POLÍTICA-PERÚ: La herencia maldita

Keiko Sofía Fujimori, que se propone competir por la presidencia de Perú, afronta severas dificultades para demostrar que su padre, quien gobernó este país de 1990 a 2000, no usó fondos públicos para solventar sus estudios y los de sus tres hermanos en universidades de Estados Unidos.

Keiko Fujimori en campaña Crédito: Gentileza del diario La República
Keiko Fujimori en campaña Crédito: Gentileza del diario La República
La legisladora, hija de Alberto Fujimori y que fungió como primera dama tras la separación de sus padres, ha ofrecido distintas versiones sobre el origen de ese dinero que, según ella, sumó 556.000 dólares.

En conferencia de prensa en la sede del Congreso, aseguró que su padre tenía una fortuna superior al millón de dólares, con la que largamente pudo cubrir la pensión de sus vástagos, Keiko Sofía, Hiro Alberto, Sachi Marcela y Kenya Gerardo, en las universidades de Boston, Columbia y Kansas.

Keiko Fujimori, quien ha prometido que si llega al gobierno indultará a su padre condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, argumenta que son tres fondos por un total de poco más de 1,2 millones de dólares lo que su familia poseía, largamente suficiente para pagar los estudios suyos de sus hermanos en universidades estadounidenses.

Detalló que dicho fondo está compuesto por 400.000 dólares que tenía la familia cuando su padre llegó al gobierno en 1990, más los 150.000 dólares que le prestó su tía, Rosa Fujimori, y los 669.000 dólares que cobró por la venta de un terreno en el distrito de Surco, en 1999.
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Sin embargo en 2001, cuando el entonces presidente fue investigado por enriquecimiento ilícito, las comisiones parlamentarias a cargo de esa tarea concluyeron que su movimiento bancario no registraba ahorros por 400.000 dólares y mucho menos ingresos que justificaran dicho monto.

Además, determinaron que el préstamo de 150.000 dólares de su hermana Rosa fue entregado de inmediato a su ministro de Transporte y Vivienda, Antonio Páucar Carbajal y, por lo tanto, no ingresó a ninguna cuenta bancaria de universidad estadounidense alguna.

Por otra parte, un peritaje ordenado en 2003 por el vocal supremo José Luis Lecaros, quien abrió el proceso por enriquecimiento ilícito, reveló que los 669.500 dólares que Fujimori cobró por la venta de una propiedad tampoco tuvieron como destino las universidades de Boston, Columbia o Kansas.

En ese trámite judicial se señala que de esa cifra, 214.750 dólares quedaron en poder de Fujimori en efectivo y que 167.376 los depositó Keiko Fujimori en una cuenta privada de Citibank en Nueva York y que luego retiró el dinero en 2001, cuando ella y sus hermanos ya habían finalizado sus estudios.

Además, el estudio contable determinó que el dinero que originalmente estaba destinado al financiamiento de los estudios de dos de sus hijos, Hiro y Kenya Fujimori, por un total de 167.376 dólares, los cobró en la sucursal del Banco do Brasil de Panamá su tío político, el ex embajador en Japón Víctor Aritomi Shinto, esposo de Rosa Fujimori.

"Está debidamente probado que los beneficiarios no usaron el dinero para solventar sus estudios en el extranjero", concluyen los peritos de la Corte Suprema de Justicia.

"Se trata de una campaña de descrédito que se inició desde que las encuestas me ubican primero en las preferencias electorales para la presidencia", se defendió Keiko Fujimori. "Todo está debidamente probado: mi padre tenía más de un millón para cubrir los gastos de estudios y de mis hermanos por 556.000 dólares".

En el proceso judicial contra Alberto Fujimori por enriquecimiento ilícito, en el que el caso del financiamiento de los estudios de sus cuatro hijos es uno de los 29, se truncó porque el ex presidente se encontraba refugiado en Japón, a donde huyó aprovechando su doble nacionalidad luego de que fuera destituido por el Congreso legislativo.

Cuando las autoridades judiciales peruanas enviaron el cuadernillo de extradición a la Corte Suprema de Justicia a Chile, a donde había finalmente viajado y donde fue arrestado, el referido a enriquecimiento ilícito fue desestimado, de manera que Fujimori no puede ser procesado por dicho caso.

Sin embargo, cuando se hicieron las investigaciones en el Congreso, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, Keiko Fujimori no era legisladora ni mucho menos candidata a la presidencia de Perú.

"Pero ahora sí se justifica", dijo a IPS la ex presidenta de una de las comisiones investigadoras, la ex diputada Anel Townsend.

"Keiko Fujimori es candidata a la presidencia, en consecuencia corresponde que aclare el origen de los fondos con los que financió sus estudios en la Universidad de Boston", indicó.

Townsend señaló que la comisión parlamentaria que investigó el caso determinó que el dinero que recibió Fujimori por la venta de un inmueble no se dirigió a las universidades estadounidenses porque, de los cuatro hijos, prácticamente tres ya se habían graduado. Además, los movimientos bancarios no indican transferencias de pago a cuentas de las universidades", apuntó.

El ex presidente de la segunda comisión investigadora, el diputado David Waisman, recordó que el informe final de su grupo de trabajo encontró indicios de que, incluso, la operación de compra y venta de la propiedad de Fujimori fue simulada.

"Fujimori estaba preocupado por lo que decía la prensa sobre el origen del dinero con que pagaba los estudios de sus hijos en Estados Unidos", explicó Waisman a IPS.

"Entonces organizó un esquema para justificar los fondos que se usaron para ese fin. De hecho, existe una declaración del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos en ese sentido", añadió.

"Montesinos (encarcelado por delitos de corrupción y violación a los derechos humanos, entre otros) ha manifestado que Fujimori le pidió dinero para simular la compra de la propiedad y que para dicho fin fueron convocados un grupo de empresarios que se prestaron a la operación. Los peritos de la Corte Suprema de Justicia confirmaron que se trató de una compra ficticia", afirmó.

Waisman se refirió a la declaración que Montesinos formuló ante la comisión Alvarado, el 25 de abril de 2002. El ex asesor de Inteligencia de Fujimori señaló entonces que "el pago (de los estudios) de los hijos se hizo con dinero en efectivo que yo le entrega a él (Fujimori), después él (Fujimori) simuló la venta de la casa (…) con unos supuestos compradores (…), se hizo una venta ficticia".

Sin embargo, Keiko Fujimori insiste en que fue con la venta de la propiedad por con lo que su padre cubrió los gastos universitarios de ella y sus hermanos.

Portavoces de la oposición en el Congreso, entre ellos Carlos Cánepa, de Unión por el Perú, Freddy Otárola, del Partido Nacionalista, y Yohnny Lescano, de la Alianza Parlamentaria, afirman que la investigación le corresponde al Ministerio Público, pero no descartaron que una comisión parlamentaria se encargue del asunto, considerando la condición de legisladora de Keiko Fujimori.

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