«Me doy cuenta de que los inmigrantes son el origen de muchos problemas», señala Maria Nafpliotou, empleada de un comercio de música en el centro de la capital griega. «A nadie le gusta verlos por aquí, pero dudo de que matarlos sea la solución».
Nafpliotou observaba la manifestación convocada a mediados de este mes por la organización de extrema derecha "Comités de residentes contra la invasión de extranjeros en nuestro país" en la plaza Omonia.
Cientos de manifestantes izaron el pabellón patrio, pusieron música de Richard Wagner, emulando a los nazis, y cantaron consignas radicales. "Sangre, honor, aurora dorada" fue una de ellas. Aurora Dorada es una de las organizaciones fascistas más conocidas de este país.
Los participantes atacaron a extranjeros, periodistas y a cualquiera que se atreviera a cuestionar la manifestación.
La policía mantuvo una actitud pasiva frente a la manifestación y a la contra-marcha, convocada por izquierdistas, llamando a la calma de tanto en tanto a la multitud enardecida.
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Este tipo de manifestación no es común en Atenas y podría considerarse un hecho aislado si no fuera por las señales de xenofobia que se han ido sumando en los últimos meses en este país.
En el último mes, hubo varias agresiones contra inmigrantes en el centro de Atenas, en especial contra la comunidad pakistaní.
"El debate sobre la crisis en la que está derivando la inmigración se da en un ambiente cada vez más negativo", indicó Spyros Rizakos, representante legal de la organización no gubernamental Aitima, con sede en Patra, 250 kilómetros al oeste de Atenas.
Miles de refugiados de Afganistán y Somalia viven en esa ciudad en condiciones inhumanas.
"Nadie habla de que miles de personas se ven obligadas a vivir en condiciones tan abyectas, ni de la responsabilidad del Estado", subrayó Rizakos a IPS.
"No implementamos las disposiciones europeas sobre recepción e integración de inmigrantes y excluimos de manera efectiva a la mayoría de las personas que solicitan asilo. Este país es literalmente un taller de exclusión social de extranjeros", añadió.
La violencia social que se instaló en Atenas desde los disturbios de diciembre, tras la muerte de un adolescente a manos de la policía, llevó a las autoridades a ser menos respetuosas de los derechos humanos, remarcó Rizakos.
La conexión establecida por la prensa en los últimos meses entre la llegada de miles de inmigrantes y un aumento de la criminalidad en las zonas de la capital donde se instalan preparó el terreno para el endurecimiento de las medidas de control.
"La verdad es que la situación en la ciudad se ha deteriorado enormemente en los últimos meses", dijo a IPS Georgia Dusia, activista de derechos humanos de la organización Red para los Derechos de los Refugiados.
"A veces nos cuesta aceptar la realidad por nuestra simpatía y nuestra actitud favorable a los inmigrantes, pero es mejor tomar conciencia y reconocer lo que ocurre. Hay zonas de la ciudad que quedan excluidas de la sociedad. La gente tiene miedo, los políticos capitalizan la situación y hay que encontrar una respuesta", explicó.
El Ministerio de Interior anunció el traslado de miles de inmigrantes irregulares a centros de detención. Muchos ocupantes de edificios abandonados de Atenas serán llevados a una base militar en desuso ubicada en Aspropirgos, al oeste de la capital.
Muchos afganos abandonaron un campamento provisorio cerca de la ciudad portuaria de Patras tras el anuncio de que iban a ser trasladados a un lugar "cerrado" con guardia policial las 24 horas del día.
Además, representantes de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, la marina mercante, la policía y la guardia costera, decidieron en una reunión de emergencia crear un nuevo organismo de coordinación para proteger las fronteras.
Una de sus primeras medidas será encomendar al ejército que detenga a los inmigrantes y refuerce el control fronterizo para evitar que ingresen al territorio griego. La iniciativa insumirá unos 200 millones de euros (unos 270 millones de dólares) hasta 2013. El fondo de la Unión Europea para equipamiento policial y nuevas tecnologías aportará 148 millones de euros (más de 199 millones de dólares).
