Thuraya Judi Al-Wazir, una de las pocas juezas de la Autoridad Judicial Palestina, relata cómo es trabajar en un ámbito dominado por hombres y lidiar con casos de asesinato por honor y violencia doméstica. También opina sobre la pena de muerte en Cisjordania.
Thuraya Judi AlwazirCrédito: Mel Frykberg/IPS De madre libanesa y padre palestino, Al-Wazir nació en Líbano, estudió derecho en Jordania e hizo una maestría en la estadounidense Universidad de Yale.
Al-Wazir trabajó como abogada en Jordania antes de mudarse al territorio palestino de Gaza hace 12 años, después de casarse con Jihad Al-Wazir, gerente general de la Autoridad Monetaria de Palestina.
Jihad es hijo de Jilal Al-Wazir, o Abu Jihad, uno de los fundadores de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), asesinado por los israelíes en 1988 en Túnez.
Thuraya Judi Al-Wazir trabajó primero en varios proyectos del Banco Mundial destinados a unificar los sistemas legales de Gaza y Cisjordania. También fue abogada y consultora. En 2002 fue nombrada jueza del tribunal de conciliación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
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IPS: ¿Qué responsabilidades conlleva su cargo actual?
THURAYA ALWAZIR: Integro un tribunal de tres jueces en Ramalah que se encarga de casos civiles. No nos ocupamos de casos penales, éstos entran dentro de una jurisdicción diferente.
Además presido la unidad de gestión de proyectos y planificación de la Autoridad Judicial Palestina. En ese cargo manejo todo tipo de casos, de conciliación, penales, comerciales, entre otros.
IPS: ¿Puede explicar la crisis dentro de la ANP y la integración actual del Poder Judicial?
TA: La ANP tiene los tres poderes separados, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que hoy cuenta con 180 jueces, entre los cuales hay 21 mujeres. También hay dos juezas en la Alta Corte de Justicia, una en Gaza y otra en Cisjordania. El resto se distribuyen en los tribunales de distrito y de conciliación.
IPS: La Autoridad Judicial se ha esforzado por aumentar la cantidad de juezas en los últimos años. ¿Por qué?
TA: La decisión tuvo que ver con la acumulación de casos por problemas políticos, la ocupación israelí, la segunda Intifada (levantamiento popular palestino) y las luchas intestinas entre Hamás (acrónimo árabe de Movimiento de Resistencia Islámica) y (el partido laico) Fatah, que comprometieron seriamente al sistema judicial.
Ahora que los tribunales funcionan a pleno, el retraso se exacerbó por un aumento significativo de nuevos casos debido a una mayor credibilidad de la población en nuestro sistema judicial.
Y También porque muchos donantes internacionales de la ANP han promovido una mayor participación femenina en todos los ámbitos administrativos y de gobierno, incluida la justicia. Con ese fin patrocinaron numerosos programas mediante instituciones civiles que aumentaron la presencia de mujeres.
IPS: ¿Como mujer, usted experimentó prejuicios en una sociedad patriarcal? ¿Sintió que tuvo que demostrar sus capacidades frente a sus compañeros varones?
TA: Sí, de alguna manera pienso que es más difícil. Algunos sectores sociales tienden a juzgar a las juezas por su apariencia y dudan de su capacidad para ejercer su función.
Pero Palestina fue el primer territorio árabe en designar juezas en los años 70. Además, el prolongado conflicto político por las distintas ocupaciones, desde hace tiempo puso a las palestinas a la par de los hombres en la lucha por la libertad y la independencia.
Las mujeres se vieron obligadas por las circunstancias a asumir papeles tradicionalmente reservados a los hombres, muchos de los cuales fueron asesinados y detenidos por los israelíes. La equidad de género no es algo nuevo.
Además, la Autoridad Judicial tiene una política de equidad de género y muchas familias tratan de brindar la misma educación a sus hijas que a sus hijos. Por supuesto, cuando la pobreza es endémica, los hombres tienen prioridad debido a la concepción tradicional de que son el sostén de la familia.
IPS: Cisjordania se rige por el Código Penal jordano y Gaza por el egipcio. Eso llevó a que los castigos impuestos a algunos acusados de asesinato por honor o de violencia doméstica fueran más suaves. La violación no se reconoce como un delito dentro del matrimonio ni hay leyes específicas sobre violencia doméstica. ¿Hay cambios previstos al respecto?
TA: Hace varios años se envió un proyecto de Código Penal al Consejo Legislativo, responsable de hacer cambios a la legislación. Pero como está integrado por miembros de Hamás y de Fatah, dejó de funcionar por las disputas entre ellos.
El proyecto no basta. Se necesitan refugios y más asistencia legal para las mujeres. Pero eso queda fuera de las competencias de la Autoridad Judicial y debe ser promovido por la sociedad civil y las organizaciones femeninas y luego ser aprobado e implementado por el Consejo Legislativo, cuando vuelva a funcionar.
IPS: ¿Qué posibilidades hay de que haya una reforma en el sistema judicial a corto plazo ante la presunta incapacidad de Hamás y de Fatah de reconciliarse?
TA: Sin reconciliación no funciona el Consejo Legislativo. Cuando Hamás se arrogó el control de Gaza en junio de 2007, la justicia de la ANP siguió funcionando allí, pero los códigos penales de Cisjordania y Gaza no se integraron.
Tampoco hubo cooperación entre las fuerzas de seguridad de Hamás y el sistema judicial de la ANP, lo que hizo imposible la realización de juicios civiles.
Hamás montó su propio sistema legal contraviniendo el sistema judicial independiente y sus leyes. Ahora ambos sistemas judiciales operan de forma independiente.
IPS: Organizaciones de derechos humanos internacionales se mostraron preocupadas por la cantidad de palestinos condenados a muerte. ¿Qué posición tiene al respecto?
TA: La pena de muerte fue abolida por una orden militar de Israel durante los años 70, cuando controlaba la justicia en Cisjordania. Los tribunales civiles y penales no pueden implementarla. Las condenas existentes fueron dictadas por tribunales militares de la ANP.
Eso es un problema. Queremos restringir la jurisdicción de los tribunales militares y llevar el proceso de civiles culpables de traición y de otros delitos pasibles de ser castigados con la pena capital a la órbita civil.
El presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, quien controla Cisjordania, tiene entre manos un proyecto de ley en ese sentido.
De hecho, se está discutiendo reintroducir la pena de muerte en la justicia civil de acuerdo con nuestras creencias islámicas, lo que cuenta con el respaldo de numerosos líderes religiosos. No le corresponde a la comunidad internacional imponernos su sistema de valores.
IPS: ¿Usted se considera un modelo para la próxima generación de mujeres palestinas? ¿Qué cree que habría que hacer para promover la inclusión de más mujeres en el sistema judicial de Palestina?
TA: Espero ser un modelo para las mujeres más jóvenes. Creo que el Consejo Judicial debe crear programas especiales para iniciar a las jóvenes. También debe respaldar y ayudar a las abogadas.
