Representantes de la favela La Rocinha y del gobierno de Río de Janeiro acordaron sustituir por senderos ecológicos, parques de juegos y muros bajos, el paredón que se intentaba construir para contener la expansión de este barrio hacinado hacia la selva.
La solución podría extenderse a otras favelas después de la polvareda que levantó la iniciativa original de amurallarlas, considerada un intento de apartheid entre ricos y pobres de esta ciudad carioca.
Para llegar a la cima de La Rocinha, donde una empresa del gobierno comienza a construir los límites ecológicos, hay que encaramarse a una moto-taxi, el transporte más apto para circular en los estrechos y sinuosos caminos de estas comunidades, generalmente tendidas sobre los «morros», los cerros característicos de Río.
Cuando ocuparon estas tierras los conquistadores portugueses, en los morros cariocas, como a lo largo de otros 16 estados del oriente del país, crecía el Bosque Atlántico (Mata Atlântica en portugués), uno de los biomas de mayor diversidad biológica del planeta. Hoy sobrevive apenas siete por ciento de su cobertura original.
En la cumbre de La Rocinha, las chozas precariamente suspendidas sobre el barranco, entre una vegetación todavía abundante, marcan el límite hasta donde creció, talando y quemando árboles, esta comunidad de unos 200.000 habitantes, una de las mayores de América Latina en su tipo.
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Con el objetivo declarado de frenar esa deforestación y evitar construcciones en áreas con peligro de derrumbe, el gobierno de Río había propuesto tender unos 15 kilómetros de muros de tres metros de altura, en 14 favelas cariocas.
Pero el proyecto, que comenzó a concretarse con un paredón de acero y hormigón en la sureña favela Santa Marta, despertó muchas iras.
El muro es «una metáfora ofensiva que agrede a los habitantes de las favelas», dijo para este artículo Silvia Ramos, coordinadora del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESC).
Se trata de «una especie de jaula», describió el técnico en informática Nadson Ribeiro, habitante de Santa Marta. Sus rejas son la policía que «vigila el lugar constantemente» desde la zona baja, y el paredón, arriba, describió.
Esa imagen se hace realidad en La Rocinha.
Mientras un impresionante despliegue policial destroza en las zonas bajas los puestos ambulantes del comercio informal, en lo alto, entre los árboles, se repliegan los narcotraficantes. A ese escape estratégico, entre la espesa vegetación, muchos atribuyen la verdadera razón de ser de los muros: cercar el tráfico de drogas.
El presidente de la Empresa de Obras Públicas, Icaro Moreno, rechazó la comparación con el apartheid. «El límite era virtual y ahora es físico. Lo que el Estado hizo es decir ‘si lo atraviesas o rompes, estarás infringiendo el patrimonio publico'», ejemplificó.
Pero la gente de La Rocinha le dijo no a los «eco-limites». «Todo muro es separatista», dijo en una entrevista el presidente de la Asociación de Vecinos de La Rocinha, Antonio Ferreira de Melo.
La movilización de esta comunidad, y de la Federación de Favelas de Río de Janeiro, estableció al menos una tregua.
El gobierno aceptó la propuesta de La Rocinha de sustituir los muros por una combinación de trechos de senderos ecológicos, con barandas para las personas que se desplazan con dificultad, pistas para patines y bicicletas y plazas con juegos infantiles, alternados con tramos de muros de sólo 90 centímetros de altura.
Los paredones altos sólo se erigirán en las zonas con riesgo de deslizamientos.
La Asociación también propuso desplegar guardias forestales de la comunidad para fiscalizar que se respeten los límites establecidos.
Ocimar Santos, editor de contenido del Sitio Oficial de La Rocinha en Internet, está satisfecho con la solución. «No interrumpirá el derecho de locomoción y el parque ecológico beneficiará a la comunidad», dijo.
En su opinión, la comunidad sabe que su crecimiento desordenado acarrea problemas, como la ineficiencia del saneamiento y la recolección de basura. Pero la idea del muro «no es un símbolo bueno en ninguna parte del mundo», reflexionó.
Para el gobernador del estado de Río de Janeiro, Sérgio Cabral, los muros buscan «proteger» a las comunidades, que reciben a cambio beneficios del Estado como saneamiento básico, educación y urbanización.
Es una forma de que esas inversiones, «a lo largo del tiempo, no se pierdan con la expansión descontrolada de la comunidad», dijo Cabral, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, aliado del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
La duda es si el acuerdo alcanzado en La Rocinha se extenderá a las demás favelas.
Las reacciones han traspasado las fronteras. El jurista Álvaro Tirado Mejía, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, cuestionó la «discriminación geográfica» de los muros.
Luisa, una habitante de La Rocinha, lo sintetiza a su manera: «El muro no es para separar árboles, es para separar a los pobres», dijo la mujer, tampoco convencida de los senderos ecológicos.
«Dicen que es un parque, pero allá abajo —en la ciudad de clase media y alta— los parques ecológicos no son rejas», cuestionó.
La alarmante pérdida del Bosque Atlántico contribuyó a reflotar la idea del muro, que había sido propuesta en otros gobiernos.
El Atlas de los Remanentes Forestales del Bosque Atlántico, elaborado por la Fundación SOS Mata Atlântica y el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, reveló el mes pasado que el estado de Río perdió 176.714 hectáreas de este bioma desde 1985.
Según el estudio, la tasa anual de deforestación casi se duplicó en los últimos tres años. Hoy, Río posee 18 por ciento de los bosques que tenía.
Los incendios, la expansión urbana y la ocupación humana son las principales causas de la deforestación en Río, dijo para este artículo la directora de SOS Mata Atlântica, Marcia Hirota.
Pero la Fundación no cree que la «presión sobre la vegetación nativa» sea exclusiva de las favelas. Están también los condominios y viviendas de lujo, los hoteles y posadas, así como «otros tipos de ocupación que promueven la supresión de la cobertura nativa», dijo Hirota.
Un estudio del municipal Instituto Pereira Passos indica que la mitad de las 750 favelas de la ciudad, en las que viven 1,5 millones de habitantes, duplicaron su tamaño entre 1999 y 2004.
Apretada entre los cerros y el mar, la ciudad y sus favelas, pero también sus mansiones y sus barrios de clase media, crecen hacia la selva.
Hirota cree que se necesita concienciar a la gente «que vive en las áreas urbanas» sobre la «importancia de proteger la floresta nativa».
Además, hay que planificar la expansión urbana y establecer un «control sistemático del poder público con la participación de la sociedad», afirmó.
Para Ramos, del CESC, sin fundar «una cultura ambiental» el muro no servirá de nada.
Muchos gobiernos cariocas intentaron sin éxito reforestar las laderas de las favelas sumando incluso a su población.
Hay otros problemas infranqueables: Brasil tiene un déficit de ocho millones de viviendas, que padecen sobre todo tres estados del sudeste: Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais.
«Cuando el gobierno decide construir un muro es porque no quiere invertir por ejemplo en casas populares», dijo para este artículo el diputado estadual Marcelo Freixo, del opositor Partido del Socialismo y Libertad.
Freixo cree que el muro «es un verdadero absurdo», mediante el cual «una vez más el gobierno dice que las favelas son un problema».
Su propósito es «controlar a las comunidades pobres» y exhibir ese control a la «zona sur» de la ciudad, donde viven las clases media y alta, para quienes, en definitiva, «gobiernan» las autoridades.
* Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org). Excluida la publicación en Italia. Publicado originalmente el 6 de junio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
