La chilena Gabriela, de 32 años, celebra la nueva ley que equipara los sueldos de hombres y mujeres que ejercen la misma función. Pero su experiencia de discriminación laboral le impide ser demasiado optimista sobre la aplicación de esta inédita norma.
El 20 de este mes, el parlamento de Chile aprobó de forma unánime la ley sobre brecha salarial, que incorpora al Código del Trabajo el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres.
Al día siguiente, en su tradicional cuenta pública en la sede del Poder Legislativo, la presidenta socialista Michelle Bachelet aplaudió a los congresistas por el despacho de esta iniciativa legal.
"El proyecto de brecha salarial va a promover algo muy sentido por todos y todas: que hombres y mujeres de nuestra patria por igual trabajo reciban igual salario", enfatizó la mandataria, quien promulgará la ley en breve.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, las trabajadoras chilenas ganan en promedio 31,1 por ciento menos que los hombres, proporción que se eleva a 49,8 por ciento en el caso de las mujeres profesionales, de acuerdo a cifras de la Dirección del Trabajo.
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El texto legal establece que "el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad".
Los trabajadores y trabajadoras que se sientan víctimas de discriminación salarial deberán recurrir primero por escrito y con razones fundadas al empleador, que está obligado a responder de la misma forma en un plazo máximo de 30 días, conforme al procedimiento que las empresas deberán establecer en sus reglamentos internos.
Si la persona empleada no queda conforme, puede acudir a los tribunales.
Este proceso se verá facilitado con la nueva justicia laboral, que estará vigente en todo el país el 30 de octubre. Se trata de un sistema oral, público y rápido, que incluye defensa profesional y especializada para trabajadores de menores recursos y que se está instaurando de forma gradual desde marzo del año pasado.
Presentado por nueve legisladores y una legisladora en julio de 2006, y apoyado fuertemente por el gobierno de Bachelet, el proyecto de brecha salarial es inédito en América Latina, explicó a IPS la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Laura Albornoz.
Hay experiencias similares en Québec, Canadá, y en la Unión Europea, pero no se conocen leyes aprobadas en nuestra región que sancionen la brecha salarial como lo hará Chile, puntualizó Albornoz, presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Gabriela, que pidió ser identificada con ese nombre ficticio, trabaja como jefa de proyectos en una empresa trasnacional latinoamericana con sucursales en Chile.
Aunque lleva menos tiempo en la empresa que los demás jefes de área, todos hombres, esta profesional con experiencia en recursos humanos dijo sentirse víctima de discriminación, no sólo en el ámbito salarial, por el hecho de ser mujer.
"Los demás jefes ganan más del doble que yo, tienen libertad horaria y de trabajo en terreno. Les dan mayor presupuesto para su trabajo, les facilitan teléfonos celulares, les arriendan autos. A mí no me invitan a las reuniones con los proveedores y cuando lanzan proyectos nuevos no me avisan. Pero como soy jefa, tengo que rendir cuentas igual, pese a todos estos obstáculos", dijo a IPS.
Por eso Gabriela saludó la ley. Sin embargo, teme que las empresas busquen cualquier resquicio para no cumplirla. Uno de los principales problemas, sostuvo, es la falta de organigramas que especifiquen cargos, funciones y remuneraciones.
En general, la única forma de comparar sueldos entre colegas que realizan la misma función es a través de conversaciones informales. Pero, como se trata de una materia delicada, no siempre hay apertura para hablar, observó.
Para resolver este aspecto, la nueva ley obligará a las firmas con más de 200 trabajadores y trabajadoras a crear un registro que transparente sus cargos, funciones y características técnicas esenciales. Pero las pequeñas y medianas empresas, que generan 80 por ciento del empleo en el país, quedarán eximidas.
Por esta razón, el Sernam iniciará en los próximos días un programa de apoyo a la creación de organigramas y definición de perfiles dentro de esas empresas de menor tamaño.
Albornoz recordó, además, que el 20 de abril comenzó a regir la ley de acceso a la información pública que transparentó, entre otras cosas, los sueldos de todas las autoridades y trabajadores contratados por el Estado.
El papel de los sindicatos también puede ser crucial, puesto que la ley los autoriza a presentar denuncias por incumplimiento del principio de igualdad de remuneraciones.
Aunque la tasa de sindicalización en Chile es baja, la ministra destacó que en 2008 creció 28 por ciento entre las trabajadoras mujeres y sólo cuatro por ciento entre los varones, lo que puede considerarse una señal positiva.
A modo de incentivo, las empresas que cumplan a cabalidad esta legislación podrán pedir una rebaja de 10 por ciento del monto que deban cancelar por otras multas laborales cursadas, salvo que se trate de prácticas antisindicales o atropellos a los derechos fundamentales.
"Estamos contentas con la aprobación de la ley, porque entre los ámbitos donde se manifiesta claramente la discriminación hacia las mujeres en Chile están precisamente la inserción al mercado laboral y los niveles de sueldos", dijo a IPS la presidenta de la no gubernamental Corporación Humanas, Lorena Fries.
"Creemos, además, que es un paso que puede generar otro tipo de cambios, que apunten a una mayor co-responsabilidad del sector privado. En condiciones de igualdad de sueldos, en un momento de crisis como el actual no serían las mujeres las primeras 'expulsables' a sus casas, sino que el costo se podría distribuir entre hombres y mujeres", agregó.
Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, también valoró la ley como un gran avance. Pero "se va a tener que ver caso a caso y paso a paso", dijo al diario La Nación.
"Por ejemplo, en algunas empresas dos personas tienen cargos distintos, pero hacen el mismo trabajo. Ahí habrá que ver cómo se demuestra la discriminación. Así también cuánto poder negociador tiene una mujer —a la que se le paga menos— con su jefe para pedir igualdad salarial o llevarlo a tribunales", sostuvo.
Fries reconoce como "un déficit" que la ley no obligue a las pequeñas y medianas empresas a tener organigrama, pero recalca que la normativa, sin ser perfecta, "establece un cierto piso del que a futuro va a ser imposible echar pie atrás".
Además del cumplimiento de las empresas, la ministra Albornoz espera que el principio de igualdad de remuneraciones se transforme en un estándar exigido por los consumidores.
Chile tiene una de las tasas de participación laboral femenina más bajas de América Latina: 41,6 por ciento en 2008.
Precisamente entre los factores esgrimidos por las chilenas para no ingresar al mundo laboral están los bajos sueldos que perciben, según consignó el segundo Barómetro Mujer y Trabajo 2009, difundido el 23 de abril por ComunidadMujer, una organización privada sin fines de lucro.
Detrás de la brecha salarial, hay erróneas creencias culturales que suponen que la mujer es menos productiva y que trabaja por un salario para que la familia cuente con un "segundo ingreso". Pero en Chile las trabajadoras son el principal sustento de 31,5 por ciento de los hogares.
Más aún, "la eliminación de la brecha de ingresos en razón de género en Chile podría implicar una reducción de ocho por ciento de la extrema pobreza y un aumento de dos por ciento en el ingreso por persona promedio", según un estudio del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, elaborado con el Sernam.
