En 2008 se registraron en Chile avances en los juicios por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura (1973-1990), reconoció este jueves Amnistía Internacional. Pero alertó, a la vez, que se vulneran derechos de los aborígenes y de los participantes en protestas callejeras.
"Ha habido algunos avances, pero todavía siguen habiendo muy malas noticias", resumió Hernán Vergara, presidente de la Junta Directiva del capítulo chileno de Amnistía Internacional, al referirse al informe anual sobre derechos humanos elaborado por esta organización no gubernamental con sede central en Londres.
"En varios casos destacados (de atropellos a los derechos humanos cometidos por la dictadura del hoy fallecido general Augusto Pinochet) se produjeron resoluciones y novedades importantes", señala el capítulo dedicado a Chile, en el cual se especifica que 245 miembros de las fuerzas de seguridad de la época fueron condenados en 115 casos el año pasado.
En uno de esos juicios, Manuel Contreras, ex jefe de la represiva Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fue declarado culpable de los homicidios del ex comandante en jefe del ejército Carlos Prats González y de su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrados en 1974 en Buenos Aires mediante la detonación de una bomba colocada en el automóvil que los transportaba.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Sergio Muñoz, informó el 22 de este mes que 65 por ciento de las 369 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990 están en etapa de investigación en el antiguo sistema penal.
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El día 8, este máximo tribunal le encargó a Muñoz coordinar el trabajo de todos los magistrados a cargo de estos procesos a nivel nacional para agilizar las causas de derechos humanos.
La gran mayoría de los casos, 242, aún se encuentran en la primera etapa de sumario, detalló Muñoz, seis ya lo concluyeron, 23 están en la fase de plenario, un caso tiene sentencia de primera instancia, 52 se están viendo en la Corte de Apelaciones y 22 en la Corte Suprema. Otras 13 causas están archivadas y 10 sobreseídas.
Sin embargo, el apartado sobre Chile del informe presentado este jueves también apunta cuestiones negativas. "Las tensiones entre las autoridades y los pueblos indígenas —en especial la comunidad mapuche— siguieron siendo muy fuertes" en 2008, puntualiza.
Esto ocurre pese a que la presidenta de Chile, la socialista Michelle Bachelet, presentó en abril su política indígena denominada "Pacto Social por la Multiculturalidad, y que en septiembre se aprobó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.
Amnistía Internacional menciona dos hechos que ejemplifican el grado de conflictividad existente entre el gobierno y una parte del principal pueblo indígena del país.
Se trata de la muerte el 3 de enero de 2008 del estudiante mapuche Matías Catrileo a consecuencia de los disparos efectuados por un policía contra una protesta, y de la invocación de la ley terrorista, impuesta por la dictadura, contra tres estudiantes vinculados con la causa mapuche por parte de un fiscal en noviembre.
Asimismo, se señala que "continuó la expansión de la industria forestal y de extracción de recursos" en los territorios ancestrales indígenas, y "las reclamaciones sobre tierras no se resolvían con prontitud". "Siguieron denunciándose violaciones de derechos humanos", sintetizó Amnistía.
La organización también reitera en su informe las crecientes acusaciones sobre excesivo uso de la fuerza policial contra manifestantes y supuestos malos tratos infligidos a detenidos. Estas denuncias generalmente son vistas por la justicia militar, pero quedan impunes, se denuncia.
Un hecho emblemático en este sentido ocurrió el 21 de mayo del año pasado durante una manifestación social en Valparaíso, narra el grupo. En esa ocasión, un carabinero (policía) montado a caballo golpeó en la cara con un bastón de metal al fotógrafo Víctor Salas, de la agencia española de noticias EFE, que le provocó un a grave pérdida de visión. No se identificó al agresor.
Ante esta situación, el año pasado un grupo de abogados defensores de los derechos humanos y de organizaciones no gubernamentales, entre las que se cuenta Amnistía Internacional, lanzaron la campaña "¡Alto Ahí! Basta de violencia policial".
La realidad de las cárceles fue otro tema abordado por el informe, a propósito de la visita en agosto pasado del relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de las personas privadas de libertad.
El relator "observó en ellas algunas buenas prácticas, pero condenó el uso de fuerza excesiva en los castigos, un grado de hacinamiento sin precedentes en las prisiones estatales y la prestación inadecuada de servicios básicos en los centros de detención de menores", se recuerda en el texto.
Este mes, 12 presos murieron en dos semanas producto de un confuso incendio y una riña al interior de un penal capitalino. Asimismo, los trabajadores de gendarmería (guardias de prisiones) protagonizaron una huelga por mejoras laborales.
Los temas denunciados por Amnistía ya fueron tratados a principios de este mes por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde Chile rindió el llamado Examen Periódico Universal (EPU) por primera vez. De las 77 recomendaciones recibidas por los países, el gobierno aceptó 70.
Ante una consulta de IPS en una reunión con corresponsales extranjeros, Carolina Tohá, portavoz del gobierno de Bachelet, dijo que "los informes (de organizaciones de derechos humanos) tienen por objeto poner acento en los problemas", para que éstos sean enfrentados por los países.
"Nosotros vemos que hay un reconocimiento muy grande de que Chile ha tenido muchos avances, pero también de que hay problemas y nosotros nunca los hemos negado", acotó.
"En el tema indígena, por ejemplo, nosotros tenemos claro que nos costó muchísimo aprobar el Convenio 169 y, ahora que está aprobado y que el país tiene que ponerse al día con ese pacto, obviamente que también se van a producir dificultades", declaró Tohá.
De hecho esta semana se desató un debate en el país sobre el "Código de Conducta Responsable para Inversiones en Tierras y Áreas Indígenas", que entrará en vigor en septiembre en el marco del Convenio 169 de la OIT, el cual es resistido tanto por organizaciones indígenas como por el empresariado.
"A pesar de que se ha hecho una política social, que se ha visibilizado la temática indígena, Chile tiene una herencia bien complicada, histórica, con la que tiene que vivir y que tiene que enfrentar y que no puede eludir", enfatizó la ministra secretaria general de gobierno.
"Lo mismo pasa con las mujeres y con el tema carcelario, evidentemente", apuntó la ex diputada Tohá.
De todas maneras, la presidenta Bachelet, en su visita a Holanda el lunes y este martes, declaró que "en Chile no hay presos políticos mapuches". "Nadie está encarcelado (en Chile) porque tenga una ideología determinada o porque sea parte de una etnia originaria", como plantean las comunidades.
"Si una persona quema la casa de un vecino va a la cárcel sea mapuche o no porque se trata de un delito. No estamos hablando de planteamientos legítimos que se hacen en forma pacífica. La diversidad es algo muy importante en un país, pero debe manifestarse por la vía democrática", sostuvo la mandataria.
Respecto de las crecientes denuncias de abuso policial contra manifestantes, Tohá señaló que las autoridades políticas y las fuerzas de seguridad siempre tratan de prevenir desmanes, pero "a veces las cosas se salen de control y hay violencia" de ambos lados.
Tohá concluyó diciendo que el en el gobierno "somos bien respetuosos del mensaje que mandan estos informes (como el de Amnistía), lo vamos a procesar y tomar seriamente. En esto no nos sentimos agredidos porque haya observaciones a Chile".
Este viernes, Amnistía Internacional Chile presentará la nueva campaña mundial de la organización denominada "Exige dignidad", que pretende centrarse en la violación de los derechos sociales, económicos y culturales que generan y agudizan la pobreza.
