Representantes de los 370 millones de indígenas del mundo, reunidos en la sed neoyorquina de la ONU, reclaman a los gobiernos que prohíban a las corporaciones de petróleo y gas continuar realizando extracciones en sus tierras.
"Buena parte de la riqueza petrolera, gasífera y mineral sin explotar del mundo yace bajo tierras indígenas", dijo Victoria Tauli-Corpuz, presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que sesiona del 18 al 29 de este mes.
Tauli-Corpuz y otros dirigentes indígenas argumentan que las corporaciones privadas no tienen derecho a operar en territorios que pertenecen a sus comunidades, muchas de las cuales los consideran sagrados y, por eso, no explotables con fines de lucro.
En la conferencia en Nueva York se debate la necesidad de actuar contra los abusos corporativos y contra la explotación de recursos naturales en áreas indígenas.
Un informe presentado al foro de 16 miembros, creado en 2000 por el Consejo Económico y Social de la ONU, observa que la extracción de minerales, petróleo y gas, tienen un impacto desproporcionado en los pueblos originarios.
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Otros asuntos en la agenda del foro incluyen cambio climático, la región del Ártico y la tenencia de tierras.
Noventa por ciento de los participantes indígenas en un taller reciente aseguraron que las empresas mineras que operaban en sus territorios nunca les habían pedido permiso, indicó Tauli-Corpuz.
Los líderes nativos se remiten a las normas internacionales, incluso la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un documento histórico adoptado por la Asamblea General en septiembre de 2007.
La Declaración exige a gobiernos y corporaciones obtener el "consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas" para el uso de sus tierras y recursos. También requiere basar las negociaciones sobre el principio de igualdad entre las partes.
Muchas corporaciones acusadas de abusos en tierras nativas pertenecen a poderosas naciones de Occidente en general, y a Estados Unidos y Canadá en particular. Ninguno de esos países reconoce la Declaración. De hecho, votaron en contra cuando fue sometida a la Asamblea General de la ONU.
Sin embargo, diplomáticos estadounidenses en la ONU y han dado algunas señales de que el gobierno de Barack Obama reconsidera la posición de su antecesor, George W. Bush (2001-2009), y aprobaría la Declaración.
Activistas destacan que varios países han comenzado a elaborar políticas indígenas, en línea con el contenido de la Declaración. Australia, por ejemplo, adopta medidas para garantizar el derecho a la propiedad colectiva en las comunidades autóctonas.
En América Latina, Bolivia aprobó en referendo una enmienda constitucional que reconoce la autonomía de los pueblos indígenas, lo que les permite practicar la justicia comunitaria según sus tradiciones y proteger sus recursos.
Ecuador, por su parte, incluyó la Declaración en su nueva Constitución.
En otros países hay avances, según los representantes indígenas, entre los que identifican a Rusia, Namibia, Honduras, Suriname, Belice y Japón.
Pero todavía resta un largo trecho para convencer a gobiernos y corporaciones de asumir todas las responsabilidades incluidas en la Declaración.
"La Declaración es la estrella que guía la navegación en todas las cuestiones indígenas", dijo Carsten Smith, experto legal de Noruega que representa al pueblo saami del Ártico. "Desafortunadamente, hay una enorme brecha de implementación en el mundo."
Smith y otros representantes del Ártico intentan en el foro que el mundo le preste atención al cambio climático y a su devastador impacto sobre la vida y los medios de sustento de las comunidades nativas.
Tanto los expertos en cambio climático como en biodiversidad dicen que las comunidades originarias de todo el mundo son cada vez más vulnerables a los efectos del recalentamiento planetario.
Según ellos, el conocimiento tradicional indígena sobre la naturaleza y los ecosistemas es indispensable en esa materia.
Lars Anders Baers, del Consejo Saami, dijo el lunes a la prensa que era necesaria una rápida implementación de la Declaración, porque ahora muchos gobiernos y corporaciones tiene la mira puesta en la región ártica, la cual alberga alrededor de 40 por ciento de los recursos petroleros y gasíferos del mundo.
"Se está volviendo más accesible a la explotación debido al derretimiento de las plataformas de hielo inducido por el cambio climático", dijo Baer.
El experto mostró preocupación de que el conflicto de intereses económicos entre los países del Ártico cause más daño a las comunidades originarias.
"Como en la Guerra Fría, los pueblos indígenas se han convertido en los naipes de un juego político", agregó.
Al foro asisten más de 2.000 líderes aborígenes de todo el mundo, además de funcionarios gubernamentales, activistas de la sociedad civil y personal de varias agencias de la ONU.
