Desde la comodidad de su casa en un apacible barrio del estado de Maryland, cerca de la capital estadounidense, el ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada sigue el juicio que se sustancia en su país por la muerte de por lo menos 60 personas a manos de la represión que ordenó en 2003.
Sánchez de Lozada, quien gobernó Bolivia entre 1993 y 1997 y de 2002 a 2003, es el gran ausente de los tribunales en esta instancia, que desde el comienzo estuvo signada por la recusación a jueces por parte de acusados.
Junto a sus ex ministros Carlos Sánchez, de Defensa, y Carlos Berindoague, de Energía, este empresario y político derechista, educado en Estados Unidos y que habla inglés mejor que el español, huyó la madrugada inmediata a su derrocamiento hacia ese país, donde obtuvo refugio sin dificultades gracias a su fluida relación con el gobierno de entonces de George w. Bush.
La tarde del 17 de octubre de 2003 finalizaba su segundo mandato, de modo abrupto, ante la insostenible presión de indígenas, campesinos, sindicatos y partidos de izquierda opuestos a sus planes de exportar gas natural hacia América del Norte a través de un puerto chileno y con amplísimos beneficios para las firmas transnacionales a cargos de explotar entonces ese combustible.
Atrás quedaban semanas de levantamiento popular y en particular los últimos seis días de manifestaciones con epicentro en El Alto, contigua a La Paz, reprimidas a sangre y fuego por la policía y militares con un saldo de más de 60 personas muertas y centenares de heridos, según organizaciones de derechos humanos. Quedó en la memoria popular como la guerra del gas.
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Los tres ex funcionarios y otros seis ex ministros también fugados del país, todos señalados como los responsables políticos por el uso de la fuerza indiscriminada para aplacar la protesta, han sido declarados en rebeldía por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó su captura internacional y prepara los trámites para extraditarlos.
Los contratiempos en la fase de investigación y acumulación de pruebas no restan valor a la apertura del proceso y reafirman los principios democráticos contra la impunidad, opinaron dos abogados consultados por IPS.
Por el momento el máximo tribunal boliviano instalado en Sucre, la capital del país ubicada 740 kilómetros al sudeste de La Paz, sólo podrá enjuiciar a los ex ministros Adalberto Kuajara, de Trabajo, Erick Reyes Villa, de Desarrollo Sostenible, y Dante Pino, de Finanzas, quienes se presentaron voluntariamente.
A ellos se sumaron los jefes militares de entonces, Roberto Claros, de las Fuerzas Armadas, José Quiroga, de la fuerza aérea, Juan Véliz, del ejército, Luis Arandia, de la armada, y Alberto Rocabado, del Estado Mayor.
Todos enfrentan acusaciones por "genocidio, masacre sangrienta, lesiones gravísimas, allanamiento de domicilio, vejaciones, torturas, atentado contra la libertad de prensa, privación de libertad y resoluciones contrarias a la Constitución".
Casi seis años después de los hechos y tras vencer una dilatada cadena de argumentos y recursos legales interpuesta por los presuntos responsables de la represión, la fiscalía y un comité de familiares de los 60 muertos y unos 200 heridos han logrado la instalación del proceso.
Con paradero desconocido, el ministro de Gobierno, Yerko Kukoch, es otro de los ex funcionarios que conoce los entretelones de los días de crisis en Palacio de Gobierno, con sede en La Paz.
El ex ministro de Desarrollo Económico, Jorge Torres, logró el asilo del gobierno peruano de Alan García, mientras sus ex colegas del gabinete, Javier Torres y Mirtha Quevedo esperan igual beneficio en ese país vecino. Todos se declararon perseguidos políticos del gobierno de su país, conducido por el indígena izquierdista Evo Morales.
Meses atrás también abandonó el país con destino a España el ex ministro de Educación Hugo Carvajal, mientras el ex titular de Asuntos Campesinos, Guido Añez, fue otro que buscó refugio en Estados Unidos.
El procedimiento para los juicios de responsabilidades señala que cada uno de los encausados debe responder por sus acciones y, por lo tanto, se aguardará su detención y traslado hasta la ciudad de Sucre para su enjuiciamiento.
Aún a pesar de los tropiezos, la apertura del juicio es el segundo más importante, después del ventilado en los años 90 contra el ex dictador general Luis García Meza (1980-1981), quien fue condenado en rebeldía a 30 años de prisión por haber perpetrado un golpe de Estado y ser responsable de la desaparición forzada y muerte de políticos opositores.
Actualmente García Meza alterna su permanencia entre la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro y un hospital militar de La Paz por su avanza edad y problemas de salud usados como argumentos para prolongadas salidas del recinto penitenciario.
El ex dictador se presentó a declarar en la primera fase del juicio y luego huyó. Una acción coordinada por la Policía Internacional (Interpol) logró ubicarlo en Brasil desde donde fue trasladado a La Paz, previo proceso de extradición por la vía diplomática, el 15 de marzo de 1995 y puesto tras las rejas el mismo día.
El abogado José Luis Gutiérrez, uno de los cinco impulsores de ese proceso, recuerda ese pasaje histórico que culminó con una sentencia y encarcelamiento del principal responsable del asalto al poder democrático y delitos contra los derechos humanos.
"La lucha contra la impunidad favorece a la democracia y estos juicios son una manera de profundizar y garantizar la democracia", comentó a IPS.
Casi desde el anonimato, Gutiérrez empujó el trámite del juicio contra García Meza y sus colaboradores, pero recuerda que otros procesos como el iniciado por el luego asesinado líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz (1931-1980) contra el ex presidente Hugo Banzer (1971-1978 y en democracia 1997-2001), quedaron inconclusos.
"El Estado debe mostrar, a través de sus diferentes instancias, su capacidad para esclarecer los hechos y las muertes de septiembre y octubre de 2003", dijo a IPS el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín.
Gutiérrez lamentó que la justicia no haya ofrecido señales de compromiso con la democracia para agilizar el proceso, y esa afirmación llega una semana después que la Cámara de Diputados suspendió de sus funciones al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Erick Fernández, por la demora en los pasos procesales en el juicio contra Sánchez de Lozada y otros casos relevantes de corrupción.
En opinión de Gutiérrez, la culminación del juicio de responsabilidades contra García Meza fue el resultado del compromiso democrático de Edgar Oblitas, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien hizo posible la sentencia contra el acusado y sus colaboradores, el 21 de abril de 1993, aplicando la condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Central Obrera Boliviana (COB), la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asofamd) y las familia del diputado desaparecido Carlos Flores y de Quiroga Santa Cruz acompañaron el proceso, recuerda Gutiérrez.
Ese juicio, que se extendió por ocho años, fue el una advertencia para otros militares tentados de tomar el poder por la fuerza de las armas. No fue un acto de venganza, sino una afirmación de que un acto similar debe merecer una sanción, expresó Albarracín. No fue un juicio a las Fuerzas Armadas sino a quienes la usaron para instalar un gobierno dictatorial que violó los derechos humanos, aclara Gutiérrez, aunque está convencido que hoy, junto a Sánchez de Lozada, se enjuiciaría a un poder económico que gobernó el país para sus intereses.
Durante su primer mandato, Sánchez de Lozada vendió la mitad de las acciones de seis empresas estatales, entre ellas la rentable petrolera, a un precio señalado como irrisorio de 1.600 millones de dólares, en el marco de una economía abierta a la inversión extranjera.
