalló.
Otras carpetas exponen los minuciosos seguimientos ejecutados contra Duque, Morris y sus familias (Ver recuadros).
Para Petro «aquí había intereses particulares que hacían seguir a personas porque éstas estaban haciendo investigaciones que iban indicando quiénes eran los verdaderos asesinos…, como en este caso el de Jaime Garzón», sostuvo el senador.
En otras palabras, dijo Petro, se trató de «una persecución hecha en el DAS, en donde los funcionarios del DAS que toman la decisión de perseguirlos están siendo sindicados», uno (Narváez) de ser autor intelectual del asesinato, y otro (Rojas) de manipular pruebas para acusar a inocentes y desviar la investigación sobre este crimen a punto de cumplir 10 años de impunidad.
El gobierno de Uribe negoció la desmovilización paramilitar a cambio de penas leves para crímenes atroces y «algo de verdad», como preveía el ex alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.
La Corte Constitucional, sin embargo, condicionó los beneficios judiciales a que los desmovilizados confesaran «la verdad completa». Tras ese fallo, la verdad vigente de Garzón no está tan sola.
* Segundo informe de la serie «Las actas de la seguridad democrática», sobre el escándalo de los espionajes del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia.
